España acumula advertencias de organismos internacionales por los altos niveles de desigualdad y pobreza

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presumió el pasado miércoles de gestión económica en el Congreso de los Diputados. Durante su intervención en el Pleno para informar sobre los acuerdos adoptados en el Consejo Europeo, el líder del Ejecutivo defendió a capa y espada las políticas adoptadas en los últimos años. "España ha logrado reducir el déficit del 9,3% al 4,6%, que será el déficit de 2016, y por tanto, cumpliendo con nuestros compromisos con Europa. Al mismo tiempo, la economía española crecía el 1,4% en 2014, el 3,2% en 2015, el 3,2% en 2016 y, como mínimo, el 2,5% en 2017", puso sobre la mesa el presidente.

Con todos estos datos, Rajoy trató de defenderse de una oposición que le afeaba un discurso económico "triunfalista" tan sólo 48 horas después de que la OCDE alertara sobre el aumento de la desigualdad y la pobreza en España. En este sentido, el líder del Ejecutivo reconoció que existían "secuelas de la crisis". Sin embargo, pidió al resto de formaciones que "sean justos" porque "los datos son de 2014" y porque las últimas cifras con las que trabaja el Instituto Nacional de Estadística (INE) "mejoran, y mucho", dijo, las anteriores. "Más que nada, para no transmitir a la gente información que no es cierta a la hora de hacer juicios de valor sobre la situación de la economía", apuntó Rajoy.

No es, ni mucho menos, la primera vez en el último año que a España le tiran de las orejas por el incremento de la desigualdad y la pobreza. Los desajustes sociales no se están logrando atajar a pesar de las buenas vibraciones que arrojan los datos macroeconómicos y de creación de empleo. España tiene un problema que no consigue solucionar. Y así se lo han recordado en el último año al Ejecutivo tanto ONG –Oxfam Intermón o Cáritas– como organismos internacionales –OCDE, Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional–. infoLibre hace un repaso de todas estas llamadas de atención.

OCDE: ayudas públicas "escasas"

La OCDE ha sido el último organismo que ha levantado la voz en este sentido. Lo hizo el pasado lunes a través del Informe Económico sobre España 2017, un documento en el que, además de alabar unas reformas estructurales que, según dicen, "están impulsando a la economía", hacen especial hincapié en "los altos niveles de desigualdad y pobreza" que ha dejado la crisis económica. Por eso, con el objetivo de poner fin a las "disparidades" en materia de "pobreza e ingresos" y conseguir así un "crecimiento más inclusivo", el conocido como club de los países ricos recomienda reducir el paro y mejorar la calidad del empleo en España.

La OCDE ponía sobre la mesa datos de 2014. En ese año, el coeficiente de Gini –indicador que mide la desigualdad– se situó alrededor del 0,35 (cuanto más se acerca la cifra al 1, mayores son las disparidades), por encima de la media de la OCDE. La tasa de pobreza relativa –proporción de personas que viven con menos de la renta mediana disponible– se situó cercana al 16% y la de pobreza infantil en el 23,4%. "Esto en buena medida se debe a los bajos salarios de las personas con menores ingresos, cuya brecha salarial respecto de los salarios medios es una de las mayores entre los países de la OCDE", señaló el pasado lunes Ángel Gurría, secretario general del organismo.

En cuanto al sistema impositivo y de transferencias –impuestos y ayudas sociales–, dos elementos que contribuyen a reducir la desigualdad, también destacaron ciertas deficiencias a resolver. "En líneas generales, las ayudas públicas para las familias son escasas. El gasto social por niño es inferior al promedio de la OCDE y es especialmente bajo en la primera infancia, lo cual se deriva de un gasto bajo en ayudas en efectivo a las familias y en servicios públicos para el cuidado infantil", recoge el informe, en el que se recomienda "aumentar el volumen" de los programas regionales de apoyo en materia de ingresos mínimos y las "ayudas en efectivo a familias con hijos".

Con el objetivo de paliar estas desigualdades, la OCDE recomendó este viernes a España, en su informe Apuesta por el crecimiento, reducir la carga fiscal sobre los salarios más bajos y ampliar las bases impositivas fiscales reduciendo exenciones en los impuestos sobre la renta, sociedades e IVA. En cuanto al mercado laboral, el organismo ha vuelto a identificar como un problema el continuo aumento de los contratos temporales que "aumenta los riesgos de desempleo, especialmente para los jóvenes". En este sentido, la OCDE apuesta por acercar el coste de rescisión de los contratos temporales y los indefinidos. 

La Comisión Europea avisa de niveles "muy elevados" de pobreza y exclusión social

Este varapalo llegó sólo un mes después de que la Comisión Europea presentase su Informe sobre España 2017, un documento en el que, a pesar de aplaudir el avance de la economía española, avisa de que España sigue manteniendo tasas de pobreza y exclusión social "en niveles muy elevados". "Aún no se han superado completamente las secuelas de la crisis y siguen vigentes importantes retos" que ponen en riesgo el avance económico, recordaba el brazo ejecutivo de la Unión Europea, que añadía que "la desigualdad en la distribución de la renta y la pobreza son de las más elevadas de la UE".

