Los pactos ilegales de los directivos de Renfe con una empresa alemana cuestan a la compañía pública una multa de 64,9 millones

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con un total de 75,6 millones de euros a Renfe, Deutsche BahnRenfe y a varias empresas ferroviarias de ambos grupos por distorsionar la liberalización del transporte de mercancías por ferrocarril, informa Europa Press. En el caso de la operadora española, la multa asciende a 64,9 millones de euros.

En concreto, el organismo presidido por José María Marín Quemada ha impuesto dicha multa por una infracción única y continuada de los artículos 1 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), consistente en acuerdos y prácticas concertadas, restrictivos de la competencia por su efecto, por parte de dos empresas del Grupo Renfe (Renfe Operadora y Renfe Mercancías) y varias empresas del Grupo Deustche Bahn (Transfesa, Transfesa Rail, PIF, Hispanauto, Semat, DHIB, DB ML y DB SR Deutschland).

A ello se suma otra infracción única y continuada de los artículos 2 de la LDC y 102 del TFUE, consistente en una discriminación comercial abusiva, al menos, a las empresas ferroviarias miembros de la Asociación de Empresas Ferroviarias Privadas (AEFP), por parte de Renfe Operadora y Renfe Mercancías, en su oferta de servicios de tracción ferroviaria para el transporte de mercancías por ferrocarril en España.

El Grupo Renfe y el Grupo Deutsche Bahn han constituido y constituyen respectivamente el primer y segundo operador de transporte de mercancías por ferrocarril en España por volumen de facturación, y presentan conjuntamente porcentajes superiores al 80% del transporte de mercancías por ferrocarril en España. En el caso de los segmentos del automóvil y el siderúrgico las cuotas se elevan hasta el 100%.

Acuerdos concertados que mantuvieron el 'statu quo'

En el caso de la primera conducta sancionada, la CNMC ha acreditado que los diversos acuerdos adoptados entre empresas del Grupo Renfe (Renfe Operadora y Renfe Mercancías) y varias empresas del Grupo Deustche Bahn (Transfesa, Transfesa Rail, PIF, Hispanauto, Semat, DHIB, DB ML y DB SR Deutschland) tuvieron un efecto restrictivo de la competencia.

A través de ellos, estos grupos, que teóricamente deberían haber competido entre sí, mantuvieron el statu quo preexistente a la liberalización del sector de transporte de mercancías por ferrocarril en España.

Las empresas sancionadas crearon una serie de vínculos entre ellas que les permitieron posicionarse como clientes y proveedores privilegiados entre sí. Por ejemplo, en el alquiler de locomotoras (equipos de tracción), de campas (zonas donde se almacenan los vehículos para su posterior carga en los trenes de mercancías) o en otros elementos y actividades imprescindibles para este tipo de transporte.

Relacionado con los acuerdos anteriores, se llegó a una situación en la que el único competidor de Renfe que disponía de tracción (Transfesa- propiedad del Grupo Deutsche Bahn), las subarrendó a la propia Renfe y a otra empresa del Grupo Deutsche Bahn (DB). De esta forma, Renfe quedó posicionada como la única compañía con capacidad de tracción propia en el mercado español.

En el caso del Grupo Deutsche Bahn (DB), primer operador de transporte de mercancías por ferrocarril a nivel europeo, no empleó tracción propia en el transporte internacional de mercancías por ferrocarril con origen o destino España, a pesar de contar con locomotoras propias en España (bajo Transfesa Rail), sino que optó por ceder parte de las mismas a Grupo Renfe, a pesar de este último contaba con locomotoras propias más que suficientes para cubrir sus necesidades en los mercados afectados.

Abuso de posición de dominio por parte de Renfe

En el caso de segunda conducta sancionada, la CNMC acreditó un abuso de la posición del Grupo Renfe (Renfe y Renfe Mercancías), de forma que discriminó comercialmente a otras compañías ferroviarias; particularmente a los miembros de la Asociación de Empresas Ferroviarias Privadas (AEFP).

Las condiciones ofrecidas a estos operadores fueron distintas de las acordadas con las empresas del Grupo Deustche Bahn (Transfesa, PIF, Hispanauto y DB SR Deutschland).

