Los ingresos de la empresa que no investigó Moix crecieron un 1.858% tras quedar bajo control de la familia González

Ignacio González y su familia se lucraron con la construcción y explotación de un campo de golf adjudicado por el Canal de Isabel II, según consta en el auto del magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco por el que envió a prisión al expresidente madrileño. La sociedad clave en esa operación presuntamente corrupta se llamaba Tecnoconcret. En dos denuncias y una querella contra González presentadas en los años 2007, 2009 y 2010, los denunciantes pidieron expresamente que se investigase a Tecnoconcret. El entonces fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, archivó las dos denuncias y se opuso a la admisión a trámite de la querella.

El envío de un simple oficio a la Agencia Tributaria o una consulta de las cuentas presentadas por Tecnoconcret en el Registro Mercantil habrían permitido a la Fiscalía de Manuel Moix detectar el siguiente dato: desde que el administrador único de Tecnoconcret se convirtió en socio del hermano y del cuñado de Ignacio González, los ingresos de la sociedad crecieron un 1.858%.

Y la práctica totalidad de esos ingresos estaban relacionados con el campo de golf de Chamberí, adjudicado por el Canal de Isabel II que entonces presidía el propio Ignacio González, quien además era el número dos de Esperanza Aguirre en el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Una empresa desconocida

Tecnoconcret se constituyó el 29 de mayo de 2003. Como socios fundadores aparecen José Antonio Clemente Martín, que fue nombrado administrador único, y su esposa. Como objeto social declaraba “trabajos de ingeniería”. Y la sede de la compañía se fijó en el domicilio particular del matrimonio.

En sus tres primeros ejercicios, Tecnoconcret es una empresa con una actividad muy escasa. Declara tener un trabajador fijo en plantilla, al que abona una nómina exigua, ya que los gastos de personal son los siguientes: 7.548 euros en 2003, 8.634 euros en 2004 y 8.911 euros en 2005.

Los ingresos también son reducidos en los primeros años de vida de la compañía: el importe neto de la cifra de negocios se sitúa en 18.527 euros en 2003, 74.002 euros en 2004 y 95.336 euros en 2005. Por tanto, en el periodo 2003 a 2005, la cifra de negocios total asciende a 187.865.

Todos estos datos –la sede social en un domicilio particular, la baja cifra de ingresos y que sólo tenga un trabajador en plantilla– son propios de un autónomo que crea una sociedad para operar a través de ella.

Socio de la familia González

La situación para Tecnoconcret cambia de forma drástica en 2006. El 21 de junio de aquel año, José Antonio Clemente Martín funda otra empresa junto a dos socios: Pablo González y José Juan Caballero, hermano y cuñado del entonces vicepresidente madrileño. La nueva sociedad se llama Tamanaco 07 Consulting y el accionariado se distribuye a partes iguales entre los tres socios. El objeto social era “la promoción y explotación de instalaciones deportivas”. Pablo González también está en prisión por la operación Lezo y su cuñado logró evitar la cárcel tras pagar una fianza de 100.000 euros.

Un mes después, el 19 de julio de 2006, el consejo de administración del Canal de Isabel II –presidida por Ignacio González– modifica el proyecto que había sido aprobado tres años para convertir la zona de los antiguos depósitos de agua en un parque público. La nueva zona verde de uso público se reduce de 80.000 a 33.746 metros cuadrados mientras que la zona deportiva y las edificaciones complementarias pasan de 5.156 a 58.849 metros cuadrados. En esa zona deportiva se destina una superficie de 44.094 metros cuadrados para un campo de golf.

La construcción de las instalaciones deportivas se había adjudicado a ACS, que presidía Florentino Pérez. Y una de las empresas del grupo, Dragados, contrató para la instalación del césped del campo de golf del Canal curiosamente a Tecnoconcret. En otras palabras: una de las principales constructoras de España decide contratar para esa obra a una compañía que tiene un empleado, cuya sede social está en un domicilio particular, que carece de toda experiencia previa en el terreno de las instalaciones deportivas, que apenas tiene actividad y que carece de conocimientos técnicos para realizar el trabajo que se le encarga. Pero, eso sí, se trata de una sociedad que tiene como administrador único al socio del hermano y del cuñado de Ignacio González, que es precisamente quien ha decidido cambiar el proyecto del Canal para instalar allí un campo de golf de nueve hoyos en vez del parque público previsto.

Los ingresos se disparan

Según consta en el auto del magistrado Eloy Velasco, Dragados pagó a Tecnoconcret 3,26 millones de euros en los años 2006 y 2007. Como esta compañía no podía abordar la instalación del césped subcontrató los trabajos a otra sociedad, denominada Only Golf Planning and Design, a la que abonó 2,68 millones. Es decir, simplemente por actuar como intermediaria en la operación, Tecnoconcret se embolsó 578.000 euros.