La subida de la tasa de paro y la segmentación laboral contribuyeron al aumento de la desigualdad en la distribución de la renta. A pesar de la mejora en materia de empleo, la Comisión Europea alertaba en el documento de que España tiene un alto nivel de paro entre la población joven y "uno de los porcentajes más elevados" de empleo temporal de la Unión Europea. En este sentido, señalaba que la brecha salarial existente entre trabajadores fijos y temporales oscila entre un 10% y un 19%, aumentando con la edad, algo que se traduce en "un mayor riesgo de pobreza" entre estos últimos.

Las cifras que se plasmaban en el informe eran contundentes. Un 28,6% de los españoles vivía en 2015 en riesgo de pobreza o exclusión social, un dato que en el caso de los niños ascendía hasta el 34,4%. Un 15,4% de la población estaba ese mismo año en hogares con una baja intensidad laboral. El 13,1% de los empleados en 2015 vivían en riesgo de pobreza. Además, el Ejecutivo comunitario señalaba que en 2014 el impacto global de reducción de las desigualdades del sistema tributario y de prestaciones "se mantuvo por debajo de la media de la UE".

FMI: recuperación desigual entre generaciones y niveles de educación

También alertó sobre este tema el pasado mes de enero el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe anual, aunque con mayor suavidad. En el documento, el organismo dirigido por Christine Lagarde señalaba que "la desigualdad de los ingresos y los riesgos de pobreza y exclusión social" se incrementaron "notablemente" durante la crisis como consecuencia de "la dramática caída del empleo, que afectó desproporcionadamente a trabajadores jóvenes, a los poco formados y a los temporales". El maremoto económico, resumía el FMI, incrementó el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, entre 2007 y 2015, "en más de un 23%".

Aunque desde el Fondo celebraron la actual "dinámica positiva del mercado laboral", que consideran "fundamental" para recuperar "parte de la caída de los niveles de vida" y "revertir el aumento de la desigualdad", alertaron de que los "beneficios" de la recuperación económica "están siendo desiguales entre las distintas generaciones y los diferentes niveles de educación". "El empleo de los trabajadores jóvenes y menos cualificados ha quedado rezagado", aseveró el FMI, que pidió que "las políticas que mejoren su empleabilidad" se conviertan en "una prioridad".

Oxfam: una distribución injusta de las rentas

A mediados de enero Oxfam Intermon también dio a conocer su informe anual relativo a 2016. Bajo el título España, un crecimiento económico que deja fuera a las personas más vulnerables, la ONG lamentaba que la riqueza en nuestro país esté concentrada cada vez en menos manos: 4,7 millones de personas tienen lo mismo que 42,6 millones. Pero la crítica de Oxfam no se quedaba ahí: "La fortuna de tan sólo tres personas –Amancio Ortega (Inditex), su hija Sandra Ortega y Juan Roig (Mercadona)– equivale ya a la riqueza del 30% más pobre del país". Este es el resultado, señaló Oxfam, de "una economía que promueve una distribución injusta de las rentas y las oportunidades que se generan".

En el estudio, la ONG aseveraba que uno de cada cuatro españoles estaba en riesgo de pobreza y exclusión social en 2015 y que, al inicio de 2016, había 720.000 familias sin ingresos. Además, señalaba que "más de la mitad de los parados" registrados en el último trimestre de 2015 "llevaban sin trabajar más de un año" y ponía el acento en una precariedad laboral que castiga, en mayor medida, a los que menos cobran. A todos estos elementos, Oxfam sumó uno más: el sistema tributario, que "recauda poco y mal". "Regresivo en su diseño e injusto a la hora de frenar las fugas hacia paraísos fiscales".

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Cáritas: una España a "dos velocidades"

También desde Cáritas avisaron el pasado mes de junio de los elevados niveles de desigualdad y pobreza en España. En su informe anual Análisis y persepectivas 2016, la ONG señalaba de que desde el inicio de la crisis "los ingresos de los hogares han caído espectacularmente con una reducción que supera el 10%". "Las diferencias han aumentado y las rentas medias se han reducido, lo que ha producido un hundimiento de las rentas más bajas", señalaba la ONG. Con este contexto, Cáritas recordaba que la pobreza había experimentado un crecimiento anual medio del 9%, tomando como referencia el umbral de la pobreza del año 2009. 

Con todas estas cifras sobre la mesa, la ONG avisaba de una España "a dos velocidades", con grandes diferencias entre comunidades autónomas. En este sentido, alertaba de "una salida divergente de la crisis" por las "diferencias regionales de pobreza", haciendo especial hincapié en la brecha norte-sur. La organización presentó el informe cuando quedaban poco más de dos semanas para las elecciones generales del 26-J. Por ello, aprovecharon para recordar que eran necesarios 10.000 millones de euros para garantizar una "adecuada protección" de los grupos más vulnerables.