Una acusación pide cuatro años para Narcís Serra por los sueldos de Catalunya Caixa

La Confederación Intersindical de Cajas (CIC), que ejerce de acusación particular en el caso de los sueldos desproporcionados de Catalunya Caixa, ha pedido diez años de prisión para el exdirector de Catalunya Caixa Adolf Todó y cuatro para el que era presidente Narcís Serra.

En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, atribuyen a Todó un delito de apropiación indebida y otro de administración desleal, por lo que le piden más pena, y al exministro Narcís Serra y otros 40 consejeros les acusan solamente del delito administración desleal.

Consideran que dos acuerdos de los Consejos de Administración de Catalunya Caixa de 19 de enero de 2010 y de 13 de octubre de ese año en los que se aprobaron incrementos salariales del comité de dirección "perjudicaron enormemente a la entidad".

Afirman que con estas retribuciones la entidad contrajo obligaciones "que contribuyeron a la crisis financiera" que sufrió y que le llevó a la aplicación de un expediente de regulación de empleo en el que se destruyeron 1.630 puestos de trabajo y el cierre de 395 oficinas.

Concretamente, en el primer acuerdo se decidió que el salario de Todó pasara de 700.486,26 euros a 800.481 anuales, y que el del exdirector general adjunto Jaume Massana alcanzara casi los 600.000, y en el siguiente se les volvió a subir el sueldo hasta los 812.501 en el caso del primero y los 610.201 en el del segundo.

Además de los incrementos salariales, en los consejos de administración se aprobaron sendas pólizas de seguros sobre la pensión del equipo directivo, haciendo aportaciones entre 2008 y 2011 de cuatro millones en el caso de Todó y de un millón para Massana.

La acusación, en su escrito, recuerda que estas decisiones se tomaron cuando la entidad ya había solicitado "la inyección de dinero público" por parte del Fondo de reestructuración ordenada bancaria (Frob).

Consideran que los acusados usaron los fondos de la entidad "despilfarrándolos", y que eran fondos públicos que se usaron a su entender en beneficio de los consejeros y de altos directivos y en grave prejuicio de la misma.

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"La situación en que los gestores han dejado a Catalunya Caixa no puede ser más dramática", afirman, con la pérdida de empleos y el cierre de oficinas, llevando a la entidad a un quebranto económico cuantificable como consecuencia de la nefasta gestión de sus directivos.

Definitivamente, insisten, "los gestores no han sabido dirigir la entidad y la han llevado a la situación en la que está a sabiendas de que lo que hacían la abocaba al desastre".

Además de las penas de prisión, piden que Todó indemnice a la entidad con más de 800.000 euros y a éste y el resto de consejeros imputados una indemnización de 5,1 millones de forma solidaria por las aportaciones realizadas a las pólizas.