Francia: un quinquenio marcado por los escándalos

“Yo, presidente de la República, me aseguraré de que mi comportamiento sea ejemplar en todo momento”. Hace cinco años de eso. François Hollande estaba en campaña y prometía una ruptura moral y ética después del quinquenio de Nicolas Sarkozy. Es verdad que nunca ha estado en el punto de mira de la Justicia por ningún escándalo. Sin embargo, su legislatura se ha visto marcada por los escándalos que han salpicado a sus colaboradores, de las confesiones de Jérôme Cahuzac [exministro de Economía y Finanzas] a la dimisión el martes del ministro del Interior Bruno Le Roux.

La Fiscalía Nacional Financiera anunció el martes a última hora de la mañana la apertura de una investigación preliminar, a raíz de las revelaciones periodísticas difundidas en una televisión, por supuesta malversación de fondos públicos y ocultación. En ese momento, François Hollande recibía a Bruno Le Roux en el Palacio del Elíseo, en presencia del primer ministro Bernard Cazeneuve. A última hora del día, el ministro del Interior, cuya posición había pasado a ser insostenible, anunciaba su dimisión para “preservar la acción de Gobierno”.

Según la información publicada por la periodista Valentine Oberti, las hijas de Bruno Le Roux, que en la actualidad tienen 20 y 23 años, firmaron respectivamente 10 y 14 contratos temporales con su padre entre los años 2009 y 2016, primero cuando era diputado y después cuando presidió el Grupo Socialista en la Asamblea Nacional (hasta que fue nombrado ministro, el 6 de diciembre de 2016). Las jóvenes cobraron por ello hasta 55.000 euros de dinero público.

La “República ejemplar”, que se encontraba ya bastante tocada, recibía así un último golpe de gracia a un mes de las presidenciales, en un momento en que Hollande se halla inmerso en una gira de despedida después de haber renunciado a la reelección. Hasta el último momento, habrá tenido que enfrentarse a los errores, a las mentiras, a la falta de ética y de moral, y a los delitos, en ocasiones, de algunos de sus colegas de partido y de algunas personas de su entorno. Todos los encausados desde el comienzo del quinquenio han tenido que dimitir. Salvo uno, que sigue siendo miembro del Gobierno, el secretario de Estado Jean-Marie Le Guen.

La lista es larga. La encabeza un nombre, el más conocido, el del ministro de Economía y Finanzas que prometía luchar contra el fraude fiscal: Jérôme Cahuzac. Las revelaciones de Mediapart, socio editorial de infoLibre, en diciembre de 2012, no bastaron para convencer a François Hollande de que debía alejarse de él. Fue necesario esperar al 19 de marzo de 2013 para ver dimitir al ministro. A finales de 2016, el exdiputado era condenado a tres años de prisión firme y a cinco años de inhabilitación por fraude fiscal y blanqueo. Ha recurrido la sentencia.

A raíz de esas confesiones, hace cuatro años, el presidente de la República promovió varias textos de moralización de la vida política, que llevaron sobre todo a la creación de la Fiscalía Nacional Financiera (PNF) y de la Alta Autoridad para la Transparencia de la Vida Pública (HATVP, por sus siglas en francés), en el origen de varios de los escándalos siguientes, aunque la prensa también se ha dedicado a hacer el trabajo de investigación que le corresponde.

Es el caso, por ejemplo, de Yamina Benguigui, ministra delegada para la Francofonía al comienzo del quinquenio. El 31 de marzo de 2014, la HATVP inauguraba sus nuevas funciones llevando su caso ante la Justicia: sospechaba que Benguigui había ocultado, a sabiendas, en tres ocasiones cuando era ministra, las acciones que poseía de una empresa belga. El 27 de septiembre de 2016, Benguigui fue condenada en firme, tras recurrir, a un año de inhabilitación, dos meses de prisión con un periodo de libertad condicional y al pago de 5.000 euros por omisiones en sus declaraciones de intereses y patrimoniales.

El 17 de abril de 2014, en el epicentro de la tormenta se situaba uno de los asesores más próximos a François Hollande, Aquilino Morelle. Mediapart revelaba entonces los conflictos de intereses existentes con los laboratorios farmacéuticos cuando Morelle estaba en IGAS, la Inspección General de Asuntos Sociales, y su actitud en el Elíseo [llegó a cerrar un salón de un palacete público para que le lustraran los zapatos]. Al día siguiente, se vio obligado a dimitir. Aunque no ha sido condenado, si se demostró la existencia de un conflicto de intereses.

Días después, el 27 de junio, le llegaba el turno a un secretario de Estado, Jean-Marie Le Guen, en el punto de mira de la Alta Autoridad para la Transparencia de la Vida Política. Entonces al frente de las relaciones con el Parlamento, este hombre próximo a Manuel Valls infravaloró en unos 700.000 euros sus propiedades inmobiliarias, ocultando a la Hacienda francesa durante varios años el importe real de las mismas. Mediapart dio a conocer entonces que, sólo correspondiente a 2013, las autoridades le reclamaban 50.000 euros en impuestos patrimoniales.

