Corrupción
Todas las "ranas" de Aguirre
Esperanza Aguirre aseguró en julio de 2014 que había nombrado en treinta años de carrera política a "centenares de personas" y que solo dos, Alberto López Viejo, procesado en el caso Gürtel, primero; y Francisco Granados, en prisión por su implicación en la operación Púnica, después; le habían "salido rana". "Me salieron rana y me traicionaron", lamentó entonces en una entrevista en la Cadena Ser. Insistió en la misma idea en febrero de 2016, poco antes de renunciar al cargo de presidenta del PP de Madrid.
Este lunes, al anunciar su dimisión tras ser encarcelado el expresidente regional Ignacio González, aseguró de nuevo sentirse "traicionada" aunque, en esta ocasión, por el que fuera su delfín, su sucesor en la Comunidad de Madrid. Sin embargo... López Viejo, Granados y González no son las únicas "ranas" con las que se ha cruzado Aguirre en su dilatada trayectoria política. infoLibre detalla continuación quiénes son todos esos garbanzos negros:
Caso Lezo
Ignacio González. El que fuera,hasta 2015, presidente de Madrid por el PP ha sido la última "rana" con la que se ha topado Aguirre. El juez Velasco investiga si González habría pedido a la Agencia de Informática y Comunicación (ICM) un millón de euros para sanear las cuentas del PP de Madrid; el cobro de una comisión a OHL de 1,4 millones por unas obras del tren en Navalcarnero; las irregularidades en la adjudicación del campo de golf en Chamberí y la compra de la sociedad brasileña Emissao, que supuso el desvío de 25 millones de dólares (23,3 millones de euros) del patrimonio público madrileño y se realizó "a través de cuentas no autorizadas en paraísos fiscales".
Operación Púnica
Francisco Granados. La primera vez que Aguirre recurrió a la expresión de las "ranas" fue en noviembre de 2014, pocos días después de ver cómo su exsecretario general en el partido y uno de los hombres a los que más responsabilidades le había encomendado entraba en la cárcel. En esta macrocausa de Púnica, de la que Granados es considerado el cerebro, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investiga el amaño de contratos por un importe de 250 millones de euros en distintas administraciones.
Beltrán Gutiérrez. Exgerente del PP madrileño. El juez Velasco le investiga por delitos de cohecho y blanqueo de capitales por facilitar la presunta financiación irregular del partido en conexión con esta trama. En la primera ocasión en la que declaró, en febrero de 2016, el magistrado disponía de "potentes indicios y datos objetivos" de que Granados "recibió dinero para la posible financiación del PP" y empleó al exgerente como enlace.
Salvador Victoria. La investigación de este caso de corrupción situó al que fuera número dos del Gobierno madrileño, Salvador Victoria, como uno de los ejes de la trama de cobro de comisiones a cambio de contratos en la Comunidad. El sumario del caso incluía una declaración en la que el que fuera consejero delegado de la Agencia de Comunicación de la Comunidad de Madrid (ICM), José Martínez Nicolás, asegura que Victoria ordenó cobrar 120.000 euros en negro a la empresa Indra, y también habría entregado 10.000 euros en B a De Pedro. El exconsejero de Presidencia siempre ha negado los hechos.
Lucía Figar. Ocupó las consejerías de Inmigración y Educación entre 2005 y 2015. Según el juez que investiga la trama Púnica contrató supuestamente servicios de las empresas Madiva y Eico –propiedad del empresario De Pedro, uno de los cabecillas de la trama– por un coste total de 80.000 euros entre 2012 y 2014. Estos contratos tenían como objetivo el posicionamiento de las noticias que afectaran a la consejera en internet y la creación de una página web que divulgase en el extranjero los estudios universitarios que pueden seguirse en Madrid.
José Ignacio Echeverría. El exconsejero de Transportes en la época de Aguirre y expresidente de la Asamblea de Madrid fue interrogado el pasado marzo en calidad de investigado en relación con la pieza secreta sobre la presunta financiación irregular del PP de Madrid abierta por el juez que investiga la trama Púnica. Echeverría había dimitido en diciembre de 2015 tras ser pillando al volante triplicando la tasa de alcoholemia.
