Una directiva de la Fundación para el Empleo es miembro de un 'lobby' de recursos humanos

Comisiones Obreras pedirá este lunes al patronato de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae) que la responsable de Recursos Humanos del organismo, Antonia Fernández de Pineda, abandone la directiva del lobby de ejecutivos DCH. En esa cúpula, Fernández de Pineda coincide con los directores de Recursos Humanos de Ferrovial, Coca Cola, Vodafone, Banco Santander, Repsol, Abengoa o Eulen, compañías con las que la fundación mantiene relaciones: o imparten formación bonificada –las empresas obtienen descuentos en sus cuotas a la Seguridad Social para financiarla– o subvencionada.

DCH, además, lleva desde 2015 organizando con Fundae jornadas y eventos. El pasado febrero celebró una entrega de premios y el próximo día 16 desarrollará el II Encuentro de Tendencias en Formación, en el que participarán el director-gerente de la fundación, Alfonso Luengo Álvarez-Santullano, y el presidente del lobby, Juan Carlos Pérez Espinosa. En el patronato de Fundae, la antigua Fundación Tripartita, se sientan las organizaciones empresariales y sindicales, así como la propia Administración. Colabora con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en la gestión de la formación profesional para el empleo. Tiene un presupuesto de 31 millones de euros. En 2015 distribuyó 2.085 millones de euros, de los que 1.848 millones procedían de la cuota para Formación Profesional que pagan empresas y trabajadores –un 0,7%–, 134 millones los aportó el Estado y otros 100 el Fondo Social Europeo.

De ahí que CCOO considere inadecuado no sólo que la responsable de RRHH de una fundación que gestiona subvenciones públicas comparta asiento con directivos de empresas que las reciben, sino también que organicen eventos de forma conjunta con ese lobby de los recursos humanos. En su página web, DCH se presenta como un “grupo exclusivo” con más de 500 asociados, todos ellos directivos de Recursos Humanos, que permiten crear “una red de contactos de gran valor profesional”.

Investigada por la Audiencia Nacional

Además, el presidente de DCH, Juan Carlos Pérez Espinosa, fue socio y consejero de una empresa de formación, GG Global Group, al igual que su mujer, Ruth Benito Blanco. GG Global Group fue investigada en 2001, primero por el Inem (el actual SEPE) y después por la Audiencia Nacional por un posible fraude de subvenciones. En concreto, por una subvención de 494.607 euros para impartir tres cursos. Según el informe elaborado por el Inem sobre las irregularidades descubiertas en las ayudas de ese año, los investigadores sospechaban que los participantes en esos cursos habían sido “contratados para participar en ellos durante el tiempo de su duración”.

En esa misma investigación, el Inem formuló un total de 45 denuncias, de las que 13 fueron trasladadas a la Brigada de Delincuencia Económica tras apreciar una posible responsabilidad penal. Entre las organizaciones afectadas se encontraban la Federación de Comercio y Hostelería de UGT, y la patronal de Hostelería y las confederaciones de empresarios de Cádiz y Castilla-La Mancha. Un total de 15,54 millones de euros en subvenciones se pusieron bajo la lupa del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional.

Una derivada del caso aún seguía abierta en 2012 en la Audiencia de Madrid. Dos empresas de formación vascas, Ikasi y Urolalde, denunciaron a Global Group, entre otras empresas, por un posible delito de apropiación indebida. Según explica el tribunal en el auto que ordenó la reapertura de la investigación, el delito se refería a “una cadena de subcontrataciones” en la prestación de cursos de la Forcem –como se llamaba entonces Fundae– que no fueron abonados a las empresas que finalmente los impartieron.

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La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo no ha contestado a los reiterados intentos de infoLibre para obtener su versión. Sí lo ha hecho el presidente de DCH, Juan Carlos Pérez Espinosa, quien asegura que la investigación a GG Global Group fue archivada y no dio lugar a ningún tipo de responsabilidad, aunque no pudo precisar cuándo se cerró. Según la información a la que ha tenido acceso este periódico, en cada uno de los cursos bajo sospecha estaban apuntados 15 alumnos. Al menos nueve de ellos eran directivos de GG Global Group. Incluida la esposa de Pérez Espinosa.

“No es extraño, sino muy habitual, son cursos bonificados para los empleados de la propia empresa”, responde el responsable de DCH. Pérez Espinosa dice que desde el pasado día 1 ya no es su presidente, cuya junta directiva se renueva cada tres años. También niega que DCH sea un lobby. “Es una organización sin ánimo de lucro que permite a sus miembros compartir experiencias y buenas prácticas en el ámbito de la formación en las empresas”, detalla. Además, considera “loable” su colaboración con Fundae, porque las jornadas que organizan de forma conjunta “sirven para acercar a la fundación y a las grandes empresas y para que compartan sus buenas prácticas”.

Pérez Espinosa, quien también preside Facthum, una consultora de recursos humanos, asegura que mientras estuvo en GG Global Group se encargó del área internacional de la empresa, por lo que residió durante dos años en América Latina. Dejó la firma por “diferencias de gestión” hace casi 10 años, según dice, aunque no consiguió “desvincularse como socio” porque no llegó a un acuerdo.