Desde entonces, también se ha visto cuestionado en un libro de los periodistas Georges Malbrunot y Christian Chesnot, titulado Nos très chères émirs [Nuestros bienqueridos emires]. El que fuera diputado de París está acusado de querer minimizar, a través de una agencia de comunicación, las declaraciones parlamentarias críticas hacia la petromonarquía. Una polémica vergonzosa, según Le Guen, quien dijo haber presentado una denuncia por difamación y que sigue en el Gobierno. En diciembre pasado, abandonó su cargo como encargado de las Relaciones con el Parlamento para mudarse al... Ministerio de Asuntos Exteriores, donde es el responsable de Desarrollo y de la Francofonía.

“Ninguna protección para nadie”

El 4 de septiembre de 2014, François Hollande y Manuel Valls acababan de remodelar el Gobierno: hizo entonces entrada un joven diputado prometedor, ascendido al Ministerio de Economía, Thomas Thévenoud. Pero, sólo se quedará unos días por haber omitido declarar sus ingresos en 2012 y por haberlo hecho con retraso durante varios años (2009, 2010, 2011 y 2013). En un libro publicado en marzo, se mostraba convencido de que le habían echado porque Mediapart tenía “su expediente fiscal íntegro” y se disponía a publicarlo. En cualquier caso, investigábamos sus omisiones. Thomas Thévenoud será juzgado por fraude fiscal el próximo 19 de abril, cuatro días antes de la primera vuelta de las presidenciales.

Dos años y medio después, el 21 de noviembre de 2014, alguien del entorno de François Hollande, Kader Arif, se veía obligado a dejar el Gobierno. La víspera, Mediapart había revelado que las oficinas del secretario de Estado de los Veteranos habían sido registradas días antes, en el marco de una investigación preliminar abierta en septiembre sobre los mercados públicos que el Consejo Regional de Mediodía-Pirineos había concedido a los padres de Kader Arif.

El entorno del presidente de la República todavía se vio sometido a una dura prueba el 3 de diciembre de 2014. Unos de sus asesores en el Elíseo, Faouzi Lamdaoui, tuvo que dimitir al deber comparecer ante el Tribunal Correccional de París por “falsificación y uso de documentación falsificada”, “abuso de bienes sociales” y “blanqueo y utilización indebida de bienes públicos”. Acusaciones relacionadas con la gestión de dos empresas con las que estaba vinculado antes de su llegada al Elíseo. En primera instancia, el proceso fue anulado pero la Fiscalía recurrió. La fecha del nuevo juicio ha sido retrasada por un nuevo embrollo relacionado con la desaparición de los documentos de la primera audiencia.

La lista se cierra, al menos de momento, con Bruno Le Roux, también hombre próximo a François Hollande desde hace muchos años, que se vio obligado a abandonar el Gobierno cuando apenas se cumplen cuatro meses desde que llegó al cargo.

En esta ocasión también el Elíseo podrá aducir que el presidente de la República no tiene nada que ver, que no estaba al corriente (es bastante inverosímil) y que antes del caso Fillon, nadie, o casi nadie, ponía objeciones a la práctica muy extendida de contratar a familiares en la Asamblea Nacional y en el Senado. François Hollande podrá recordar también que es el artífice de dos leyes de transparencia, a veces a pesar de su propio partido, y que nunca ha sido imputado directamente, hasta la fecha, en ningún caso. Sus amigos también podrán subrayar que los casos que afectan a Nicolas Sarkozy, François Fillon y el Frente Nacional de Marine Le Pen son más graves. Que no dimitieron de ninguna de sus funciones y que dos de ellos incluso son candidatos a las presidenciales.

En el libro Un président ne devrait pas dire ça [Un presidente no debería decir eso...], Hollande decía: “En primer lugar, no hay ningún entramado, ni de financiación política, ni electoral ni personal. En segundo lugar, no se protege a nadie. En tercer lugar, la Justicia y la prensa hacen su trabajo hasta el final. En cuarto lugar, cuando una persona es investigada por la Justicia, se le agradecen los servicios prestados”. Y añadía, para justificarse mejor: “Yo, presidente de la República, nunca he sido investigado... nunca he espiado a un juez, nunca le he pedido nada a un juez, nunca me ha financiado Libia...”.

Eso no quita para que todos estos casos permanezcan como una mancha indeleble en su quinquenio, dando una imagen de una clase política desconectada de la sociedad, a veces tan segura de sus privilegios que olvida distinguir dinero público y dinero privado. Estos escándalos recuerdan una evidencia: la “República ejemplar” no se decreta, sobre todo no desde el Elíseo, símbolo de una V República carbonizada. ____________

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Traducción: Mariola Moreno

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