La lucha contra la corrupción y el fraude fiscal chocan con la persistente falta de medios

Lezo, Pujol, Bankia, Gürtel, Púnica, 3%, Palau, Bárcenas, ERE fraudulentos, Taula, Nóos... son sólo algunos de los casos que han generado páginas y páginas de atestados de las unidades de élite de las fuerzas de seguridad que se han acabado investigando en juzgados de toda España. Jueces, fiscales, guardias civiles, policías, inspectores y técnicos de hacienda contribuyen con su trabajo a atajar la corrupción, un mal endémico que ya constituye la principal preocupación para casi la mitad de los españoles, según el CIS. 

Los actores implicados en la lucha contra esta lacra, sin embargo, denuncian que la escasez de medios humanos y materiales a la que se enfrentan impide que puedan llegar a todo y hace que su trabajo pierda eficacia. También lamentan el hecho de que esta situación pueda ocasionar que los procesos se alarguen durante años, lo que fomenta una preocupante sensación de impunidad entre los ciudadanos.

Lo ilustró de manera muy clara el coronel Manuel Sánchez Corbí, jefe de uno de esos cuerpos de élite, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en una entrevista reciente con la agencia Efe en la que aseguró que "con demasiada frecuencia" su unidad tenía que "rechazar casos" por falta de medios. Esta denuncia la vienen realizando, desde hace años, sindicatos y asociaciones profesionales, aunque sin duda resulta muy relevante escucharla de un alto mando.

El trabajo de las unidades de policía judicial es muy relevante en la lucha contra los poderosos entramados de corrupción política y económica, pues hacen labores de "auxilio" de los órganos judiciales y fiscales que investigan estas causas. Estas unidades de élite están presentes en la Policía Nacional a través de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) y la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV); en la Guardia Civil, con la UCO y la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ); en el Servicio de Vigilancia Aduanera, que depende de la Agencia Tributaria; en el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), integrado en el Banco de España; y en los Mossos d'Esquadra, que también cuentan con una unidad especializada en este ámbito. 

El hecho de que una u otra unidad policial se encargue de realizar las indagaciones sobre un caso concreto depende, en última instancia, de quién haya levantado la liebre. "Hay tres posibilidades: si el caso lo desvela un determinado cuerpo policial, será también el encargado de realizar las pesquisas; si es la Fiscalía Anticorrupción la que lleva el caso al juez, es el Ministerio Público el que decide; y si es un particular el que se remite una denuncia al juez, queda en manos del magistrado decidir qué unidad le auxiliará", explica un fiscal. 

En cualquier caso, lo habitual es que el trabajo se realice de forma coordinada entre la unidad policial y los jueces y fiscales. De hecho, fuentes de la Fiscalía Anticorrupción califican de "excepcional" lo ocurrido esta semana en relación a la vinculación de la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, con las supuestas irregularidades en la adjudicación de un contrato al empresario Arturo Fernández, imputado en el caso Púnica como donante del PP. Mientras la UCO ve un posible delito de cohecho y otro de prevaricación en la actuación de Cifuentes, tanto el juez como el fiscal aseguran no haber encontrado pruebas que acrediten esos supuestos delitos. 

  Guardia civil 

La UCO es la unidad de la Guardia Civil que tiene como misión investigar y perseguir los asuntos relacionados con la delincuencia organizada, económica e internacional. Sus agentes han redactado los atestados que han dado lugar a las operaciones Púnica y Lezo, que acabaron con Francisco Granados e Ignacio González en prisión; o el caso de los ERE, por el que se sentarán en el banquillo los expresidentes socialistas de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán. 

En toda la unidad trabajan medio millar de personas: alrededor de 400 en Madrid y el resto en otros territorios, principalmente Alicante, Canarias, Málaga, Palma de Mallorca y Pontevedra, tal y como indican a infoLibre fuentes del Ministerio del Interior. Alrededor de un centenar de agentes están dedicados en exclusiva a la Unidad de Delincuencia Económica y contra la Corrupción, una de las cinco en las que se estructura la UCO. 

"Las declaraciones del coronel Manuel Sánchez Corbí poniendo voz a las demandas que llevamos planteando desde hace años nos han sorprendido gratamente, pues una de nuestras principales reclamaciones ha sido la carencia de personal", subraya el portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Juan Fernández. "Esa carencia hace que sea imposible analizar toda la corrupción que sabemos que existe. Lo que se hace es priorizar lo más importante", añade. 

