Becarios en el lado oscuro: fraude, explotación y trabajo gratis

Los stagiers de Jordi Cruz y Ángel León han aupado hasta las portadas al escalón más bajo de la jerarquía laboral. La etiqueta en francés y los menús de 300 euros apenas disfrazan la precaria realidad de las decenas de miles de becarios que se estrenan en el mundo del trabajo en todos los sectores de la economía. Imposible saber cuántos hay en España. Los afortunados que cobran y, por tanto, cotizan a la Seguridad Social, superan ya los 80.000. Pero los que no reciben salario alguno son una incógnita que escapa a los registros y las estadísticas.

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) cifra en 60.812 los alumnos que realizaron prácticas en empresas durante el curso 2014-2015, el último del que publica datos. Pero no discrimina entre curriculares y extracurriculares ni especifica si son retribuidas o no. La CRUE acaba de firmar por sexto año consecutivo un convenio con el Banco Santander y Cepyme, la patronal de las pequeñas y medianas empresas, para proporcionar prácticas remuneradas a 5.000 universitarios. Según la CRUE, el 48% de ellos serán contratados por las empresas una vez acaben sus becas.

En concreto, la Universidad Complutense de Madrid, que con casi 80.000 alumnos es la universidad presencial más grande de España, tiene 8.593 convenios vigentes con empresas e instituciones. Gracias a ellos, 2.607 estudiantes realizarán prácticas curriculares –incluidas en el plan de estudios– este curso y otros 4.930 prácticas extracurriculares –voluntarias–. De éstas, el 78% serán remuneradas, según los datos facilitados por la propia universidad.

Las cifras al respecto aportadas por la Comisión Europea son mucho menos optimistas. Según una encuesta que elaboró en 2013, sólo el 42% de los becarios españoles recibía una contraprestación económica. Y de ellos, únicamente el 29% decía que esa retribución le permitía mantenerse. Otra realizada por el portal Infojobs en 2015 destapaba que el 52% de los becarios mayores de 30 años –que los hay– no percibía salario alguno.

Cuotas subvencionadas a las empresas

En general, se llama becarios a los estudiantes, universitarios o no, que completan su formación en una empresa. La ley no obliga a que las prácticas, curriculares o extracurriculares, sean remuneradas. Pero sí exige un tutor en la empresa y otro en la universidad, además de la firma de un “convenio de cooperación educativa” entre ambas partes que regule las condiciones de las prácticas.

En el caso de que el becario perciba una cantidad, la empresa debe cotizar a la Seguridad Social. Aunque sólo por contingencias comunes y profesionales, excluyendo la cotización para el desempleo, la Formación Profesional y el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). La cuota, por tanto, es mínima: 38,06 euros los abona la empresa y 6,67 euros, el becario. Es más, en el caso de las prácticas curriculares, el becario le sale gratis a la empresa en lo que a cotizaciones se refiere: la Seguridad Social se la bonifica al 100%.

Pues bien, pese a lo que parecen condiciones más que ventajosas, las empresas, e incluso las universidades, han sido muy reacias a permitir esa pequeña protección para los becarios. De hecho, sólo cotizan desde 2013, gracias a una sentencia del Tribunal Supremo y tras superar la oposición del Ministerio de Educación, que decía hacerse eco del rechazo expresado por las universidades. El departamento entonces dirigido por José Ignacio Wert llegó incluso a redactar un decreto-ley para impedir que los becarios cotizaran. El argumento de las universidades era su temor a que el pago de esas cuotas mínimas desalentara a las empresas a la hora de pedir estudiantes en prácticas. La solución salomónica arbitrada por el Ministerio de Empleo –empeñado en conseguir las cuotas de los becarios– fue bonificar al 100% las cotizaciones de las prácticas curriculares; es decir, las pagan los contribuyentes a través de los Presupuestos del Estado.