Así, Renfe llevó a cabo un tratamiento preferencial a DB SR Deutschland, Transfesa, PIF e Hispanauto a la hora de prestarles servicios de tracción ferroviaria. Además, Renfe no aplicó penalizaciones al Grupo Transfesa, en el caso de que le anulase servicios de tracción ferroviaria contratados para el transporte de mercancías. Esta condición sí la aplicaba en las condiciones ofrecidas a otras compañías ferroviarias.

La CNMC recuerda que contra esta Resolución no cabe recurso alguno en vía administrativa, pudiendo interponerse recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.

¿Quién y cuándo cometió las infracciones sancionadas?

Las actuaciones que Competencia considera sancionables comenzaron en 2008, con los acuerdos adoptados entre empresas del Grupo Renfe y Grupo Deustche Bahn. Por entonces, Renfe Operadora (el organismo que engloba a las sociedades anónimas que se encargan de los diversos ámbitos de gestión, como mercancías, vías o viajeros) estaba presidido por José Salgueiro, político español del PSOE que fue viceconsejero de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía de 1990 a 2004 y consejero de Economía y Hacienda en 2004. Su época como viceconsejero le ha valido la apertura de juicio oral por el caso ERE, junto a los expresidentes Chaves y Griñán, por prevaricación y asociación ilícita.

Salgueiro era presidente de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (Renfe) que en 2005 se dividió en Adif, que gestiona las infraestructuras ferroviarias, y Renfe Operadora, que explota los ferrocarriles de titularidad pública. Así, el exdirigente socialista continuó como presidente de Renfe Operadora hasta que en 2011 fue relevado por Teófilo Serrano, otro histórico ex alto cargo socialista. Hasta 2015, José Salgueiro fue gerente de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

Con respecto al área de Mercancías, en 2008 el responsable último de su gestión era Francisco Bonache, que según su perfil de LinkedIn en 2011 pasó a ser director de Btren, una sociedad conjunta destinada al mantenimiento de trenes. Está compuesta al 51% por la compañía Bombardier y al 49% por Renfe. 

Detallan desde Renfe que, si bien los movimientos censurados por la CNMC comenzaron en 2008, no son asuntos "que se resuelvan de un día para otro" y que su gestión ha implicado a varias de las posteriores cúpulas directivas de la empresa pública, dependiente del Ministerio de Fomento. En rueda de prensa, el actual presidente de la empresa pública, Juan Alfaro, tachó de "injusta, desproporcionada e ineficaz" la multa de 65 millones de euros y afirmó que las prácticas sancionadas cesaron en 2013. Fuentes del gabinete de comunicación de la compañía explicaron a infoLibre que Renfe asumió todas las recomendaciones de Competencia menos una, la relativa a publicar la oferta mayorista de los precios de tracción, al entender que desvelar esa información les perjudicaba. No han querido entrar a valorar si esa negativa es la causante de que, finalmente, la sanción haya sida impuesta. 

Desde prensa de la CNMC se remiten al informe sancionador, en el que se explica que la denuncia de la AEFP se registró el 28 de marzo de 2014 y la institución inició poco después diversos requerimientos de información a las partes implicadas. Simplemente se argumenta que en 2015 y 2016 se recibieron dos propuestas de compromisos aportadas por Renfe y Renfe Mercancías, y que tras las alegaciones Competencia consideró que "no resolvían adecuadamente "los problemas de competencia derivados de las conductas objeto del expediente de referencia ni garantizaban suficientemente el interés público". 

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La Unión General de Trabajadores (UGT) considera que la multa de 65 millones de euros impuesta este lunes a Renfe por la CNMC pone de manifiesto "los graves problemas que se derivan de un proceso de liberalización en determinados sectores" y advierte sobre el daño que esta puede producir en la estabilidad y la calidad del empleo.

Así lo ha indicado en un comunicado, en el que ha incidido en que la liberalización del transporte ferroviario de mercancías se llevó a cabo con el fin de incrementar el volumen de tráfico en esta actividad, mientras que la llegada de las operadoras privadas "no ha tenido impacto alguno en la cuota de mercado, manteniéndose esta en el 4%".

Según ha alertado el sindicato, sanciones de esta magnitud "ponen en peligro los puestos de trabajo de más de mil personas" y provocan a Renfe Mercancías un "daño irreparable" que pone en jaque su viabilidad futura.