El abogado de la acusación de los extrabajadores de Telemadrid: "No hay forma de saber el destino del dinero que pagó González"

El abogado Javier Carnerero, como representante legal primero del Sindicato Unificado de Policía (SUP), y después de la Asociación de Afectados por el ERE de Telemadrid, ha sido la persona que desde un principio ha mantenido la acusación popular sobre la compra irregular por parte de Ignacio González del ático de lujo de Estepona que desde 2009 habita el expresidente de la Comunidad de Madrid y su familia. En esta entrevista, este letrado sevillano lamenta la lentitud de las peticiones de información a EEUU, Panamá y Reino Unido: "Las comisiones rogatorias están paradas y no hay forma de saber el destino del dinero que pagó González".

Pregunta. ¿Por qué interpuso el Sindicato Unificado de Policía (SUP) una querella por el caso del ático de González?caso del ático

Respuesta. El entonces presidente del SUP, José Manuel Sánchez Fornet, tuvo conocimiento de que se había sancionado a a un comisario por las investigaciones oficiales que había desarrollado en Estepona. A dos agentes se les encargó la misión de investigar si el ático de lujo de Estepona que había comprado una empresa de Estados Unidos era en realidad de Ignacio González y de su mujer. Sin embargo, los policías fueron apartados de sus puestos e incluso sancionados. El SUP y su presidente, Sánchez Fornet, actuaron en defensa de los agentes que estaban siendo perseguidos por realizar su trabajo, y la mejor defensa de los funcionarios era demostrar que el motivo de su acoso no era otro sino investigar un caso de corrupción.

P. Han pasado cinco años desde la denuncia y el SUP se ha retirado, pero sin embargo usted se ha mantenido al frente de la la acusación de los extrabajadores de Telemadrid, que recogieron el testigo y continuaron con sus servicios.

  R. Nosotros desde un primer momento vimos indicios suficientes para mantener una acusación. Y mi postura como letrado ha sido, desde el minuto uno, intentar obtener respuestas. Y si hay base para acusar, acusaremos. No actuamos por venganza. Y una prueba de ello es que en un primer momento, cuando la jueza quiso imputar a Ignacio González, nos opusimos, porque pensábamos que no había base suficiente para hacerlo. Y la segunda vez, la imputación se produjo a instancias de la Fiscalía. Nosotros lo que queremos es que se clarifique el recorrido del dinero. Y si al final existen esos nexos seguiremos hacia adelante. Nuestra intención ha sido siempre  evitar daños innecesarios, pero los indicios están ahí, y con el paso del tiempo se ha alimentado, cada vez con más datos, la existencia de una situación totalmente anómala e irregular. Aunque estamos a la espera de unos datos más concretos del exterior, que tardan en llegar, pero que terminaran por acreditar la existencia, o no, del ilícito penal que perseguimos.

P. Las comisiones rogatorias no llegan al juzgado de Estepona. ¿Es normal que hayan pasado cuatro años y no se haya recibido la información requerida desde el primer día?

R. El retraso no es normal. La última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ha limitado los plazos de investigación, pero sin embargo lo que debería hacerse es exigir que las diligencias de investigación se realicen en un plazo determinado. Y si se retrasan habría que plantear una queja y depurar responsabilidades. Lo que no es normal es que se tarde cuatro meses en traducir diez folios al inglés, y que las peticiones se realicen con graves fallos. Por ejemplo las autoridades del Reino Unido se han quejado de que los números de las cuentas de las que se piden información están mal, y que incluso no se incluyen en las peticiones. Eso no es normal y si eso no ocurriese, el plazo de instrucción será el que deba de ser sin limitación alguna. Las limitaciones solo favorecen a quien pretenda eludir la ley. Todo retraso en las comisiones rotatorias sólo se traduce en dilaciones indebidas ya anunciadas por las defensas y en la posibilidad de que se manipulen o se pierdan  datos. Así nunca se hará justicia tanto si hay como si no hay ilícito penal. Hay que hacer una justicia más flexible y menos formal.

P. Ahora tras la detención de Ignacio González mucha gente que antes estaba callada ha alzado la voz asegurando que se veía venir...

R. La verdad es que en este caso hemos estado muy solos, aunque también nos ha acompañado en la acusación la Asociación Transparencia y Justicia. Pero nosotros no estamos en una cruzada contra Ignacio González, ni mucho menos. Eso serán historias de otros. Nosotros, lo único que queremos es acreditar los indicios por los que iniciamos este procedimiento, de que el ático pudo ser un regalo de Enrique Cerezo o cualquier otro empresario.

P. Pero no sólo las comisiones rogatorias a Panamá, EEU y el Reino Unido no han conseguido aportar ninguna información, sino que hasta hace unos meses la Policía no ha investigado nada sobre la titularidad del dúplex de lujo.

