La lista negra de la esclavitud que el Gobierno de Brasil no quiere publicar

“La batalla continúa”, espeta el fiscal Thiago Cavalcanti, optimista. La víspera por la tarde, el pasado 14 de marzo de 2017, tras un complicado proceso, el Gobierno se veía nuevamente obligado a publicar la “lista negra” de los trabajos forzosos, creada en 2002 por el Ejecutivo federal y en la que figuran las empresas que emplean a personas en condiciones de esclavitud. Desde entonces, la ONU considera esta lista uno de los principales instrumentos de lucha contra el trabajo forzoso en Brasil. En este inmenso país, más de 52.000 personas han sido liberadas de la esclavitud desde 1995, pero según la ONG Walk Free Fondation todavía puede haber más de 160.000 trabajadores empleados en estas condiciones. Sin embargo, la lista, donde aparecen 349 empresas, no es del agrado del presidente en funciones Michel Temer.

La batalla a la que alude el fiscal dio comienzo en diciembre de 2014. Entonces, uno de los miembros del STF (Supremo Tribunal Federal), aprovechando que sus colegas estaban de vacaciones, daba la razón a una asociación que reagrupa a grandes grupos de construcción. Desde 2003, esta última venía denunciando que la lista vulneraba la Constitución ya que no permitía que las empresas se defendiesen antes de ser incluidas en el listado.

En mayo de 2016, la presidenta del STF Carmen Lúcia aceptaba las nuevas reglas propuestas para que una empresa entre a formar parte de esta lista negra. En lo sucesivo pueden presentar un recurso y aquéllas que acepten firman un compromiso para luchar contra los trabajos forzosos pueden dejar la lista con mayor facilidad... “Hemos dado muestras de buena voluntad, pero no ha sido suficiente. Han querido ir a la guerra”, afirma Xavier Plassat, miembro de la CPT (Comisión Pastoral de la Tierra) y de Reporter Brasil, dos organizaciones que trabajan en contra de los trabajos forzosos.

Para entonces, a mediados de 2016, la presidenta Dilma Roussef ya no llevaba las riendas. Apartada de su cargo y a la espera de su destitución definitiva seis meses después, ya no gobierna. Mientras se producía la transición, Temer instaba al Ministerio del Trabajo que no divulgase la “lista negra”. Desde septiembre, tras ser confirmado como presidente en funciones, sigue bloqueando su publicación. Fue entonces cuando el Ministerio Público, independiente del Gobierno, entra en escena para reclamar que se aplique la ley y logra que un tribunal administrativo obligue al Gobierno a hacer pública la lista el 31 de enero de 2017.

Sin embargo, el Ministerio del Trabajo volvía a recurrir y, en el último momento, el presidente del TST (Tribunal Superior del Trabajo), Ives Gandra Martins Filho, sentenció a favor del Gobierno. Ives Gandra Martins Filho es muy conservador y pertenece al entorno de Michel Temer. Hasta el punto de que hay rumores que dicen que la orden surge directamente del presidente en funciones. “Todo eso no es más que política, no se basa en argumento técnico alguno”, señalan personas conocedoras del caso. Michel Temer anunciaba entonces la creación de un grupo de reflexión que dispondrá de 120 días para alcanzar un acuerdo. En realidad es una nueva maniobra para para que el Gobierno, que trabaja contrarreloj, gane tiempo. El presidente, en funciones desde septiembre de 2016, dejará el cargo a finales de 2018.

Pero la decisión del TST no ha respetado el proceso, por lo que fue anulada el 15 de marzo. De modo que, el 16 de marzo, la lista tendría que haberse hecho pública so pena de 10.000 reales diarios de multa. Pero el Gobierno de Temer no quiere saber nada.

La “lista negra” es una herramienta primordial en la lucha contra el trabajo esclavista. Un miembro de un grupo de inspectores laborales explica que “es la punta de lanza” de su lucha. “Se trata de un complemento indispensable en nuestra acción sobre el terreno”. En efecto, el trabajo esclavista depende del derecho laboral y, en Brasil, no se pueden imponer penas de cárcel: el infractor debe abonar las sumas adeudadas a los trabajadores, en caso de que oficialmente dispusiese de ellos. La sanción es poco disuasoria ya que la dada la inmensidad del territorio los controles son escasos. “Además, desde hace unos años, nuestras efectivos se han visto reducidos. Llegamos a tener más de diez equipos operacionales y ahora sólo disponemos de cuatro”, prosigue el inspector de trabajo.

A algunas empresas poco escrupulosas, les compensa seguir contratando a hombres, que pagan por el material, la comida y que se ven inmersos en la espiral de la esclavitud. A veces, los empleados ni siquiera necesitan estar sometidos a vigilancia ni verse aislados en el bosque. Ni siquiera son conscientes de que las condiciones laborales en que están son inhumanas y sus horarios, tremendos.

La Presidencia y los lobbies del agronegocio o de la construcciónlobbies

Las empresas citadas temen la publicidad negativa que les supone aparecer en la la lista. Doca, exesclavo, recuerda muy bien la granja Volkswagen, donde durante más de seis meses fue explotado en el Estado de Pará, al norte del país. “Nos trataban como a escoria. Explotaban a los enfermos y mataban a los que quería escaparse”. También él consiguió huir con la complicidad de un vigilante, justa antes de que la fazenda cerrase sus puertas. “Cuando las atrocidades salieron a la luz, Volkswagen no quiso ver asociado su nombre a estos delitos y retiró toda su inversión. Todo eso sucedió en los 80, pero la lista hace oficial esta denuncia pública y ¡la hace mucho más eficaz!”.