Fernández califica de "mastodónticos" algunos de los casos sobre los que indaga este cuerpo de élite. Sin embargo, en una causa de la relevancia de Lezo, con más de medio centenar de investigados y varias personas en prisión, apenas han trabajo seis agentes a tiempo completo. Además, otros miembros de la unidad participaron prestando labores de apoyo para, por ejemplo, colocar micrófonos ambientales. 

Además, Fernández subraya también que parte de los problemas que tienen los agentes para enfrentar los casos de corrupción está en la falta de medios materiales. "Esto es algo que algunos jueces intentan paliar cediendo en usufructo a los agentes bienes intervenidos a personas investigadas", señala. Así ha ocurrido recientemente, por ejemplo, con los coches intervenidos a los principales investigados del caso Lezo, que podrán ser utilizados por los agentes para sus operaciones previa autorización del juez Velasco. Por otro lado, el portavoz de la AUGC también reclama que se apueste más por la formación continua de estos agentes de élite, que ya pasan un período específico de preparación.

  policía nacional 

También los sindicatos de la Policía Nacional vienen quejándose de forma reiterada de la carencia de personal y de medios materiales que sufre todo el cuerpo, en general, y las unidades especializadas en corrupción, estafas, blanqueo de capitales y todo tipo de delitos económicos, en particular. 

El trabajo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que ejerce en muchas ocasiones como policía judicial, está detrás de casos tan mediáticos como la trama Gürtel y los papeles de Bárcenas, la investigación sobre el patrimonio de la familia del expresident Jordi Pujol, o el caso Emperador, una trama vinculada a las mafias chinas. Fuentes del Ministerio del Interior señalan a este periódico que en esa unidad trabajan alrededor de 350 agentes. 

"La actividad de investigación es muy intensiva en recursos humanos y materiales", explica Ramón Cossío, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP). "Además del personal, que es nuestra principal carencia, se necesitan ordenadores potentes, programas informáticos, licencias, desplazamientos...todo eso implica una gran inversión económica de la que no siempre dispones", señala. 

Por otro lado, Cossío también pone encima de la mesa el tema de la formación continua, una cuestión muy relevante para hacer frente a las formas de criminalidad del siglo XXI. "En las cuestiones relacionadas con la formación, los sindicatos estamos supliendo el papel de la Administración, que argumenta que no tiene recursos económicos suficientes", asevera.  

  Jueces y fiscales 

Las asociaciones de jueces y fiscales consideran que para luchar contra la corrupción son imprescindibles más medios humanos y materiales en la Administración de Justicia. "Este es un tema que está pendiente desde hace demasiado tiempo y que, naturalmente, repercute en la lentitud de la respuesta judicial a la defensa de los intereses de los ciudadanos", señala el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), el magistrado Celso Rodríguez Padrón. 

Todos consideran interesante equiparar el número de jueces y fiscales en España a la media europea. Según explica Ignacio González Vega, magistrado del Juzgado de lo Penal 20 de Madrid y portavoz de la progresista Jueces para la Democracia (JpD), en la actualidad en España la ratio de jueces por cada 100.000 habitantes está situada en 10, mientras que la media de los países de nuestro entorno está en 21. Recuerda, además, que este resultado sitúa a España en el séptimo puesto por la cola entre los Veintiocho.

Pero no sólo hacen falta jueces y fiscales, pues otro punto destacado es la petición de que se refuercen las labores de auxilio de los órganos judiciales y fiscales que realizan las unidades de policía judicial. "La labor de estos profesionales es determinante en la intervención de comunicaciones o el análisis de la información volcada en ordenadores, teléfonos, discos duros... porque estos dispositivos son la principal fuente de información", explica Álvaro García, presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF).

A pesar de ello, señala, los atascos son "tremendos". "En los casos estrella, como la operación Lezo, los tiempos son menores, pero en delincuencia ordinaria te dan plazos de hasta un año para analizar un teléfono que se haya intervenido", añade. Jesús Alonso, portavoz de la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en la carrera y de carácter conservador al igual que la APM, también cree que haría falta más personal auxiliar para que las tramitaciones fueran "más rápidas". 

Las asociaciones coinciden también en que es necesaria la creación de un cuerpo de funcionarios adscrito a los juzgados y las fiscalías que esté especializado en temas contables, en auditoría de cuentas, en operaciones de alto nivel financiero y en cuestiones informáticas. Esta figura, explica el magistrado Rodríguez Padrón, de la APM, sería similar a la de los médicos forenses, los únicos peritos externos con los que cuentan actualmente los juzgados. 