  R. Pese a que la denuncia se presentó hace cinco años, la Policía Nacional no ha logrado ningún avance. De hecho, la cúpula policial mantuvo reuniones con el presidente del SUP, Sánchez Fornet, en las que le llegaron a pedir que abandonara la acusación del caso del ático. Por eso no me extraña que hasta hace unos meses no se hayan obtenido los resultados esperados. Sin embargo, en el caso Lezo, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha actuado muy bien. Son cosas sin sentido desde la perspectiva de un ciudadano. Como letrado… perfectamente comprensibles. Este caso muestra, de forma clara, que las dificultades oficiales experimentadas en el asunto del ático justifican la labor de investigación de las acusaciones populares.

P. La investigación del SUP y de los extrabajadores de Telemadrid ha demostrado que el presunto testaferro que compró el ático, Rudy Valner, trabajaba para Enrique Cerezo en una de sus empresas.

  R. Esto es sin duda lo más llamativo del caso del ático. Que un testaferro profesional, como es Rudy Valner, compre un inmueble sin verlo es sin duda increíble. Y sobre todo que a la semana se lo alquile a un político, eleva todavía más las sospechas. Además, gracias a la instrucción hemos sabido que Valner tiene muy buenas relaciones con Enrique Cerezo. Al final, resulta que el que compra el piso sin verlo y se lo alquila a Lourdes Cavero e Ignacio González mantiene relaciones laborales con Cerezo, que es íntimo amigo del político.

Además, y también es muy relevante, el testaferro compra el ático días después de visitarlo la mujer del entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Lourdes Cavero. Está claro que el ático puede constituir una dádiva. Y por eso nosotros buscamos el origen y el destino del dinero. Cuando lleguemos al final podremos relacionar el dúplex con uno de los negocios en los que haya intervenido Ignacio González. Y si ese negocio es calificado de ilícito habremos cerrado el círculo.

O para ordenarlo cronológicamente, la señora de Ignacio Gonzalez, Lourdes Cavero, visita en varias ocasiones un ático en concreto que le gusta, que ese inmueble y no otro lo compra un testaferro profesional, amigo y colaborador de Enrique Cerezo, que se llama Rudy Valner. Este a su vez lo compra a través de una empresa offshore sin actividad llamada Coast Investors LLC, a la que alguien le inyecta el dinero para la compra, que se realiza por teléfono. El fiduciario compra el inmueble sin haberlo visto, y justo después se lo alquila a Lourdes Cavero, a quien no conoce. Y además, tras saltar el escándalo, Ignacio González y su esposa proceden a comprarlo con una significativa indemnización por despido que abonan a Lourdes Cavero, junto con un pequeño préstamo al expresidente madrileño.

P. ¿También les parece sospechoso que una vez conocido que el dueño del ático era la sociedad offshore Coast Investors, González comprara supuestamente en diciembre de 2012 el ático de lujo?offshore 

R. Creo que la compra del ático fue un intento de legalizar una situación que a todas luces era totalmente irregular. Y al mismo tiempo que compran el ático, casualmente la mujer de González es despedida de su trabajo y se le abona una importante indemnización. Fue despedida de la patronal de las eléctricas para acto seguido entrar a trabajar en la filial madrileña de la CEOE, que es la CEIM que presidía Arturo Fernández, amigo de Esperanza Aguirre. Nosotros lo que queremos saber ahora es a dónde se ha ido el dinero que pagó el matrimonio, para saber exactamente quién era el propietario del inmueble, ya que la empresa offshore será de quien ostente la titularidad de sus participaciones. Pero las comisiones rogatorias están paradas y no hay forma de saber el destino del dinero que pagó González.

P. Por eso también han pedido que la investigación se traslade a la Audiencia Nacional, ya que ahí las comisiones rogatorias irían más rápido...

R. Lo primero que pedimos era el origen y el destino del dinero, tanto de la primera compra, que hizo el testaferro, como de la segunda, que realizaron directamente González y Lourdes Cavero. Nosotros tenemos claro que si las comisiones rogatorias llegan limpias, pues se cierra todo y se acabó. Pero lo que no es normal es que hayan pasado cinco años sin saber nada. Todo son problemas. Y por eso esperamos ahora, con la investigación de la Guardia Civil en el caso Lezo, que se pueda acceder a la información bancaria y se relacione con los negocios ilícitos que puedan existir. Aunque también somos conscientes de que algunos empresarios han podido ejercer una labor de puente, para que no apareciera el nombre de González. No obstante, confiamos que la verdad salga a la luz.

P. ¿Y ahora qué?, ¿cree que el caso del ático debería seguir en Estepona o tras estallar el caso Lezo debería trasladarse a la Audiencia Nacional?caso del áticocaso Lezo

R. Todo esto debe analizarse de forma global. El dúplex de lujo de Ignacio González y de su mujer podría tener su origen en una comisión cobrada por uno de los múltiples negocios irregulares que se han conocido tras estallar la operación Lezo. Por eso queremos que el procedimiento acabe en la Audiencia Nacional, porque de esa forma tendremos una visión global de lo sucedido.

