Unidos Podemos pide al Congreso que el Constitucional revise el CETA antes de que se apruebe

Unidos Podemos considera que el CETA, el polémico tratado de libre comercio entre la UE y Canadá, viola varios artículos de la Constitución. Por ello, este jueves el Congreso debatirá una propuesta de la coalición para que el Tribunal Constitucional analice el tratado antes de que sea ratificado por las Cortes para su aprobación definitiva, aunque la iniciativa tiene pocos visos de salir adelante, ya que PP, PSOE y Ciudadanos votarán en contra de pedir a la corte que se pronuncie sobre el acuerdo.

La iniciativa registrada por Unidos Podemos –que firman tanto los 67 diputados de Podemos, IU y las confluencias como los cuatro de Compromís– se apoya en el artículo 95.2 de la Constitución para pedir que el Tribunal Constitucional se encargue de revisar las posibles incompatibilidades con la Carta Magna de un tratado que ha generado controversia desde que comenzó su negociación. Este artículo establece que, si la mayoría del Congreso o del Senado así lo deciden por mayoría, la corte tendrá que pronunciarse de manera motivada sobre "si existe o no esa contradicción" entre el tratado a aprobar y la Constitución.

Pese a que el voto contrario de PP, PSOE y Ciudadanos y también el de otros grupos como el PNV impedirá que la iniciativa salga adelante, el pleno del Congreso sí debatirá este jueves sobre ella. Para Unidos Podemos, el CETA es inconstitucional fundamentalmente por dos motivos: la instauración de un tribunal de arbitraje para resolver conflictos entre empresas y Estados, que a su juicio atenta contra varios derechos relacionados con la justicia; y la cesión de competencias a un órgano creado ex profeso por el tratado y formado por miembros no electivos, algo que iría contra el derecho de participación de la ciudadanía en los asuntos públicos.

La solicitud presentada por Unidos Podemos, en este sentido, sostiene que existiría una incompatibilidad entre el capítulo ocho del CETA y los artículos 9, 14, 24 y 117 de la Constitución, aquellos referidos a la igualdad de los ciudadanos ante la ley, la seguridad jurídica, el derecho a la tutela judicial efectiva y la competencia exclusiva de los juzgados y tribunales establecidos por las leyes para impartir justicia. La crítica se produce, fundamentalmente, contra el tribunal de arbitraje que quedaría creado a través de ese apartado del tratado, una corte en la que las empresas podrían denunciar a los Estados si entienden que un cambio legislativo perjudica una inversión que la compañía hubiera hecho previamente en el país.

"Ese tribunal quita competencias a los tribunales nacionales, porque tiene competencias jurídicas propias al margen del sistema judicial", explican fuentes de Podemos, que señalan que uno de los efectos de la aprobación del CETA sería que las decisiones de esta corte de arbitraje "no podrían ser recurridas" ante los juzgados españoles. "Además, creemos que podría violentar el derecho a la gratuidad de la justicia" que la Constitución recoge en su artículo 119, sostienen igualmente estas fuentes, que afirman que la corte de arbitraje que establecería el tratado no contempla la posibilidad de prestar asistencia jurídica de oficio a aquellos litigantes que no puedan permitírsela.

La sala de máquinas del CETA

El capítulo 26 del CETA es el segundo que se encuentra en el punto de mira de Unidos Podemos, que entiende que vulnera varios artículos de la Constitución. Este capítulo es el que regula la creación del llamado "Comité Mixto" del tratado, un órgano que estará formado por funcionarios de la UE y de Canadá y que será copresidido por el ministro de Comercio del país norteamericano y por el comisario del ramo de la Comisión Europea. Esta instancia se encargará de coordinar la aplicación del CETA, de tratar de armonizar las regulaciones europeas y canadienses o de interpretar el acuerdo cuando surjan diferencias, y también tendrá la potestad de tomar decisiones "vinculantes" para liberalizar el comercio entre la UE y Canadá. No obstante, sus funciones están redactadas de manera bastante amplia: por ejemplo, el tratado estipula que el Comité Mixto podrá "considerar fórmulas para reforzar las relaciones comerciales" entre las dos potencias, sin ofrecer más detalles.

