Así actúan las asociaciones y colegios de periodistas ante una petición de amparo

El comunicado a través del que la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) acusó a Podemos de "presiones" y "amenazas" a periodistas sigue generando polémica varios días después de su publicación. El miércoles, el secretario de Análisis Político y Estratégico del partido, Íñigo Errejón, reclamó que se hagan públicas las "pruebas" ante "una acusación tan grave"; por su parte, la portavoz parlamentaria, Irene Montero, afirmó que Podemos no fue consultado por la APM antes de lanzar el comunicado y ha pedido una reunión con representantes de la asociación.

Fundamentalmente, los dirigentes del partido morado critican dos aspectos del escrito: el hecho de que no se ofrezcan en él las pruebas del supuesto acoso y también la vaguedad de la explicaciones ofrecidas sobre el mismo. No obstante, también ha generado polémica el hecho de que la APM no contactase con Podemos antes de lanzar su comunicado, y asimismo se ha acusado a la organización de no actuar con la misma contundencia con otros partidos políticos. La asociación, por su parte, defiende que fueron los propios periodistas que solicitaron amparo los que pidieron que no se publicasen las pruebas ni sus nombres.

¿Actuó la APM de manera diferente al modo habitual de proceder de otros colegios y asociaciones periodísticas españolas? Organizaciones como el Col·legi de Periodistes de Catalunya, el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia o la Asociación de la Prensa de Sevilla –que representan a sus colegiados o socios, y no a toda la profesión periodística– aseguran que, ante una petición de amparo, consultan a la parte denunciada antes de tomar una decisión. En la APM, por contra, la audiencia de la parte acusada no es un requisito obligatorio. De hecho, en el caso del comunicado sobre Podemos, la ejecutiva de la APM únicamente se reunió con los periodistas denunciantes para escuchar sus argumentos.

De entre las organizaciones consultadas por infoLibre, la única que cuenta con un protocolo por escrito para los casos de amparo a un periodista es el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia. La entidad no puede actuar de oficio, sino que siempre inicia los procedimientos tras la solicitud de un profesional, que debe estar firmada por él mismo y contener una explicación pormenorizada de los hechos, así como las pruebas. Si la ejecutiva decide admitir el escrito a trámite, se nombra un instructor y este tiene el deber de reunirse con las partes implicadas en el conflicto y, en un plazo de quince días, elaborar un informe de conclusiones y una propuesta de resolución, que eleva a la ejecutiva del Colexio.

Llegado ese punto, la ejecutiva tiene un plazo de una semana para aprobar una resolución –que no tiene por qué ser la misma que la propuesta– y dirigirla a las partes implicadas; también puede decidir hacerla pública a petición de cualquiera de ellas. En este sentido, el reglamento del Colexio de Xornalistas de Galicia no establece una forma de proceder concreta si los profesionales que denuncian solicitan preservar su intimidad –como reclamaron los periodistas que acudieron a la APM–, aunque fuentes de la dirección de la organización plantean que, en el momento en el que la entidad se reúne con la parte denunciada para pedirle explicaciones y enseñarle las pruebas en su contra, es complicado mantener en el total anonimato a los denunciantes.

La Asociación de la Prensa de Sevilla (APS) –la segunda más grande de España, tras la madrileña– carece de un procedimiento por escrito a la hora de abordar las peticiones de amparo de los periodistas. No obstante, un portavoz de la organización explica que a la entidad pueden recurrir tanto asociados como no asociados y que, en la gran mayoría de los casos, se actúa tras la petición del profesional. El protocolo es similar al del colegio gallego: la comisión que se encarga de los casos de amparo "se reúne con el denunciante y con la otra parte" y elabora un dictamen que eleva a la Junta Directiva.

"Antes de emitirlo, lo enviamos a las dos partes" para que hagan alegaciones, explica el portavoz, que señala, además, que previamente la APS tiene como costumbre tratar de mediar entre denunciante y denunciado para intentar solucionar el conflicto en privado y sin necesidad de recurrir a un pronunciamiento público. Sin embargo, en el caso de que la organización decida lanzar un comunicado de amparo, "se realiza un relato de los hechos con detalle, y también se incluyen los argumentos de la otra parte", explica Rafael Rodríguez, presidente de la APS. No existe, sin embargo, un patrón definido sobre la posibilidad de desvelar o no las identidades de las partes en el comunicado.

