El espionaje en el PP de Aguirre lleva a seis personas al banquillo por malversación

La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid, Carmen Valcarce, ha acordado enviar al banquillo de los acusados por malversación a los espías a sueldo del Gobierno de la Comunidad liderado por Esperanza Aguirre, según un auto del pasado 13 de marzo. 

En concreto, la magistrada ha dictado la apertura de juicio oral contra el que entre marzo y mayo de 2008 fue director general de Seguridad madrileño, Sergio Gamón Serrano, y el hombre de confianza del anterior, el subdirector general, Miguel Castaño Grande.

Los otros procesados son los exagentes José Luis Caro Vinagre, José Manuel Pinto Serrano, José Oreja Sánchez y Antonio Coronado Martínez, que  están acusados de ser los autores del espionaje.

Los seguimientos, según ha confirmado la instrucción, tuvieron como objetivo a algunos de los políticos más destacados del PP madrileño por su oposición interna a Esperanza Aguirre y a su entonces delfín y luego sucesor, Ignacio González: el exconsejero Alfredo Prada y el exvicealcalde de la capital Manuel CoboManuel Cobo. En enero de 2013, uno de los imputados, el guardia civil José Oreja, declaró por escrito que también Alberto Ruiz-Gallardón figuraba entre los espiados.

Un jurado popular

El auto, que especifica que serán juzgados por un jurado popular, considera probado que durante los meses de marzo, abril y mayo de 2008, "los acusados, funcionarios públicos, que prestaban sus servicios en la Dirección General de Seguridad de la Comunidad de Madrid, con el fin de seguir a terceras personas, lo que no tenían encomendado, utilizaron medios públicos que tenían asignados por la Comunidad para el ejercicio de sus cargos, generando gastos indebidos".

La magistrada recuerda también que la Audiencia Provincial destacó que existen "indicios suficientes de la comisión de un delito de malversación de caudales públicos" respecto a los procesados, "los cuales realizaron seguimientos a terceras personas, actividad que no estaba dentro de su trabajo, utilizando para ello, y dentro de su jornada laboral, medios (coches, teléfonos..) que la Comunidad de Madrid ponía a su disposición para el ejercicio de sus cargos, destinando en consecuencia esos medios, y el coste que suponían, a actividades ajenas a sus respectivos trabajos".