Las once áreas donde la Comisión Europea exige mejoras a España

Bruselas acaba de tirar de las orejas a España en sus recomendaciones de primavera reprochándole el aumento del número de casos de corrupción así como la falta de estrategias preventivas y de protección de los denunciantes. Pero también le ha señalado 11 áreas en las que debe ponerse a trabajar, desde ser más eficiente en el gasto público hasta mejorar la lucha contra la pobreza.

La mayoría de los puntos débiles marcados por la Comisión Europea se refieren al mercado laboral español y a las políticas de empleo. También deja claro Bruselas que España tiene un problema de productividad, mermada por el abuso de los contratos temporales, la alta tasa de abandono escolar, la baja empleabilidad de los universitarios y el predominio de las pequeñas empresas en el tejido productivo.

  POLÍTICA FISCAL

La Comisión Europea prevé que España termine este año con un déficit público del 3,2% del PIB y que en 2018 no sobrepase el 2,6%. Según sus cálculos, el esfuerzo fiscal español “se quedará corto” en 2018, por lo que pide medidas adicionales para cumplir con el Pacto de Estabilidad. En concreto, reclama mayor eficiencia en el gasto y destaca la incertidumbre sobre las “medidas tributarias” más recientes.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) también ha expresado sus dudas sobre las grandes cifras macroeconómicas del Gobierno. En su último informe de actualización del Programa de Estabilidad, considera “improbable” cumplir el déficit en 2017, pero ve “factible” hacerlo en 2018 y 2019. Para 2020 adivina un aumento del riesgo de incumplimiento. El Gobierno cree que ejecutar un ajuste equivalente al 4% del PIB en cuatro años le permitirá alcanzar sus objetivos. La AIReF, por el contrario, juzga ese recorte de “difícil consecución”. Para ello, el Estado tendría que reducir el gasto un 3,2% y aumentar sus ingresos un 0,8%. Pero el impacto del rescate de las autopistas de peaje, equiparable a un 0,3% del PIB, y de las ayudas a la restructuración bancaria dificultará llegar al objetivo. Además, la AIReF teme que un aumento del gasto sanitario y educativo impidan alcanzar la cifra de recorte prevista.

Por lo que se refiere a los ingresos, la AIReF coincide con Bruselas en que las previsiones de recaudación del IRPF y el Impuesto de Sociedades del Gobierno son demasiado optimistas y tacha de “muy improbable” que se consigan igualar en 2020 los ingresos tributarios de 2006-2007, el máximo histórico, cuando los tipos efectivos y el nivel de empleo son ahora inferiores a los que había entonces. La AIReF también destaca la “brecha” que se ha abierto entre “las bases macroeconómicas” del Impuesto de Sociedades y sus bases contables, lo que ha mermado la mejora en la recaudación que debía esperarse por la recuperación de la economía.

Bruselas también critica a España por otra brecha, la mayor de todos los países con respecto a la media de la UE, que afecta a la recaudación del IVA. Las exenciones y tipos reducidos que España aplica le suponen una pérdida del 59% de sus ingresos potenciales. Al tiempo, los impuestos medioambientales españoles son de los más bajos de Europa, por lo que la Comisión invita al Gobierno a aumentar lo que recauda por ellos.

  CONTRATACIÓN PÚBLICA

Precisamente para aumentar la eficiencia del gasto, Bruselas recomienda al Gobierno que actúe para mejorar la contratación pública, puesto que en estos momentos España “carece de un marco normativo claro y coherente” al respecto. En el sistema echa en falta competencia, eficiencia económica y mecanismos de control, así como transparencia.

España tiene pendiente –incluso se le ha abierto un expediente sancionador por el retraso– la transposición de dos directivas comunitarias que afectan a los contratos públicos. El proyecto de ley correspondiente se encuentra aún tramitándose en el Congreso. Cuando se apruebe, desaparecerán los procedimientos negociados sin publicidad y los contratos de colaboración público-privada, y se restringirá el uso de las modificaciones de los contratos, que deberán hacerse públicas siempre. Las encomiendas de gestión a los medios propios de la Administración –Tragsa, Isdefe– pasarán a denominarse “encargos” y también deberán ser objeto de publicidad. Finalmente, habrá dos nuevos tipos de concurso: el abierto con tramitación simplificada y el de asociación para la innovación.