Agustín Juárez. Exalcalde de Collado-Villalba (2011-2014). Él es uno de los regidores a los que Aguirre aseguró no conocer en la comparecencia ante los medios en la que, en octubre de 2014, valoró la detención de Francisco Granados. "A estos alcaldes ni los conozco", dijo. Pero las imágenes la desmintieron. Una simple búsqueda en el Flickr del PP madrileño permitía localizar instantáneas de Aguirre con Juárez. En noviembre de 2011, por ejemplo, se podía ver a ambos con la exministra de Sanidad Ana Mato y el presidente del Senado, Pío García-Escudero. Meses antes, ambos aparecían en otra foto junto al ahora eurodiputado Esteban González Pons.
Trama Gürtel
Alberto López Viejo. Concejal de Limpieza de la capital (1999-2003) y viceconsejero de presidencia y consejero de Deportes de la Comunidad (2004-2009) con Aguirre. López Viejo cayó pocos días después de que su exjefa pusiera la mano en el fuego por él. Ocurrió el 9 de febrero de 2009, recién estallado el caso Gürtel, un escándalo que todavía sacude los cimientos del partido de Rajoy. Durante sus años en la Comunidad de Madrid ayudó supuestamente a otorgar la organización de eventos a empresas de Correa, cabecilla de la red, por un total de 6,4 millones, por lo que recibió 229.000 euros. Se enfrenta a 46 años de prisión y una multa de 14,5 millones de euros.
Jesús Sepúlveda. Exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) entre 2003 y 2009 y exmarido de la ministra de Sanidad Ana Mato. Fue imputado por su presunta implicación en Gürtel y expulsado del PP en 2013. Según la Agencia Tributaria, Sepúlveda recibió solo en metálico 477.090 euros entre los años 2002 y 2005 de esta trama corrupta. La Gürtel también regaló a su familia viajes turísticos, artículos de lujo y eventos familiares particulares, como fiestas de cumpleaños con payasos que costaron más de 62.000 euros.
Alfonso Bosch Tejedor. Otro de los dirigentes nombrados por Aguirre que se vio implicado en esta trama fue el exdiputado regional Alfonso Bosch Tejedor, que se sumó a la ofensiva iniciada por Francisco Correa en marzo de 2013 para intentar acabar con el caso. Según la Fiscalía, recibió un cobro de 941.652 euros por parte de la trama de Correa.
Arturo González Panero. Exalcalde de Boadilla del Monte (1999-2009). La Fiscalía cree que percibió pagos o regalos por parte de la trama por valor de 1,8 millones que ocultó, como otros acusados, en cuentas abiertas en sucursales bancarias suizas abiertas a nombre de sociedades panameñas.
El fiscal jefe de Anticorrupción tapó en 2009 el escándalo del campo de golf adjudicado por González
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Guillermo Ortega. Exalcalde de Majadahonda (2001-2005). La Fiscalía lo acusa de apoderarse de fondos públicos de ese municipio en connivencia con Correa quien, a través de sus empresas, emitió facturas falsas por servicios municipales adjudicados irregularmente. Por ello, La Fiscalía Anticorrupción pide 50 años y cuatro meses de prisión por varios delitos, entre ellos, cohecho, malversación o blanqueo de capitales.
Benjamín Martín Vasco. Pese haber negado en un principio su relación con la Gürtel, a Martín Vasco, que fue diputado en la Asamblea de Madrid y también ocupó diversos cargos en el Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid), un informe de Hacienda le atribuyó la propiedad de una sociedad que recibió 150.000 euros de la empresa de Correa. La transferencia se produjo meses después de que este ayuntamiento adjudicara unas parcelas a Martinsa, cuyo propietario está acusado de pagar 13 millones euros al cabecilla de la red por su intermediación en esta operación.
Carlos Clemente. Exviceconsejero de Inmigración en la etapa de Aguirre. La Fiscalía Anticorrupción señala en su escrito de acusación que no sólo favoreció a Correa desde ese departamento "dada la relación personal", adjudicando servicios, autorizando y justificando personalmente el pago de facturas, sino que también recibió comisiones por algunos actos. Según indica, el exconsejero recibió en 2006 de la trama 13.600 euros, tal y como apuntó el presunto contable de la red, José Luis Izquierdo.