Prácticas gratis de secretaria 

Si a las empresas les cuesta pagar y cotizar lo mínimo por los becarios, los ministerios y organismos públicos están abonados a las prácticas gratis. Casi todos los departamentos e instituciones han firmado convenios con las universidades españolas. Y casi todos incluyen prácticas no remuneradas. No siempre ha sido así. Hasta 2012 el Ministerio de Asuntos Exteriores pagaba, y generosamente, a los alumnos de la Escuela Diplomática que hacían prácticas tanto en los servicios centrales de Madrid como en las embajadas y consulados en el extranjero: 1.200 euros mensuales a los primeros y hasta 2.250 euros, más ayuda de viaje, a los segundos. Ahora el desplazamiento y la estancia en el exterior corren a cargo del estudiante que pueda permitírselo. También el Ministerio de Educación y Cultura firma convenios para prácticas no retribuidas en sus museos, Presidencia para los centros del Patrimonio Nacional, el Ministerio de Justicia y el CGPJ para los juzgados de toda España, o el de Defensa para el Ceseden, el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional.

Además, que las prácticas se realicen en una institución pública no garantiza que se cumpla la legalidad. Lucía –nombre supuesto– estudia Periodismo en la Universidad San Pablo CEU y pidió unas prácticas el pasado enero en el Instituto CervantesInstituto Cervantes. Sabía que no iba a cobrar, pero no que iba a trabajar más horas de las establecidas e incluso que tendría que llevarle el café a su jefa. “Eran prácticas de Periodismo, pero en realidad funcionaba de secretaria de una jefa de sección: tenía que mandar sus correos electrónicos y ordenarle la carpeta de emails, por ejemplo”, protesta. También dejaba en sus manos el presupuesto de la sección: Lucía debía revisar los gastos de los centros del Instituto Cervantes y darles el visto bueno antes de trasladarlos al área de gestión económica, una tarea a todas luces fuera del ámbito de responsabilidad de una becaria.

Lucía sólo se quedó mes y medio, pese a que las prácticas duraban tres meses, y presentó una queja, tanto en el CEU como en el Cervantes. Aun así, el informe que hicieron de ella en el Cervantes fue positivo y la aprobaron. Su paso como “secretaria” en el instituto formaba parte del plan de estudios de la carrera de Periodismo del CEU.

La Inspección de Trabajo vigila

Pero el fraude va más allá. Es habitual que los estudiantes dejen alguna asignatura sin aprobar para alargar la matrícula y continuar con las prácticas en las empresas. Se lo sugieren ellas mismas, para seguir aprovechando a trabajadores a precio low cost. También sacan tajada las empresas de formación. “¿Qué tengo que hacer si me han ofrecido renovar mis prácticas y no puedo hacerlo con mi universidad o escuela de negocios?”, pregunta una de ellas en su página web. “No te quedes sin esa oportunidad porque tu centro no te permite renovar, y cuenta con nosotros”. La empresa ofrece entonces todo tipo de cursos, desde cocina y guitarra hasta yoga, programas informáticos como Word o Excel, jardinería y atención telefónica. No hace falta que tengan nivel universitario. Mientras el alumno/trabajador esté matriculado por un número mínimo de horas, la empresa destinataria puede prorrogar las prácticas, aunque el trabajo no tenga nada que ver con la formación recibida en ese curso.

La Inspección de Trabajo lleva a cabo “todos los años” y “en todos los sectores” campañas en empresas a la caza de irregularidades en el uso de becarios, asegura Fermín Yébenes, portavoz de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT). En 2012 la Inspección multó con 160.000 euros al diario El País por utilizar a los becarios de su Máster de Periodismo como si fueran trabajadores de plantilla. Dos años más tarde, 60 becarios tuvieron que dejar la Cadena Ser tras descubrir los inspectores que algunos llevaban más de un año trabajando como cualquier otro periodista, con la misma jornada pero desde luego no con el mismo sueldo. También fueron visitados El Mundo y la Agencia EFE. “Si en un restaurante [como los que han denunciado la situación de los stagiers] los becarios están ocupando un puesto de trabajo y, sin esos puestos de trabajo, no se puede prestar el servicio, el chef está pagando al becario sólo con su nombre para que luego lo utilice en su currículo, mientras el becario le paga con su trabajo”, advierte Yébenes, “Entonces es cuando actuamos”.

