Afectados por la hepatitis C: dos altos cargos ante el juez y una estrategia nacional con luces y sombras

El virus de la hepatitis C fue identificado por primera vez en el año 1989 por el investigador inglés Michael Houghton y su equipo. Cerca de 24 años después, en diciembre de 2013, la Agencia Estadounidense del Medicamento aprobó Sovaldi como el principal tratamiento para las personas portadoras. Fue, también, el inicio de una odisea para los afectados españoles que reclamaban ser tratados, y cuya lucha ha llevado a dos altos cargos de la sanidad gallega a comparecer ante el juez acusados de homicidio por imprudencia profesional grave.

En noviembre de 2014, Solvaldi comenzó a comercializarse en España, después de nueve meses de negociaciones entre el Ministerio de Sanidad y el laboratorio norteamericano. Lo hizo, sin embargo, a un precio considerablemente alto: la empresa farmacéutica Gilead fijó un importe 180 veces superior al de su producción.

El problema de precios vino ligado a las limitaciones en la dispensación de los fármacos, que únicamente eran cedidos a las personas con el virus en fase avanzada (F2, F3 y F4), pero no a aquellos que se encontraban en fase inicial (F0 y F1). Los afectados por la hepatitis C vieron, tras la aprobación de Sovaldi, cómo estos tratamientos tardaban meses en llegar o nunca llegaban.

Dos altos cargos acusados de homicidio

Las competencias del sistema sanitario español están transferidas a las comunidades autónomas, y por tanto en ellas recae la responsabilidad de dirimir la aplicación de los tratamientos. Para la toma de decisiones, las regiones emplearon unos comités de evaluación que decidían qué peticiones se atendían y cuáles se descartaban. Sin embargo, las restricciones y los retrasos en comunidades como Galicia provocaron la muerte de hasta seis personas. 

Ante esta situación, el colectivo gallego de médicos Batas Blancas decidió tomar cartas en el asunto y denunciar los fallecimientos de los pacientes desatendidos. Es ahí donde entró en juego la Plataforma Galega de Afectados pola Hepatite C, presidida por Quique Costas, quien señala en conversación con infoLibre que en ese momento el colectivo Batas Blancas puso sus casos, junto con otros documentados por la propia plataforma, en conocimiento de la Fiscalía de Santiago de Compostela.

Tras abrir diligencias, las conclusiones fueron claras: altos cargos de la Consellería de Sanidade fueron acusados de delitos de prevaricación y homicidio por imprudencia profesional grave. Se trata del ex director general de Asistencia Sanitaria y actual gerente del área sanitaria en Vigo, Félix Rubial, y de la subdirectora general de Farmacia, Carolina González-Criado. A finales de 2015 la denuncia llegó al juzgado de instrucción número tres de Compostela, que dictó un auto de incoación y abrió diligencias en las que, no obstante, sólo especificaba delito de prevaricación administrativa. Ni rastro de la acusación por homicidio.

En una primera declaración, los acusados únicamente comparecen por prevaricación y "el juez impide a la Fiscalía y a la representación legal realizar preguntas relacionadas con los presuntos delitos de homicidio", relata Costas. Es la Audiencia Provincial de A Coruña la que finalmente mueve ficha y en diciembre de 2016 pide investigar por homicidio a ambos cargos, desestimando el recurso de la Xunta que solicitaba el archivo de la causa. "Indica que hay que investigar la posible comisión de delitos de homicidio, y ordena al juez instructor que los cite para que declaren en calidad de investigados", señala Costas. Este miércoles ambos han comparecido en Santiago de Compostela.

Costas celebra los resultados de su lucha, pero reconoce un "sabor agridulce" porque las víctimas fueron rechazadas como acusación particular, y por tanto no han podido estar representadas "e interrogar a los dos comparecientes", algo que valora como carente de sentido.

Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, mantuvo durante todo el proceso una actitud de amparo ante sus altos cargos, quienes no han sido cesados porque, en palabras del presidente gallego, "cumplieron con su trabajo". "El comportamiento de Feijóo en este asunto es el comportamiento de un psicópata", subraya Costas, quien censura que el conservador, "igual que otros cargos de la Consellería de Sanidade, manifiesta siempre su absoluta falta de empatía por las víctimas".

