Unos 120 diputados compaginan el escaño con cargos municipales, actividades profesionales o negocios

Alrededor de 120 diputados del Congreso compaginan el escaño con un cargo municipal, con el ejercicio de una actividad profesional o con la participación en negocios privados, según se refleja en el informe de actividades extraparlamentarias que ha redactado la Comisión del Estatuto del Diputado y que se vota este jueves en el Pleno de la Cámara Baja.

En el informe, al que tuvo acceso Europa Press, se recoge que sólo 75 diputados "no declaran ostentar ningún cargo, ni ejercer ninguna actividad". Entre ellos figuran los conservadores Celia Villalobos, Teresa de Lara, Carolina España, Rafael Merino, Rosa Romero y Ramón Aguirre (expresidente del ICO); los socialistas Ciprià Ciscar, José Zaragoza (PSC) y Ricardo Cortés; Xavier Domènech, Txema Guijarro y Alexandra Fernández de Unidos Podemos y sus confluencias; Aitor Esteban, del PNV; y Ana Oramas, de Coalición Canaria.

En cambio, en el documento constan ocho alcaldes con escaño, la mitad de ellos del PP: Camelo Romero (Palos de la Frontera, Huelva), Antonio González Teror (Boadilla del Monte, Madrid), Carmen González Guinda (Garrafe del Toro, León), y Fernando Martínez Maillo (Casaseca de las Chanas, Zamora), aunque éste último anunció que dejaba la alcaldía tras el congreso del PP.

También hay dos alcaldes del PDeCAT –Ferrán Bel, de Tortosa (Tarragona) y Sergi Miquel, de Llagostera–, uno del PSOE –Pedro Muñoz, de la localidad abulense de Cebreros– y otro de En Comú, Félix Alonso, de Altafulla (Tarragona).

Pueden cobrar dietas de los ayuntamientos

Pero además figuran 41 concejales de distintos partidos, la mayoría de ellos del PP, como Arturo García Tizón (Toledo), Teófila Martínez (Cádiz), Elena Bastidas (Alzira) y María Jesús Bonilla (Tarancón) y Pedro Acedo (Mérida); también hay de Ciudadanos –Patricia Reyes (Boadilla) y Diego Clemente (Roquetas)–, del PNV –Idoia Sagastizabal, de Lekeitio– y de Nueva Canarias –Pedro Quevedo, en Las Palmas–.

Dos de ellos, son asimismo diputados provinciales: Arturo García García Tizón y Alonso Díaz Guerra, de Toledo. A la lista de cargos locales se suma Ana Zurita, también del PP, que forma parte del Cabildo Insular de Tenerife.

La comisión subraya en su informe que la ley no ve incompatible el escaño con estos cargos locales siempre que no perciban retribuciones de sus ayuntamientos, aunque sí se les posibilita cobrar dietas por asistencia a las reuniones de los consistorios.

En cuanto a actividades profesionales ajenas al escaño, la Comisión del Estatuto del Diputado autoriza el ejercicio de la abogacía a 17 diputados, entre ellos los conservadores Rafael Hernando (portavoz del Grupo Popular), Leopoldo Barreda (presidente de la comisión) y Francisco Martínez (ex secretario de Estado de Seguridad); Gloria Elizo (miembro de Mesa) y Sara Carreño (portavoz en la misma comisión), de Podemos; Pedro Muñoz, del PSOE, y Patricia Reyes, de Ciudadanos. A ello se suman dos procuradores de tribunales, Avelino Barrionuevo (PP) y Jaume Moya (En Comú).

Abogados, docentes, consultores, actores, periodistas

En el informe se autoriza además el ejercicio ocasional de la docencia o la dirección de tesis a 24 diputados, entre los que se hallan María Jesús Moro, Alicia Sánchez Camacho y María Jesús Bonilla (PP), Marta Martín (Cs), Carolina Bescansa y Pablo Bustinduy (Podemos), Rafael Simancas y Meritxell Batet (PSOE), y Ferran Bel (PDeCAT).

Con trabajos de consultoría y asesoría aparecen Javier Ruano y Teófilo De Luis, ambos del PP. Figuran además tres arquitectos, dos del PP (Ana María Zurita y Raquel Alonso) y uno de Ciudadanos (Diego Clemente, que además ejerce como perito judicial), así como tres actores: Rosana Pastor (Podemos) y Toni Cantó y Félix Álvarez Felisuco, ambos de Ciudadanos.

Al margen de las decenas de diputados que participan en tertulias de medios de comunicación, hay tres que declaran actividades profesionales periodísticas: la escritora y articulista Marta Rivera de la Cruz, de Ciudadanos, y dos dirigentes de Podemos: Noelia Vera (redactora y presentadora de La Tuerka) y Pablo Iglesias (dirige y presenta Fort Apache).

La lista se completa con un viticultor –Miguel Angel Viso, con viñedos familiares de Ribeiro–, un jornalero (Diego Cañamero, de Podemos) y un inscrito en el régimen agrario pero aún sin rentas (Miguel Barrachina, del PP).

Por último, hay 17 diputados que declaran tener participación o figurar en cargos gestores de sociedades activas, algo que el Congreso autoriza siempre que no contraten ni cobren del sector público.

Así, la diputada del PP Carmen Álvarez Arenas, es consejera delegada de una empresa familiar de prestación de servicios sin contratar con la administración, aunque una de ellas, como centro especial de empleo, percibe subvenciones.

La ministra de Agricultura, Elena García Tejerina, es dueña de una planta fotovoltaica, mientras que el coportavoz de Equo, Juan López de Uralde, declara una central solar fotovoltaica de dos Kw, aunque ante el veto del PSOE matizó que contaba solo con dos placas destinadas al autoconsumo. Carlos Rojas, del PP, es accionista de una empresa de producción agrícola.

El Congreso tiene pendiente desde hace 10 meses autorizar las actividades privadas de los diputados

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Las empresas de los diputados de Ciudadanos

El número dos de Ciudadanos, José Manuel Villegas, es administrador único de una sociedad mercantil de servicios de asesoría jurídica, fiscal y laboral. Su compañera de dirección Melisa Rodríguez es diseñadora de joyas y tiene su propia empresa, mientras que Patricia Reyes, es administradora de la entidad mercantil Yayay Ediciones; Elena Faba es administradora de tres sociedades mercantiles de marketing digital; José Cano Fuster, es apoderado de la empresa familiar de restauración El Xato; y Miguel Angel Garaulet, también de Ciudadanos, es administrador único de dos sociedades mercantiles, una de consultoría y otra de intermediación de comercio.

Por último, entre los diputados hay patronos de fundación y presidentes de entidades sin ánimo de lucro. En ellos, Carmen Quintanilla, presidenta de la Confederación de Federaciones y Asociaciones de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer), y Mari Mar Blanco, presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo y de la Fundación Miguel Angel Blanco.