La importancia de estas medidas en el control del gasto y la lucha contra la corrupción es obvia: las administraciones firman cada año 125.000 contratos, por un importe equivalente al 10% del PIB, según las cifras facilitadas por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Congreso.

  PASO A LA economía colaborativa

También dificultan el crecimiento, penalizando la competencia y la eficiencia del gasto, los obstáculos que la legislación y la burocracia imponen a la creación de empresas. Según Bruselas, la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado ha ayudado a contener los costes adicionales que para las empresas suponen las diferencias reglamentarias de las comunidades autonómas. Pero la Comisión cree que, además, deberían reducirse los requisitos que “obstaculizan el desarrollo equilibrado de la economía colaborativa”. No los cita expresamente, pero pide que se rebajen las trabas a la implantación de Uber o Cabify –“servicios de vehículos con conductor”– y Arbnb –“alquileres de corta duración”–.

Lo mismo dice Bruselas sobre los colegios profesionales, cuya regulación es “restrictiva”, critica. “El nivel de restricción es mayor en España que en la media ponderada de la UE en el caso de los ingenieros civiles, arquitectos y guías turísticos”, explica el informe. El acceso a la abogacía, añade, “se encuentra en España más restringido que para cualquier otra [profesión]”.

En 2015 el Gobierno retiró el anteproyecto de ley de Servicios Profesionales, que se encuentra desde entonces abandonado en un cajón. No obstante, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la considera urgente y necesaria. “Las restricciones [en el acceso y el ejercicio de las actividades profesionales] reducen la oferta de servicios, limitan los incentivos de los profesionales a prestar servicios de mayor calidad e innovación, incrementan los precios para un mismo nivel de calidad y facilitan la aparición de acuerdos o prácticas concertadas restrictivas de la competencia y perjudiciales para el interés general”, resalta en un informe del pasado mes de enero.

  LA LACRA DEL CONTRATO TEMPORAL

Ni la reforma laboral ni la recuperación de la economía han cambiado la querencia del mercado de trabajo español por los contratos temporales. La Comisión Europea pone el dedo en la llaga de la alta tasa de temporalidad –el 25,7%, la segunda más elevada de la UE, tras Polonia– y de la cortísima duración de muchos de esos contratos. Las consecuencias son sabidas: poca productividad, peores condiciones de trabajo, menores salarios, mayor riesgo de pobreza.

La solución que da Bruselas al abuso del contrato temporal es el recorte de las indemnizaciones de despido de los contratos indefinidos, que considera “elevadas”, pese a que ya fueron reducidas por las reformas laborales de 2010 y 2012. En ese punto coincide con las reclamaciones clásicas de la CEOE, pero choca de frente con las propuestas de los sindicatos. Ambas partes están aún negociando el próximo acuerdo salarial, donde UGT y CCOO han pedido la derogación de la reforma laboral. Mientras, el PP y Ciudadanos han firmado un pacto que incluye la aplicación en España de la llamada “mochila austriaca” que implicaría una rebaja de las indemnizaciones si se implanta tal y como se creó en Austria. También se encuentra pendiente una solución para los trabajadores interinos de las administraciones. Siguiendo las recomendaciones del Tribunal de Justicia de la UE, los jueces españoles, el Gobierno y los expertos debaten en sentido contrario: subir las indemnizaciones de estos empleados temporales públicos.

También critica la Comisión Europea a España por el sistema de incentivos a la contratación, que no es efectiva a la hora de favorecer el empleo indefinido, asegura. Los expertos siempre han denostado las subvenciones de cuotas a la Seguridad Social para las empresas si se aplican de forma generalizada. Coinciden en que sólo son efectivas si se centran en colectivos muy concretos sólo son efectivas si se centran en colectivos muy concretosque no serían contratados sin ellas. Además, merman los ingresos de la Seguridad Social, que lleva en déficit desde 2012.

