La Audiencia de Asturias obliga al exsindicalista Fernández Villa a declarar como imputado por apropiación indebida

El ex secretario general del SOMA-UGT José Ángel Fernández Villa (Tuilla de Langreo, 1944) declara este viernes ante la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo, Simonet Quelle Coto, que investiga la querella interpuesta por el propio sindicato minero por un delito de apropiación indebida cuantificado por el momento en 420.000 euros.

Además, la magistrada ha denegado la petición de la defensa del propio Fernández Villa que había reclamado declarar con un acompañante que le tutelase y un forense que velase por que el interrogatorio no le causase un sufrimiento innecesario, según ha adelantado el diario La Nueva España.

Si no acude o no justifica causa legítima que se lo impida, la orden de comparecencia podrá convertirse en orden de detención, según ha informado el juzgado. La jueza que lleva el caso considera que los padecimientos del exsindicalista, que fue en su día todo un referente en el sector minero no le impiden en absoluto declarar en calidad de investigado en la fase de instrucción, informa Europa Press.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias, cuyo ponente ha sido el magistrado Javier Domínguez Begega, desestimó el pasado 15 de febrero los recursos interpuestos por la defensa del exsindicalista contra la decisión adoptada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo en la que ordenaba someter al exsindicalista a una exploración médica por parte de un experto en neurología y, posteriormente, citarle a declarar en calidad de investigado el 12 de enero.

De esta forma, y pese a las continuas trabas del propio Fernández Villa, que fue diputado por el PSOE en la Junta General del Principado de Asturias, el exsindicalista deberá someterse este viernes al interrogatorio ante la magistrada que instruye su causa. La comparecencia del ex líder sindical minero había sido fijada por la magistrada para el pasado 12 de enero, pero quedó suspendida a la espera de conocerse la decisión de la Audiencia, que ratificó la comparecencia.

Preguntas "simples"

En este sentido, la jueza estableció que el que también fuera senador socialista no podrá ser "sometido a presión", al mismo tiempo que se le deberán formular preguntas "simples", garantizando siempre el tiempo para la respuesta.

Además, el interrogatorio no deberá prolongarse más de 45 minutos y podrá ser interrumpido para "permitir el descanso" del investigado, atendiendo al criterio médico del perito que le realizó la exploración neurológica, quien aseguró que Villa "tiene capacidad para decidir si a algo no le conviene contestar siempre y cuando no acumule fatiga".

En la resolución, a la que ha tenido acceso infoLibre, la Audiencia Provincial niega que se hubiera vulnerado el derecho de defensa en la prueba pericial sobre la salud de Fernández Villa, máxime cuando el propio investigado sí estaba dispuesto a someterse al examen, aunque por otro médico.

Sostiene el auto, por otro lado, que la citación realizada por la magistrada era "ajustada a derecho" e, incluso, observa que los recursos de la defensa carecen de "un mínimo reconocimiento al margen de ser sólo expresión del derecho a recurrir", por lo que impone al acusado las costas.

Estado de salud mental

La Audiencia considera "sorprendente" que siendo la intención de Fernández Villa que se archiven las diligencias por su estado de salud mental, por lo que no debería comparecer, "se finalice el argumento del motivo de apelación encomiando la participación del investigado y su activa presencia en el proceso y audiencia".

Asimismo, la Sección Tercera destaca la contradicción a la que recurre la defensa del exsindicalista, que había reclamado que la resolución de la apelación se celebrara en una vista pública, cuando la propia abogada de Fernández Villa había advertido que el informe pericial sobre la salud del exsenador no debía trascender para salvaguardar su intimidad: "Y una cosa, y la contraria, la pide su defensa", especifica el magistrado ponente.

El auto, que llega incluso a hablar de "la supuesta enfermedad mental con la que la defensa se afana en eludir esa comparecencia, es algo que tiene que observar el propio titular del órgano judicial que instruye", en referencia a la jueza Simonet Quelle Coto. Asimismo, los magistrados apuntan a la posibilidad de que Fernández Villa se acoja "al legítimo derecho a no declarar, que es lo que su actuación procesal opositora a la comparecencia sugiere".

La abogada de Fernández Villa basó su rechazo a la declaración de su cliente porque el estado del investigado le imposibilitaba la lectura y el entendimiento de la querella, interpuesta por el propio sindicato que encabezó el imputado durante 34 años. Sin embargo, la Sección Tercera de la Audiencia asturiana rechaza esta petición, y recuerda que la decisión de la jueza de citarle a declarar se fundamenta en una pericial médica.

El sindicato SOMA-Fitag-UGT y la Fundación Infide interpusieron la querella tras recibir un informe de auditoría de las cuentas de la organización, que habían encargado a la firma C. B. Auditores y Asesores a raíz de que aflorase la fortuna oculta del exlíder minero, cifrada en al menos 1,4 millones de eurosfortuna oculta1,4 millones de euros, que trató de regularizar con la amnistía fiscal promovida por el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro.

El exsindicalista trató de justificar la existencia de esa fortuna por la herencia familiar, que estaba compuesta por un inmueble y un local comercial en la parroquia de Tuilla, en el municipio de Langreo (Llangréu)Tuilla, en los que se encontraba el bar Casa Hermógenes, que es el nombre del padre.

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Según el diario El Comercio, más de 50.000 euros corresponderían a gastos indebidamente justificados (de pagos con tarjeta de crédito y en efectivo) y más de 60.000, a la compra y seguro de un vehículo particular, todo ello a costa del sindicato.

José Ángel Fernández Villa fue expulsado del PSOE y del sindicato poco después de que el diario El País publicase una información en la que señalaba que se había acogido a la amnistía fiscal y que estaba siendo investigado por ocultar 1,4 millones a Hacienda.

Muy influyente en la clase política asturiana durante años, el caso causó un amplio revuelo que originó incluso la apertura de una comisión de investigación en la Junta General del Principado de Asturias. Sin embargo, Villa no acudió a comparecer a la misma alegando motivos de salud. Su representación legal aportó un informe médico del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).