Las cuentas presentadas por la compañía en el Registro Mercantil de Madrid certifican que los ingresos se dispararon de forma meteórica. El importe neto de la cifra de negocios alcanzó 1.423.395 euros en 2006 y 1.658.181 euros en 2007. La suma de ambas cantidades es inferior a los 3,26 millones que cita Eloy Velasco porque en el Registro Mercantil se declara la cifra neta, mientras que el magistrado solicitó las ventas declaradas a la Agencia Tributaria a través del modelo 347, donde se consigna el importe bruto (con IVA). En 2008, el importe neto de la cifra de negocio de Tecnoconcret se situó en 597.892 euros.

En definitiva, en los tres primeros años de vida de la compañía, cuando José Antonio Clemente aún no se había convertido en socio de la familia González, Tecnoconcret tuvo unos ingresos netos totales de 187.865 euros. Y en los tres años siguientes, ya como socio de los González, la cifra de negocios se elevó a 3.680.008 euros. Lo que significa que los ingresos netos de Tecnoconcret crecieron un 1.858% después de que su administrador único se convirtiese en socio de la familia del vicepresidente. Y la práctica totalidad de esos ingresos estaban relacionados con las instalaciones del campo de golf del Canal, que se construyó por decisión de Ignacio González.

El fiscal no investigó

La decisión del Canal de Isabel II –la principal empresa pública de Madrid– de instalar un campo de golf donde estaba previsto un parque público despertó una importante oposición entre los vecinos del barrio de Chamberí. Entre otras iniciativas, como explicó este miércoles infoLibre, presentaron dos denuncias ante la Fiscalía y una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra Ignacio González.

Las dos denuncias y la querella tenían un elemento en común: colocaban a Tecnoconcret en el centro de la trama y pedían que se investigase a esta empresa, después de que Tiempo y Público desvelasen todos los datos clave sobre su relación con la familia González.

Manuel Moix, entonces fiscal jefe de Madrid y ahora fiscal jefe de Anticorrupción, archivó la primera denuncia en junio de 2007. Lo hizo en tres días hábiles, sin practicar ni una sola diligencia y mediante un decreto de 11 líneas. En aquel momento, Tecnoconcret ya había presentado ante la Agencia Tributaria el modelo 347 correspondiente al año 2006 –con la relación de todas las compras y ventas de la empresa por un importe superior a 3.005 euros–, donde constaba que había sido contratada por Dragados. Con un simple oficio enviado a Hacienda, Moix podría haber descubierto ese dato.

La segunda denuncia la archivó Manuel Moix en octubre de 2009. La asociación denunciante, Parque Sí en Chamberí, solicitó en esta ocasión expresamente que se solicitase a la Agencia Tributaria el modelo 347 de Tecnoconcret. En el decreto de archivo, que al igual que en 2007 firmó el propio Moix, no se hace mención alguna a la práctica de las diligencias solicitadas por los denunciantes.

Para entonces, todos los datos relevantes sobre la adjudicación del campo de golf del Canal ya figuraban en la Agencia Tributaria y en el Registro Mercantil de Madrid. Con la información que era de dominio público y dirigiéndose a esos dos organismos, es decir, realizando una investigación mínima y sencilla, el fiscal Moix sabría:

1. Que el Canal de Isabel II, empresa presidida por Ignacio González, decidió en julio de 2006 cambiar el proyecto diseñado para regenerar la zona que ocupaban los antiguos depósitos de agua y construir un campo de golf donde iba a ir un parque público.

2. Que la instalación del césped del campo de golf se adjudicó a una sociedad –Tecnoconcret– que tenía un empleado, carecía de experiencia en el sector y no tenía capacidad para abordar la obra.

3. Que el administrador único de Tecnoconcret era el socio del hermano y del cuñado de Ignacio González.

4. Que los ingresos de Tecnoconcret habían mejorado un 1.858% desde que su administrador único era socio de la familia González.

5. Que prácticamente la totalidad de los ingresos de Tecnoconcret procedían del campo de golf del Canal, un proyecto decidido y aprobado por Ignacio González.

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Lo que hizo Manuel Moix fue archivar esta segunda denuncia, mediante un decreto de cinco páginas, en el que se afirmaba que no existía “indicio o rastro alguno que permita, siquiera, la más leve sospecha de que se hubiera producido algún tipo de sugerencias, insinuaciones, presiones o similar por parte del vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid, a fin de que las decisiones adoptadas lo fueran en un determinado sentido”.

Un año después, en 2010, la asociación Parque Sí en Chamberí presentó una querella contra Ignacio González por la comisión de cuatro posibles delitos en relación con la adjudicación del campo de golf. La Fiscalía de Madrid, dirigida por Manuel Moix, evacuó un informe oponiéndose a la admisión a trámite de la querella. Los argumentos que utilizaba eran los mismos que había suscrito Moix en su decreto de archivo de 2009. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidió no admitir a trámite la querella. Como es obvio, todos los datos que ya se conocían en 2009, también se podrían haber descubierto mediante una sencilla investigación judicial en 2010. Los querellantes también solicitaron expresamente que se pidiera a la Agencia Tributaria el modelo 347 de Tecnoconcret. Pero su solicitud no fue atendida.

infoLibre ha intentado, en reiteradas ocasiones, conocer la versión de Manuel Moix sobre su actuación en este caso. El fiscal jefe de Anticorrupción se ha negado a contestar a las preguntas planteadas por este periódico.