El presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid "no recuerda" si presidió la empresa colombiana que investiga el juez Velasco

Arturo Canalda, presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid, no recuerda si fue presidente de la compañía colombiana Inassa, adquirida en diciembre de 2001 por el Canal de Isabel II a cambio de 83 millones en lo que el juez Eloy Velasco considera la primera gran "compra fraudulenta" de la empresa pública de aguas. Un mes después de que el magistrado incluyera ese misil en el auto por el que ordenó prisión incondicional para el expresidente madrileño Ignacio González, Canalda confirmó este viernes a infoLibre que había pertenecido al consejo de administración de la mercantil colombiana. Pero aduce que, como han transcurrido 14 años desde su cese como gerente del Canal, presidente de Extensia y representante del grupo en varias filiales, entre ellas Inassa, no recuerda si llegó a situarse en la cúpula de la firma colombiana.

El estallido de la Operación Lezo hizo aflorar el intento del fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix, de evitar que los registros afectasen a los papeles relativos a la compra de Inassa bajo el argumento de que esa transacción se inscribía en la etapa de Alberto Ruiz Gallardón y era por tanto previa al desembarco –en 2003– de Ignacio González en el Canal de Isabel II, su feudo durante una década. A partir de ahí trascendió que Canalda presidía Canal Extensia –filial del Canal de Isabel II– cuando se produjo la compra de Inassa, operación vehiculada a través de un paraíso fiscal: Panamá. Pero su pertenencia al consejo de Inassa justo tras la controvertida compra, era un hecho desconocido. Ahora, documentos del Registro Mercantil de Colombia constatan que en 2003 aún formaba parte de su "junta directiva". Canalda fue gerente del Canal entre septiembre de 2001 y junio de 2003.

El presidente del tribunal contable madrileño compareció el pasado día 10 en la Asamblea de Madrid a requerimiento de Podemos. Allí calificó de "absoluta y radicalmente falso" que el Canal hubiese desembolsado por Inassa un precio muy superior al de su valor real, negó tajante que se hubiera producido la "malversación" que observa el juez Velasco y reiteró que la compra había sido autorizada por el consejo de administración del Canal, el Consejo de Gobierno autonómico y la Asamblea de Madrid. De su participación en el consejo de Inassa no dijo nada.

La compra de Inassa centra una de las conversaciones intervenidas a Ignacio González por la Guardia Civil. "Eso sí que fue un pelotazo", exclamó el expresidente. En el auto de prisión de González, el juez Velasco sustenta con los siguientes datos la presunta malversación perpetrada: "La inversión realizada por el CYII [Canal de Isabel II] a través del Canal Extensia rondaría los 100 millones y el valor de la mercantil según los investigados sería muy inferior, cifrándolo en unos 30 millones".

Pero los indicios de sobreprecio no se limitan a las palabras proferidas por Ignacio González. "Como vicepresidente de la Comunidad Autónoma de Madrid y presidente del CYII (Canal de Isabel II) -escribió también el juez Velasco en el auto de prisión- no los denunció, conociendo su supuesta ilegalidad a través de un determinado informe jurídico".

Los investigadores aseguran que, elaborado por el bufete Cuatrecasas, ese informe había sido encargado por González. Y que cuando lo tuvo en sus manos lo ocultó en un cajón. Fuentes del caso aseguran que el expresidente no accedió a responder a las preguntas que se le plantearon sobre ese episodio durante el interrogatorio previo a su ingreso en prisión. ¿Ocultó González el informe de Cuatrecasas para dotarse de munición de reserva contra sus enemigos políticos? No se sabe. El asunto sigue siendo una incógnita.

"Que yo recuerde no cobré"

Los documentos registrales a que ha tenido acceso infoLibre muestran el nombre de Canalda como miembro de la "junta directiva" de Inassa encabeza una lista a la que se suman otros cargos del Canal en esa época, entre ellos los imputados Adrián Martín López de las Huertas y Avelino Alfredo Martínez. Sobre Canalda no pesa la condición de investigado o imputado.

En un intercambio de correos con una portavoz que recalcó el hecho de que Canalda había respondido a las preguntas de este periódico sin consultar ningún documento, el máximo responsable del órgano fiscalizador madrileño aseguró que su papel en Inassa consistía en acudir a las sesiones del consejo. Inassa tiene su domicilio social en Barranquilla, a poco más de 120 kilómetros de Cartagena de Indias.

¿Participó Canalda en la elaboración y aprobación de las cuentas de Inassa en algún ejercicio? Su respuesta fue esta: "Habría que ver las actas y si yo participé en los consejos donde se aprobaron. No lo recuerdo de verdad, pero no lo descarto". ¿Y cobró, sueldo, dietas, compensaciones de cualquier tipo como miembro del consejo de administración de la sociedad colombiana? Canalda respondió así: "No he cobrado cantidad alguna de ninguna [de las filiales del Canal a cuyos consejos se incorporó] que yo recuerde. ¡Han pasado 14 años!".

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¿En cuántos consejos de administración de filiales del Canal participó Canalda? "Lo desconozco exactamente pero siempre que fui consejero en alguna de ellas lo fui en mi condición de gerente del Canal de Isabel II. También fui consejero de la Sociedad Estatal de Aguas del Tajo, igualmente como gerente del Canal".

En la conversación sobre Inassa intervenida a González, el política llegó más lejos: "La gilipollas esta no tapa nada –dijo– mientras que yo tuve que arreglar lo de 2001". El expresidente y antiguo delfín de la recién dimitida Esperanza Aguirre estaba aludiendo a su sucesora al frente del Ejecutivo madrileño,Cristina Cifuentes.

En julio de 2016, cuando Anticorrupción ya investigaba lo que el juez Velasco describe ahora como un largo y continuo saqueo y después de que Podemos diera la voz de alerta en la Asamblea de Madrid, el equipo de Cifuentes denunció ante la Fiscalía General del Estado la compra de otra empresa: se trata de la brasileña Emissão Engenharia e Construção, una de las piezas esenciales de la Operación Lezo. Por Emissao, Inassa pagó 21,5 millones de euros (31 millones de dólares) en noviembre de 2013. En un mes, su valor se había desplomado ya a la mitad.