Por ello, Unidos Podemos entiende que este órgano asumirá amplias funciones reguladoras e interpretativas que podrían vulnerar el derecho de los ciudadanos a la participación en los asuntos públicos, recogido en el artículo 23 de la Constitución, dado que sus miembros no serán electivos. "El Comité Mixto va a tener capacidad de regular en asuntos como la regulación de los productos fitosanitarios o los cosméticos", en los que la UE tiene una regulación mucho más estricta que Canadá, sostienen fuentes de la coalición. Si el órgano "dice que en lugar de 30 permisos para poner en el mercado un cosmético hacen falta tan sólo 15, ningún Ministerio de Sanidad podría decir que no al cambio", ejemplifica un dirigente, que insiste en que el poder legislativo no estaría representado en un órgano cuyos miembros no serían elegidos en las urnas.

Además, el Comité Mixto tiene un segundo problema a la hora de encajar con la Constitución, según sostiene Unidos Podemos en su iniciativa. Para la coalición, el CETA incumpliría el artículo 93 de la Carta Magna, que establece que para que el Estado ceda "el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución" a una organización internacional es necesaria la aprobación de una ley orgánica. Y es que el Comité Mixto tendrá la capacidad, según recoge el tratado, de "considerar o acordar modificaciones" en el articulado del CETA, lo que para Unidos Podemos supone otorgarle al órgano la capacidad de cambiar las reglas del juego sin pasar por las Cortes Generales.

"En su capítulo 26, el CETA prevé la existencia de una estructura institucional dotada de funciones [...] a partir de las cuáles el contenido del acuerdo puede verse modificado con efectos obligatorios para España sin que deba prestarse de nuevo, y de modo previo, el consentimiento exigido constitucionalmente", señala la iniciativa que debatirá este jueves el Congreso. "Siendo así, estaríamos ante un ulterior desarrollo que implicaría una limitación de 'derechos soberanos'", apunta igualmente Unidos Podemos en su iniciativa.

Además, la coalición y las confluencias territoriales piden en su escrito que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre un asunto más: el hecho de que el Gobierno no haya facilitado a los diputados dos documentos que acompañan a los textos y protocolos principales del CETA, como son el "instrumento interpretativo conjunto" y las "declaraciones anexas" al acuerdo. "Ambos textos deben entenderse como documentos anexos y complementarios al tratado" y, por ello, "deberían haberse remitido a las Cortes Generales junto con el resto del CETA", denuncia la iniciativa que se debatirá este jueves, que señala que sin que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre este tema "no podría siquiera dar comienzo el procedimiento de ratificación de forma adecuada".

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Una iniciativa con nulos visos de prosperar

Fuentes parlamentarias de Unidos Podemos insisten en que esta solicitud para que el Constitucional revise el CETA no tiene que ver con su rechazo político al tratado, que no obstante también se debatirá el jueves, dado que el grupo ha presentado una enmienda a la totalidad para tratar de paralizar su aprobación. Salvo sorpresa mayúscula, ninguna de las dos iniciativas saldrá adelante, dado que PP, PSOE y Ciudadanos ya adelantaron este martes su rechazo a las mismas y fuentes del PNV confirmaron a infoLibre que también votarán en contra. Junto a Unidos Podemos, además de Compromís, estará ERC.

No obstante, el jueves únicamente comienza la tramitación parlamentaria del CETA. Para ser ratificado por España, el acuerdo aún tiene que pasar por el Senado y volver al Congreso, lo que supondrá que su aprobación definitiva se dilate varias semanas. Además, su implantación también tendrá que ser refrendada por los parlamentos nacionales y regiones competentes –casi 40 cámaras– de los países de la UE, si bien el tratado se encuentra activo de manera provisional desde su aprobación por parte del Parlamento Europeo en febrero.