El Gobierno incumple sus obligaciones legales con la UE: tiene pendiente de transponer 78 directivas europeas

Al Gobierno se le acumula el trabajo para adaptar la legislación nacional a las directivas de la Unión Europea (UE). A fecha de 16 de marzo de 2017 son 78 las directivas comunitarias pendiente de transponer por España. Así consta en una respuesta parlamentaria por escrito al diputado del PDeCAT, formación integrada en el Grupo Mixto, Carles Campuzano.

La respuesta al parlamentario va acompañada de una tabla en la que desde la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes se desglosa cada una de las directivas pendientes de incorporar al ordenamiento jurídico nacional. Por años, España tiene que adaptar una directiva de 1998, cinco de 2013, 23 de 2014, 18 de 2015, 28 de 2016 y 3 del año en curso.

Los países de la UE disponen de cierto margen de maniobra a la hora de incorporar las directivas a sus respectivas legislaciones. Pero, como regla general, la transposición debe producirse en el plazo máximo de dos años. Por tanto, en una treintena de casos el Gobierno ya ha superado ese límite temporal para cumplir sus obligaciones legales e incorporar la normativa europea al ordenamiento español. Entre 2012 y 2015, Mariano Rajoy tuvo mayoría absoluta para transponer las normas sin mayores problemas parlamentarios.

Fuentes de lasecretaría de Estado para la Unión Europeaconsultadas por infoLibre sostienen que "en la mayor parte de los casos" España está dentro de los plazos legales para la adecuación de la legislación comunitaria a la nacional y achacan al largo periodo de Gobierno el funciones la cantidad de trabajo acumulado. En estos momentos, destacan, se está analizando qué tipo de mecanismos legislativos requiere cada una de las transposiciones para ir aprobando las diferentes normativas.

La urgencia de un Gobierno con plenas funciones para, entre otros asuntos, culminar los procesos de transposición de directivas comunitarias fue uno de los argumentos a los que más recurrió el equipo de Rajoy en el largo periodo de Gobierno en funciones que siguió a las elecciones generales de diciembre de 2015. 

El 28 de julio pasado, tras las segundas elecciones generales en menos de un año, el propio Rajoy señalaba que estaba dispuesto a "explorar la posibilidad de un gobierno en minoría" siempre que los grupos parlamentarios no bloqueasen "cuestiones tan urgentes e importantes", entre las que citó la transposición de las directivas comunitarias.

No obstante, fue la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en sus últimos meses al frente de la portavocía del Ejecutivo quien más insistió en la necesidad de España se pusiese al día con sus obligaciones comunitarias. 

"Déficits muy pequeñitos"

"España en estos últimos cuatro años ha estado en el momento mejor de transposición de directivas y en unos déficits muy pequeñitos. Se han hecho las cosas muy bien. Tenemos unas obligaciones con la Unión Europea que, si esto se alarga, tendremos que saber resolver", subrayaba Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 4 de marzo de 2016.

Meses después, el 29 de junio, Moncloa informaba en una nota posterior a una reunión preparatoria del Consejo de Ministros de la existencia de diecinueve directivas comunitarias que necesitaban de transposición con rango de ley y, que por tanto, sería conveniente trasladar al ordenamiento español a la mayor brevedad, una vez constituidas las nuevas Cortes e investido un nuevo Gobierno. "Los Ejecutivos", subrayaban, no tienen capacidad de remitir proyectos de ley al Parlamento mientras están en funciones.

¿Qué ocurre cuándo un país no transpone una directiva en tiempo y forma? En estos casos, la Comisión puede incoar un procedimiento de infracción e instruir un procedimiento contra el país en cuestión ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). La sentencia que sea consecuencia del incumplimiento puede suponer una condena en forma de multa al Estado infractor.

En los últimos meses, el Gobierno español ya ha recibido varias advertencias de la Comisión Europea relacionadas con la aplicación de legislación comunitaria.

En el paquete del pasado febrero de procedimientos por incumplimiento se advertía a España, entre otros Estados miembros, a aplicar "las normas de la UE sobre los denunciantes de irregularidades".