P. ¿Qué ha pensado al ver las informaciones de laSexta sobre los intentos de Ignacio González y de Enrique Cerezo de cambiar a la jueza y al fiscal?

R. Creo que están jugado con el sistema judicial, por la politización que existe de la Justicia y eso genera un descrédito para los ciudadanos. Eso debe traducirse en una verdadera y profunda reforma del sistema existente que sirva para conseguir la pretendida separación de poderes que garantice la existencia de nuestro Estado de Derecho. Para ello deben contar con quienes trabajan realmente la Justicia, que son quienes realmente conocen cuáles y dónde están los fallos del sistema judicial. Además, esa dependencia de los políticos es más corriente de lo que la gente piensa.

Que se haya tenido conocimiento de que políticos y empresarios puedan poner y quitar jueces y fiscales lleva a la conclusión de que es necesario potenciar a las acusaciones populares, que son una garantía de la Justicia. Por eso habría que eliminar todas las trabas que se ponen, como la exigencia de fianzas, así como su protección para poder ejercerlas libremente. Al igual que si un juez o un fiscal entra a formar parte de la política, se hace irremediablemente necesaria la prohibición de que vuelvan a ejercer como tales. Y aquel que haya favorecido o protegido con su actuación al poder político debe cesar de forma fulminante. Sólo con medidas como éstas la Justicia volverá a ser creíble para el ciudadano de a pie.

P. ¿Usted pudo ver la imagen de Rafael Catalá con Enrique Cerezo en el palco del Estadio Vicente Calderón, un día antes de que el ministro acudiera en visita de trabajo a la Audiencia de Málaga, que es la que ve los recursos de los imputados del caso del ático?caso del ático

R. La verdad es que no entiendo las relaciones que el ministro ha mantenido, según las grabaciones difundidas y las fotografías, con los imputados. Pero al margen de este caso concreto, está claro que en España habría que plantear una reforma seria de la instituciones. El poder político y el judicial no pueden ir de la mano.

P. ¿Y qué piensa usted, que ejerce la acusación popular del caso del ático, cuando el ministro de Justicia le envía un mensaje a González en el que le dice que ojalá se acaben los líos? ¿Cree que eso puede tener que ver con los problemas de las comisiones rogatorias del caso de Estepona?Estepona

R. Estas conversaciones desvelan las relaciones y el control político sobre el poder judicial, y en concreto sobre el ministerio público. Y por eso creo que esa es la gran reforma que hay que llevar a cabo. Los fiscales no deben ser utilizados para llenar carreras políticas. Si el ministro apoyó a González por su imputación en el caso del ático debería asumir responsabilidades y cesar en su cargo.

P. Hemos hablado de las comisiones rogatorias, pero el caso del ático también ha tenido una derivada policial, con comisarios sancionados y apartados, e incluso con el expresidente del SUP acosado por las querellas y las sanciones internas.

  R. Estas son las consecuencias de hacer investigaciones que no agradan a las cúpulas políticas. En el caso del ático varios comisarios han denunciado presiones e incluso sanciones. Está claro que no querían que se investigara el patrimonio de González.

P. Pero al final el último informe policial da la razón a la acusación popular y destaca las numerosas incógnitas en sus pesquisas sobre el ático de Estepona.

  R. Ya, pero estos cambios no son tan trascendentes. De nada sirve que la Policía advierta de las irregularidades si las comisiones rogatorias no se contestan desde hace cinco años.

P. El comisario Villarejo aportó al sumario del caso del ático un informe en el que alertaba de las actividades presuntamente ilegales de Ignacio González. ¿Cree que este informe podría ser el nexo de unión entre la investigación de Estepona y la que lleva a cabo la Audiencia Nacional?Estepona

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R. El comisario alertaba de las múltiples irregularidades cometidas por Ignacio González, como por ejemplo lo relacionado con un sumario del municipio de Colmenar de Oreja. Al final alude a todo lo que se ha destapado con el caso Lezo. Y por ello el inmueble podría suponer la materialización de un blanqueo de un ilícito en el que ha podido intervenir Ignacio González. Es decir, podría ser el pago por cualquiera de los negocios que ha destapado el juez Eloy Velasco, como por ejemplo los relacionados con el Canal de Isabel II, la empresa de informática de la Comunidad de Madrid, los pagos de OHL por el tren a Navalcarnero, la operación de Colmenar de Oreja. Además, el informe de Villarejo también aludía al famoso viaje de Ignacio González a Cartagena de Indias, que da nombre a la operación Lezo.

P. La intervención del fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, en el caso Lezo ha sido muy criticada...caso Lezo ha sido muy criticada...

R. La acción de la Fiscalía debería basarse en la objetividad e imparcialidad, y según la informaciones que vienen saliendo no es así. Un fiscal no puede tener una dependencia hacia los políticos. El Estatuto fiscal debería ser objeto de estudio y de una reforma.