Financiación partidos
Los partidos apoyan enviar 'mailing' conjuntos en elecciones y regular los microcréditos
La Comisión Mixta (Congreso-Senado) de relaciones con el Tribunal de Cuentas ha acordado por unanimidad reducir el coste de la subvención a envíos de propaganda electoral mediante la formación de un mailing conjunto de todos los partidos y promover una regulación de los microcréditos como fórmula de financiación de partidos políticos.
Se trata de dos de las propuestas de resolución votadas este martes en la Comisión Mixta a la vista del informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre las últimas elecciones municipales.
El mailing conjunto ya había sido reclamado por Ciudadanos ante las últimas citas electorales pero entonces tanto el PP como el PSOE y el PNV rechazaban ese mecanismo alegando que su aplicación sería técnicamente imposible.
La regulación de los microcréditos había sido pedida por Unidos Podemos, que precisamente es la formación que suele hacer uso de este tipo de fórmulas de financiación para evitar contratar créditos con entidades financieras. También el Tribunal de Cuentas había recomendado a las Cortes que adaptase la ley a estas nuevas fórmulas.
Adecuar los límites de publicidad a Internet
Según Europa Press, el Parlamento también ha acordado por unanimidad adecuar los límites de gastos en publicidad a los nuevos soportes derivados de la implantación de las Nuevas Tecnologías de Información y de la generalización de Internet.
Por el contrario, el PP ha tumbado las propuestas del PSOE para aprobar un "plan de choque" contra la financiación irregular de las campañas electorales que incluyese mayor vigilancia por el Tribunal de Cuentas para aflorar la sobrefinanciación y la expulsión de las empresas contratistas que evitan rendir cuentas ante la institución fiscalizadoras.
Por un lado, los socialistas querían que el Tribunal de Cuentas prepare alternativas, propuestas y mejoras para implantar nuevos métodos de trabajo que permitan detectar "una sobrefinanciación electoral no declarada e irregularidades de toda índole", y que pida los medios materiales y recursos humanos necesarios para "poner en marcha un 'plan de choque y lucha contra la financiación irregular de las campañas electorales'".
Inhabilitar a quien no rinda cuentas
Al Gobierno le exigía "una estrategia especial de lucha contra la financiación irregular de las campañas electorales" y que impulse las modificaciones legislativas que correspondan para que las formaciones políticas que no sometan su contabilidad electoral al Tribunal de Cuentas puedan quedar inhabilitadas para concurrir en próximas elecciones.
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El PSOE también abogaba por contrastar la contabilidad oficial de los partidos con la realidad de la campaña electoral, desautorizar a los partidos que contratan con empresas proveedoras que no rinden cuentas ante el Tribunal e inhabilitar a éstas para trabajar en campañas electorales.
Por último, el Grupo Socialista proponía incrementar el control y fiscalización a las formaciones políticas que reincidan en irregularidades de carácter electoral, exigiendo a los partidos que reintegren a sus donantes las cantidades percibidas y obligándoles a que se hagan cargo de los importes con fondos propios.
Todas las propuestas del PSOE fueron rechazadas por la comisión porque los 17 votos del PP se convirtieron en mayoría absoluta al no estar presentes ni Esquerra, ni el PNV, ni la antigua Convergencia.