Feijóo, además, no titubeó al calificar de "indigna" la denuncia presentada en un inicio por el colectivo médico. "Parece que las víctimas se clasifican en víctimas políticamente rentables y víctimas políticamente molestas", lamenta Costas. "Las nuestras, junto a otras como las del Alvia, son molestas", concluye.

Además de la gallega, no existe en la actualidad ninguna otra causa judicial abierta respecto a la lucha de los afectados por la hepatitis C. En mayo de 2015, el Tribunal Supremo archivó la querella presentada por la plataforma estatal contra la exministra de Sanidad, Ana Mato, al considerar que los hechos denunciados –omisión del deber de socorro–, no eran "constitutivos de ilícito penal".

Plan Estratégico Nacional

En febrero de 2015 el Ministerio de Sanidad presentó su Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C, por el que se garantizaba el acceso prioritario a los pacientes que sufrieran una fibrosis hepática significativa, es decir, los que se encontraran entre los grados F2 y F4. Para pagar estos tratamientos, no obstante, el Gobierno no reservó un fondo específico, sino que se encargó al Ministerio de Hacienda poner a disposición de las comunidades préstamos a un bajo interés –de entre el 0% y el 1,2%– a devolver en 10 años.

El pasado 7 de febrero, la actual ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, anunció que un total de 66.777 personas recibieron un tratamiento antiviral de última generación entre los años 2015 y 2016. Días antes, el secretario General de Sanidad, Javier Castrodeza, señaló que la inversión requerida ha sido de 1.040 millones de euros en 2015 y "unos 600 millones" en 2016. Asimismo, se estima que alcanzará los 200 millones en el presente ejercicio.

Mario Cortés, expresidente de la plataforma estatal de Afectados por la Hepatitis C, aporta una visión optimista al valorar como un "logro muy grande" la puesta en marcha del plan nacional. "Es muy positivo" que exista una estrategia encaminada a solventar la situación, pero, recalca, "lo importante ahora es que se cumpla".

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Esther Mate, presidenta de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C en Salamanca, expone en declaraciones a este diario las tareas pendientes tras los dos primeros años del plan. Las principales exigencias reclaman la inclusión de las fases F0 y F1 en la estrategia, que se contemple un presupuesto adecuado y que se tenga en cuenta un cribado que analice la prevalencia del virus. "Cuando haces un plan nacional –señala Mate– lo primero que tienes que saber es la prevalencia, el número de personas enfermas de esa patología, y a partir de ahí desarrollas el plan y lo dotas del presupuesto adecuado". 

"Aquí se empezó la casa por el tejado", continúa la portavoz, quien sin embargo celebra que el Gobierno "se haya dado cuenta de que un estudio de prevalencia es fundamental". Sanidad anunció a finales de enero la elaboración de un estudio que se desarrollará sobre una muestra de 8.800 personas en el primer semestre del año, con el fin de conocer la prevalencia real en el país. Asimismo, relata Mate, los afectados "esperan que desde el ministerio doten al plan de un presupuesto realista" capaz de asumir los costes de "comprar tratamientos, hacer prevención y pagar los estudios en marcha".

Mate reclama, por otro lado, que se aborde la incidencia del virus en la población infantil, en la migrante – "muchos provienen del norte de África, con mayor incidencia que en Europa, y sin tarjeta sanitaria"–, y en las personas que se encuentran en prisión. Según los últimos datos ministeriales, la incidencia en cárceles es del 18,7%, mientras que el número de personas que han sido tratadas hasta enero de 2017 es de 12.015, y los presos con virencia sin tratar han ascendido hasta los 5.000 aproximadamente. La líder de la plataforma en Salamanca apunta que "el gran problema de las cárceles supone un coto cerrado del ministerio". En este sentido, el pasado viernes 17 de febrero el subdirector general de Coordinación de Sanidad Penitenciaria, José Manuel Arroyo, anunció que las competencias en materia de sanidad penitenciaria serán transferidas a las comunidades autónomas a lo largo de la legislatura. Mate celebra que "por fin" se vaya a realizar el traspaso, que fue aprobado por mayoría en el Senado en octubre de 2016, aunque matiza que la propuesta "tiene que volver al Congreso para ser ratificada y luego ponerla en marcha", de modo que puede "pasar un año o dos en la misma situación".