Sobre todo porque los bancos consultan la lista en el momento de conceder un préstamo y son mucho más reticentes a otorgarlo si una empresa es pillada en flagrante delito de esclavitud. Esta transparencia también beneficia a las empresas, que pueden comprobar si sus subcontratas practican la esclavitud antes de firmar un contrato. Pero los grupos conservadores que apoyan al Gobierno muestran sus reticencias a cualquier regulación del mercado laboral.

Las asociaciones que reagrupan a las grandes empresas siempre quieren más garantías y reclaman aparecer en la lista solo después de ser condenadas por la Justicia. Algo absurdo, nos reconocen off the record: “Brasil fue sancionado en 2015 por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por no condenar a uno de los principales criadores de ganado del país, que fue sorprendido cometiendo un delito de explotación a 200 trabajadores. Nunca nadie fue condenado”. El Ministerio del Trabajo se manifiesta en la misma línea que estas asociaciones y pide cautela: “Eventuales inclusiones injustificadas pueden llevar a graves injusticias con terribles consecuencias para los ciudadanos y las empresas, redundando en un aumento del paro todavía mayor”.

Los argumentos de los grandes grupos y del Ministerio del Trabajo son los mismos y no es por casualidad. El Gobierno de Temer goza del apoyo de la patronal que, en su mayoría, apoyó el impeachment. “Temer está devolviendo el favor”, explica Xavier Plassat. “Los lobbies del agronegocio o de la construcción siempre han sido bien recibidos en el palacio presidencial pero hasta ahí, los ministros del Trabajo oficialmente apoyaban siempre la lucha contra la esclavitud. Es un precedente peligroso”. Sin embargo, matiza: “La mayoría de las empresas están contra la esclavitud, pero son los lobbies los que presionan al Gobierno para flexibilizar al máximo la legislación”.

Esta disputa en torno a la lista suja no es la única tentativa de la bancada ruralista, los diputados que defienden los intereses del agrobusiness. “Después de 20 años de lucha eficaz contra los trabajos forzosos, los infractores han aprendido a esconderse mejor y han confiado sus intereses a parlamentarios que tratan de cambiar la ley”, explica. A finales de 2015, algunos diputados intentaron ya ofrecer una nueva definición del trabajo de esclavo, completamente extemporáneo. “Si hubiera salido adelante, habría sido el final porque no habríamos podido constatar la existencia de trabajos forzosos salvo que las personas estuvieran encadenadas cuando, en la práctica, las cadenas no son necesarias”, sigue Xavier Plassar. “Pero este proyecto todavía circula en el Parlamento y puede resurgir en cualquier momento. Hay que estar muy atentos”.

El presidente en funciones puede contar con el apoyo de los más conservadores, sobre todo de Ivan Gandar Martins, presidente del TST, que llegó a ser propuesto para entrar en el STF. También puede contar con Gilmar Mendes y Alexandre Moraes, también amigos de toda la vida y miembros del STF. En el seno del Gobierno, se hace oír una voz disonante que procede de la secretaria por los derechos humanos Flavia Povesan. “No hay nada oficial. Nos asegura que se está moviendo para hacerlos cambiar de opinión, pero no puede permitirse mostrar su desacuerdo públicamente o será suspendida”, lamenta Xavier Plassat.

Tras la reciente decisión judicial, el fiscal Cavalcanti se muestra más bien optimista. “Todavía queda un largo recorrido jurídico antes de que se dicte la sentencia final, pero mientras, el Gobierno ha de publicar esta lista. Si a pesar de las multas, se niega a acatarla, habrá que denunciarlo ante las instituciones internacionales, que es lo único que les da miedo. Brasil es muy sensible a su imagen en el exterior”. Sin embargo, mientras, la lista sigue sin hacerse pública. Y el clima político muy inestable no tranquiliza a nadie. “La balanza va a inclinarse de un lado o del otro, pero ellos van a sacar tajada tanto como puedan”, señalan fuentes del Gobierno federal.

Los que trabajan contra la esclavitud están aterrados: “Es terrible simbólicamente. Aunque el Gobierno haya sido desautorizado esta vez, envía un mensaje terrible a todos los que explotan a la gente. Ya existen problemas para que se intensifiquen los controles y ahora nos encontramos con prácticamente un llamamiento para cometer un delito. La influencia de las empresas es muy fuerte, sobre todo las que se ocupan de las construcciones sociales, que reciben adjudicaciones Gobierno y que han sido sorprendidas cometiendo un delito de explotación de los trabajadores. Nada nuevo, dice un inspector laboral, pero este Gobierno es más sensible a este tipo de presiones.

Asegura que desde la llegada al Gobierno de Michel Temer, empieza a notar tentativas de intimidación en su trabajo “Hemos encontrado esclavos en la granja de un diputado federal muy conocido. Ha pedido no ser incluido en la lista que tenemos que publicar. Nos hemos negado y las presiones han empezado, aunque no hemos cedido. El ministro del Trabajo entró en escena y la empresa ha desaparecido”. Para él, la situación es inédita: “Nunca nos han echado flores, ni siquiera con los otros Gobiernos. Cuando denunciábamos granjas de diputados, por ejemplo, a algunos les rechinaban los dientes, pero es la primera vez que un Gobierno ni siquiera se molesta en defender la lucha contra los trabajos forzados”. _______________

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Traducción: Mariola Moreno

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