En concreto, el requerimiento está relacionado con la directiva de ejecución 2015/2392, "sobre el reglamento sobre el abuso de mercado: comunicación de posibles infracciones o infracciones reales a a las autoridades competentes". 

La citada directiva, que según la Comisión Europea (CE) tenía que haber sido transpuesta antes del 3 de julio de 2016, aparece como pendiente en el listado facilitado por el Gobierno al diputado Campuzano.  

España recibió el pasado septiembre una carta de emplazamiento, según informó la Comisión el pasado febrero. Desde la institución se daba un plazo de "dos meses" con la advertencia de que, si no cumplía en ese plazo, podía ser llevada ante el TJUE.

Ciudadanos ha llevado al Congreso de los Diputados una ley para la protección de los denunciantes de escándalos de corrupción.

Mientras, el pasado diciembre, la Comisión remitió un dictamen motivado a España y otros países para que notifiquen la plena transposición de la Directiva sobre productos del tabaco (2014/40). "Dicha Directiva tiene por objeto mejorar el funcionamiento del mercado interior de los productos del tabaco y productos afines, garantizando al mismo tiempo un nivel elevado de protección de la salud de los ciudadanos europeos", informaba. Y exigía la transposición de sus disposiciones al derecho nacional a más tardar el 20 de mayo de 2016. "Los Estados miembros disponen de dos meses para notificar a la Comisión las medidas adoptadas para corregir la situación; de lo contrario, la Comisión Europea podría decidir llevar estos asuntos ante el Tribunal de Justicia de la UE", advertía la Comisión.

"Cualificaciones profesionales"

En un informe fechado en septiembre de 2016, la Comisión Europea instaba a España, junto a otros 13 Estados de la UE, a transponer la normativa sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales. Se trata de la directiva 2013/55, iniciativa que también figura en el listado de 78 facilitadas por el Gobierno.

La CE aseguraba no tener noticia de la incorporación completa de la directiva "al ordenamiento jurídico nacional". Y daba un plazo de dos meses para hacerlo efectivo antes de estudiar acciones judiciales.

Otro ejemplo de los apercibimientos de las instituciones europeas a España por la no transposición de la legislatura comunitaria lo encontramos el pasado julio, cuando Rajoy buscaba apoyos para ser investido presidente del Gobierno. La Comisión demandó a España y a otros ocho socios que adaptasen sus ordenamientos jurídicos a la directiva 2014/60. Es, según el cuadro facilitado por el Gobierno, la "relativa a la restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro.

Durante la XI corta Legislatura, el Ejecutivo achacó a la prolongación de su etapa en funciones el hecho de que estas iniciativas estuviesen bloqueadas. Los Gobiernos en funciones tienen limitadas sus funciones legislativas.

Por lo general, las transposiciones se articulan vía real decreto o proyecto de ley. No pasa inadvertido que el Gobierno, en minoría parlamentaria, puede encontrarse con el freno del Parlamento en aquellas iniciativas más polémicas. 

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Recientemente, Rajoy fue testigo de cómo el Congreso derogaba el real decreto de liberación del sector de la estiba, una exigencia de la Unión Europea en sentencia fechada en diciembre de 2014.

La reacción de Rajoy fue advertir a los partidos de que su 'no' al real decreto"rompe las reglas del juego" porque el Parlamento de un "gran país" como España "no puede decir por mayoría que no quiere cumplir una sentencia de los tribunales europeos". Algo que, a su entender, afectaba al "prestigio" y al "crédito" de España.

Con este rechazo del Parlamento, Rajoy se anotó su primer gran fracaso parlamentario y poco común en las iniciativas que parten del Gobierno. Para buscar un precedente de lo ocurrido hay que retroceder hasta 1979. Gobernaba Adolfo Suárez. El 6 de febrero era rechazado el Real Decreto ley 1/1979 por el que se prorrogaba "la actuación de la Junta Central de Acuartelamiento".