El modo de proceder vuelve a ser similar en el caso del Col·legi de Periodistes de Catalunya, que tampoco tiene un reglamento recogido por escrito para las peticiones de amparo. Un portavoz de la entidad explica a infoLibre que, en su caso, "son básicamente los colegiados" los que utilizan este recurso, y relata que las denuncias son valoradas en primera instancia por un grupo compuesto por cinco periodistas y coordinado por otro periodista que también es licenciado en derecho. Esta comisión tiene la misión de "ponerse en contacto con las dos partes" y elaborar un veredicto que eleva a la Junta Directiva, la responsable de tomar la decisión final, explica el portavoz, que señala que no hay un criterio único sobre la posibilidad de mantener el anonimato de los denunciantes. "Cada caso es un mundo, y se analizan uno a uno", señala.

¿Existe un doble baremo?

El pasado miércoles, en su respuesta al comunicado contra el supuesto acoso de Podemos, Errejón dejó caer la posibilidad de que exista en la APM "un doble baremo de medir o de tratar a los diferentes partidos políticos". Lo cierto es que, en comparación con otros comunicados, el de la asociación tiene un tono especialmente duro –en él se incluyen acusaciones como la de que Podemos pretende minar el "sistema democrático" tratando de "orientar y controlar el trabajo de los periodistas y limitar su independencia"–, pero también es verdad que tanto la APM como otras asociaciones y colegios profesionales sí han lanzado críticas, dentro de su ámbito de competencia, contra decisiones tomadas por el PP y el PSOE o instituciones controladas por ellos.

En este sentido, hubo práctica unanimidad entre las entidades analizadas por infoLibre con respecto a su reacción a la aprobación en 2015 de la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como ley mordaza. Los comunicados de la APM o la APS fueron muy críticos con una norma que, incluso, llegaron a calificar de "serio obstáculo al ejercicio de los derechos constitucionales a la libertad de expresión y de información, pilares fundamentales de todo sistema democrático", en palabras del comunicado de la APM. La APS, por su parte, denunció que la norma "atenta gravemente contra derechos fundamentales de la ciudadanía", y el Colegio de Periodistas de Andalucía suscribió un manifiesto que criticaba que la ley "sanciona, prohíbe y criminaliza prácticas tan normalizadas como parar un desahucio, asistir a una persona sin papeles e informar sobre ello".

De igual manera, tanto la APS como la APM se expresaron en abril de 2015 contra la idea que había manifestado días antes el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que abogó por regular un régimen de sanciones a los medios de comunicación que publicasen filtraciones de investigaciones judiciales. "La APM considera que no puede limitarse el derecho constitucional a la información veraz y de interés público, sea cual sea la misma", planteaba la entidad madrileña, mientras la sevillana era mucho más dura y alertaba de que "la libertad de información en España" estaba "más amenazada que nunca en democracia". La iniciativa de Catalá sería "un atentado contra la ciudadanía y supondría un paso más en la actuación del Gobierno por intentar limitar la libertad de información", afirmaba la APS en un comunicado.

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Las asociaciones y colegios también se han expresado públicamente en varias ocasiones con respecto a la falta de independencia de los medios públicos, aunque la tónica habitual es que los comunicados realicen una denuncia genérica y sin demasiada concreción. En este sentido, el pasado mes de febrero la APM publicó un escrito en el que instaba a los partidos a "pactar una RTVE independiente y profesionalizada", después de "la entrega en el Congreso de un documento con 2.225 firmas de trabajadores del ente exigiendo 'medidas urgentes' que garanticen una radiotelevisión pública plural, imparcial y defensora de los valores constitucionales". "Creemos imprescindible la despolitización de la radiotelevisión pública, de modo que se asegure su netrualidad y se ponga fin al continuado cruce de acusaciones de partidismo", señalaba el comunicado.

No sólo ha sido RTVE la criticada. Medios públicos como TV3 o Catalunya Radio, los medios autonómicos catalanes, también han sido objeto de denuncia, en su caso por el Col·legi de Periodistes de Catalunya, que pidió en febrero de 2016 "la desgubernamentalización de los medios públicos" y el fin del "mercadeo" por el cual "las posiciones de responsabilidad en los medios continúan siendo moneda de cambio entre los partidos políticos en las negociaciones para la investidura o la estabilidad parlamentaria".

"Las injerencias políticas en los medios públicos son inaceptables", sostenía en su comunicado el Colegio catalán, que mencionaba expresamente los casos de TV3 y RTVE. De hecho, incluso la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), que aúna a buena parte de las asociaciones, se pronunció en abril de 2015 al respecto, a raíz de una resolución presentada por la APS. En su comunicado, se expresaba el rechazo a "la ausencia de pluralidad, la manipulación, la censura, el férreo control político de los informativos, la difusión de noticias de propaganda, y el ocultamiento de aquellas noticias que no interesan a los partidos en el poder" en los medios públicos.