El abogado del expresidente de Murcia arremete contra el fiscal: el nuevo delito que investiga "carece de fundamento legal"

El abogado del expresidente de la Región de Murcia Pedro Antonio Sánchez ha enviado un escrito al juez que investiga el caso Auditorio en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM), Julián Pérez-Templado, en el que arremete contra el fiscal delegado de Anticorrupción en esta Comunidad, Juan Pablo Lozano, en el que asegura que el nuevo delito de fraude en las subvenciones que investiga no tiene fundamento legal en el caso Auditorio.

"Llama además poderosamente la atención que se presenten como de nuevo descubrimiento en base a las manifestaciones Pedro Antonio Sánchez hechos conocidos desde el inicio de las actuaciones, relatados en las querellas, referidos en pruebas documentales y periciales aportadas, sobre las que ya se han practicado diligencias a lo largo de las actuaciones, y se vuelvan a solicitar pruebas y se mencionen nuevos delitos que carecen de fundamento legal y jurisprudencial", argumenta el letrado Francisco Martínez-Escribano, que pide que no pidan las pruebas reclamadas por el Ministerio Público.

El letrado acusa al fiscal Lozano, "después de dos años de instrucción" y después de que las defensa pidieran el sobreseimiento de la causa, "y una vez conocidos por el Ministerio Fiscal los argumentos frente a la principal acusación que se había formulado, ahora se pretenda dar la vuelta al argumento, y lo que es causa de desestimación de una acusación se quiera hacer valer como sostén de otra contradictoria", según indica el escrito al que ha tenido acceso infoLibre.

"Dos años de instrucción"

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Martínez-Escribano también rechaza la argumentación que utiliza el fiscal para pedir nuevas diligencias al juez Pérez-Templado, que justificó la solicitud de más documentación al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras para determinar la propiedad de los terrenos en los que se construyó el auditorio tras la declaración del expresidente murciano como investigado: "El Ministerio Fiscal presenta la solicitud de prácticas de nuevas pruebas, después de casi dos años de instrucción, en base al parecer las declaraciones de Pedro Antonio Sánchez. Pero dicha manifestación no responde a la realidad de lo instruido".

El defensor de Pedro Antonio Sánchez tampoco ve un posible delito de fraude en las subvenciones, hacia el que apunta el escrito del fiscal, cuando asegura que aceptó una subvención para unos terrenos, pero que sin embargo el auditorio se construyó en otros: "En ningún momento Pedro Antonio Sánchez ha afirmado que los terrenos de Rambla de Nogalte fuera propiedad del Ayuntamiento, y en ningún momento aparece la acreditación de la propiedad de los terrenos como requisito para la concesión de la subvención", completa el letrado.

Asimismo, Sánchez defiende que los 6 millones de euros de subvención que otorgó al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, entonces encabezado por Pedro Antonio Sánchez, tenía como finalidad la construcción de una infraestructura cultural: "Entendemos que los indicios sobre fraude de subvenciones no existen, puesto que los fondos han tenido siempre la finalidad de un uso cultural, al que han sido dedicados; no es precisa la titularidad de los terrenos para la concesión de la subvención", completa el escrito.