"Un juez de instrucción no puede conocer con profundidad todas las materias, especialmente cuando son de gran complejidad e incluyen conceptos complejos que deben de presentarse en la instrucción lo suficientemente explicados y detallados para que luego eso pueda traducirse en una decisión jurídica concreta. La disposición de esos cuerpos de peritos-investigadores que dependiesen de los órganos judiciales, como los actuales médicos forenses, sería un gran avance", explica Rodríguez Padrón. El fiscal Alonso, de la AF, también cree interesante la creación de cuerpos auxiliares que dependan orgánica y funcionalmente de los jueces y de los fiscales y que estuviesen especializados en toda la gama de nuevos delitos que se producen en el ámbito económico. 

De hecho, la Fiscalía Anticorrupción es la única que cuenta a su disposición con este tipo de unidades específicas. Pero no todos los jueces y fiscalías tienen los medios de Anticorrupción, donde trabajan en la actualidad 48 fiscales: 27 en la sede central en Madrid, media docena de ellos en comisión de servicio; y otros 21 fuera de la capital. Estos 21 se reparten de la siguiente manera: Barcelona (3), Baleares (3), Valencia (3), Málaga (3), Canarias (2), Sevilla (2), Alicante (1), Almería (1), Badajoz (1), Cádiz (1) y Murcia (1).

Por otro lado, Miguel Pallarés, portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (Apif), pone el acento sobre la necesidad de que haya más coordinación entre los estamentos judiciales de las diferentes comunidades autónomas. "Hay muchas deficiencias en cuanto a medios operativos que son más de coordinación que de dinero", señala. 

También hay otra cuestión clave, la reforma del proceso penal que prepara el Gobierno y que, entre otras novedades, prevé limitar el plazo de instrucción estableciendo un límite de un año, salvo en causas justificadas; acotar la acusación popular; o atribuir la investigación de las causas penales a los fiscales. Tanto Pallarés como Alonso defienden que se ganaría en "eficacia y prontitud" dejando la instrucción en manos del Ministerio Público, si bien difieren sobre el momento para hacerlo. 

Pallarés, de Apif, entiende que quizá no sería lo apropiado en un momento en el que la autonomía del Ministerio Fiscal respecto al poder ejecutivo parece estar más en entredicho que nunca. "No sé si el ministro Catalá está en condiciones de abordar una reforma de este calado", subraya. Alonso, de la AF, sin embargo, entiende que "ahora" sería la mejor ocasión porque "el hecho de que no haya mayorías absolutas favorece que no se imponga la visión de un único partido". 

  inspectores de hacienda 

Los trabajadores de la Agencia Tributaria llevan años denunciando que no se dota a este organismo de los medios humanos necesarios, algo que provoca, a su juicio, que los sucesivos planes de lucha contra el fraude tengan unos resultados "infructuosos". Las memorias de la Agencia Tributaria dan cuenta de esa evolución. La plantilla del organismo estaba integrada a finales de 2015 (último dato publicado) por 25.429 personas, 2.522 menos que en 2008. El descenso es del 9%.

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El presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda, José Luis Groba, alerta, además, de que esta situación puede ir a peor en los próximos años por las jubilaciones de los funcionarios que empezaron a trabajar en los ochenta, en el organismo que precedía a la Agencia Tributaria, constituida en 1992. Su organización cree que la Agencia Tributaria debería incorporar hasta 10.000 funcionarios de alto nivel técnico en los próximos diez años, entre ellos 800 inspectores y 3.200 técnicos. "La actividad de investigación para descubrir fraudes o para hacer investigaciones patrimoniales de deudores de la Hacienda es muy intensiva en recursos humanos. Si no se incrementan los funcionarios difícilmente se podrá reducir drásticamente la deuda pendiente de cobro, que en 2016 ascendía a 45.849 millones de euros,", señala Groba. 

Groba también destaca las "limitaciones" con las que realizan los inspectores y técnicos de hacienda su función de auxilio a jueces y fiscales. "Sería mucho más eficiente que la Agencia Tributaria tuviese entre sus competencias la persecución e investigación de los delitos contra la hacienda pública, y que pudiera, con respecto a estos delitos, convertirse en policía judicial", señala. A su juicio, la situación actual lleva a la "judicialización temprana" de los expedientes en cuanto la vía administrativa se muestra insuficiente frente al fraude fiscal más grave, lo que se traduce en que los profesionales de la Agencia Tributaria pierden la iniciativa investigadora. 

Groba también defiende la necesidad de crear un nuevo marco en la lucha contra los delitos económicos, que están estrechamente ligados con la corrupción. Los inspectores sostienen que sería positivo crear una Oficina Antifraude, dependiente de la Agencia Tributaria, que se erigiera en el máximo órgano responsable y coordinador en materia de prevención, investigación y represión de la corrupción, y de los delitos de blanqueo de capitales y otros económicos.