No obstante, el portavoz de la UPIT admite que los inspectores cada vez encuentran menos becarios en fraude. “Hay una especie de halo de inseguridad jurídica”, apunta, “así que muchos empresarios prefieren no tener trabajadores en prácticas para no meterse en problemas”.

Contratos de prácticas

Además de los becarios propiamente dichos, tienen contratos en prácticas, de formación y aprendizaje un total de 188.546 personas, según los últimos registros de la Seguridad Social, del pasado abril. A diferencia de las prácticas universitarias antes descritas, en este caso sí se trata de relaciones laborales, sancionadas por un contrato escrito y sometidas al Estatuto de los Trabajadores. Para firmar un contrato en prácticas el interesado debe haber terminado sus estudios y contar con el correspondiente título, bien universitario o de Formación Profesional. Pero no pueden haber transcurrido más de cinco años desde que acabó de estudiar. A su vez, el contrato no se puede prolongar más allá de los dos años.

De este tipo se firmaron en marzo, el último mes del que ofrece datos el Servicio Público de Empleo (SEPE), 8.199 contratos, 97.403 en todo 2016. El salario no puede ser inferior, el primer año, al 60% del establecido en convenio para un puesto de trabajo equivalente, ni al 75% en el segundo año. Nunca puede quedar por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). En el caso de las prácticas universitarias externas, en cambio, no hay regulación alguna que fije la cuantía de lo que debe cobrar un becario. Lo habitual es que no superen los 350 euros.

Los contratos de prácticas están aún más bonificados que las becas universitarias. El Gobierno ha intentado incentivar su uso subvencionando generosamente a las empresas con descuentos del 50% en las cuotas a la Seguridad Social si contratan a un menor de 30 años y otro 50% adicional si se trata de un inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Contratos de formación sin formación

Otro tanto ocurre con los contratos de formación. Destinados a menores de 30 años que carezcan de cualificación profesional, no pueden prorrogarse durante más de tres años. Los empresarios disfrutan de reducciones de cuotas a la Seguridad Social del 100% si la plantilla es inferior a 250 trabajadores –del 75% si es superior–. Tampoco pagan la formación que se da al alumno/trabajador –Empleo les abona un mínimo de 2.580 euros al año por cada uno de ellos–. Porque están obligadas a dedicar el 75% de su jornada al trabajo y el resto, a formar al estudiante. Así, la Asociación Nacional de Centros de E-Learning y Distancia (Anced) cifra en 564,27 euros el ahorro en costes laborales de un contrato de formación respecto a un contrato temporal ordinario.

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Con estas condiciones, la tentación es fuerte: utilizar a contratados en prácticas y aprendices en el lugar de trabajadores de plantilla. Los fraudes más frecuentes: trabajan más horas de las legales, se oculta que tienen cualificación profesional o la formación que se les da no guarda relación alguna con el trabajo que hacen.

Pero el engaño más extendido es la inexistencia de la formación. El 99% del casi medio millón de contratos de formación firmados desde 2012 hasta diciembre de 2015 incluían cursos a distancia. Éstos se limitaban al envío de un manual cada seis meses y una carta con un teléfono del profesor, para terminar con un examen. Y no existía ningún tipo de control, como denunciaron en su día tanto los sindicatos como algunas asociaciones del sector. Así que el Gobierno suprimió la formación a distancia: los cursos debían ser presenciales o por internet. El resultado fue que el número de contratos de formación se desplomó. Desde 2010 hasta 2015, su número había crecido nada menos que un 196%. Ese último año se registraron 174.923. En cambio, en 2016, se firmaron sólo 46.384, tras sufrir una caída del 73,5%.

Cuestión aparte es si estos contratos sirven a los jóvenes como puerta de entrada en el mercado laboral. Según las estadísticas del SEPE, sólo 19.021 contratos de prácticas –el 19,5% de los registrados en 2016– se convirtieron en indefinidos y únicamente 10.893 de formación y aprendizaje –el 23,5%–.