Otro tanto ocurre con el rendimiento de los servicios públicos de empleo. Pese a la recuperación del PIB, el paro español continúa entre los más elevados de la UE, recuerda Bruselas en su informe. Y parte de la culpa la tiene el deficiente funcionamiento de los servicios públicos encargados de encontrar empleo a los parados: 2,3 millones de personas llevan más de un año sin trabajar, el 54,37% de los desempleados. Son los que más peligro corren de quedar “desvinculados del mercado de trabajo”, advierte la Comisión Europea. A su juicio, es necesaria una mayor coordinación entre los servicios autonómicos de empleo, los servicios sociales y las empresas. Este año el Gobierno ha reservado 100 millones de euros para las agencias de colocación privadas que han suscrito acuerdos con las comunidades autónomas.

  RENTA MÍNIMA Y GUARDERÍAS

También considera Bruselas ineficaces los sistemas de renta mínima garantizada de las comunidades autónomas. Los requisitos de acceso varían según los territorios, también las cuantías y la duración de las ayudas. La más generosa es la Renta de Garantía de Ingresos del País Vasco, 665 euros; la más escasa, la renta básica de Murcia, 300 euros. Asturias, Castilla y León y Madrid no imponen ningún límite a la duración de la ayuda; en Andalucía no se puede cobrar durante más de seis meses; en Baleares y Aragón, sólo durante un año. Según el último informe publicado por el Ministerio de Sanidad, en 2015 un total de 789.672 personas cobraban estas rentas mínimas.

Además, el sistema de prestaciones para las familias con menores ingresos termina siendo “regresivo”, por lo que Bruselas reclama para ellos “acceso a guarderías de calidad”. País Vasco, Cantabria, Comunidad Valenciana y Aragón han comenzado a escolarizar de forma gratuita a niños de dos años en colegios públicos. Según cifras de la Conselleria de Educación valenciana, antes de poner en marcha la iniciativa, el 72% de los nuevos alumnos no habían solicitado una reserva en una escuela infantil porque no podían permitírselo.

  ABANDONO ESCOLAR Y EMPLEO UNIVERSITARIO

Las reprimendas comunitarias a España por la elevada tasa de abandono escolar son recurrentes. Con un 19%, es el segundo país con mayor fracaso escolar, después de Malta, y se sitúa muy por encima de la media europea, el 10,7%. Aunque ha reducido la tasa desde el 30,3% de 2006, aún sigue cuatro puntos por encima de la meta nacional pactada con la UE. También es el segundo país con más repetidores. Como remedio, Bruselas aconseja mejorar la formación del profesorado y el apoyo individual a los estudiantes.

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También destaca el informe la baja empleabilidad de los universitarios españoles: la escasa movilidad de los estudiantes y los profesores, la falta de prácticas, la ausencia de incentivos y la “rigidez de la gobernanza universitaria” menoscaban la cooperación con las empresas. Según Eurostat, la tasa de sobrecualificación –los trabajadores que tienen una formación mayor que la requerida para el puesto que desempeñan– es del 19,6%, la tercera mayor de la UE tras Irlanda y el Reino Unido. Además, pese a que la tasa de paro de los universitarios –10,9%– es inferior a la de la población general –18,75%–, sólo el 15,3% de los titulados en Artes y Humanidades tienen un trabajo relacionado con su carrera, según la Encuesta de Inserción Laboral de Titulados Universitarios elaborada por el INE. En el caso de los titulados en Ciencias de la Salud, el porcentaje es considerablemente mayor: el 78,8% había conseguido un trabajo relacionado con sus estudios. En general, el 72% considera que su título le había servido para encontrar empleo. Pero 14.666 licenciados universitarios titulados en 2010 llegaron a 2014 sin haber trabajado ni una sola vez. De ellos, el 58% llevaba más de dos años buscando trabajo.

  EL MARASMO DE LA I+D

La inversión en I+D se ha desplomado en España hasta quedar por debajo de la que había en 2007, destaca Bruselas. Según el INE, la economía española invirtió en 2015 un total de 1.530 millones de euros menos en investigación y desarrollo que en 2008, un recorte del 10,4%. Al mismo tiempo, el desfase con la media de la UE se ha agrandado. “No existe una planificación plurianual sistemática”, detalla. El panorama que describe la Comisión Europea está teñido de negro. “No se evalúa sistemáticamente la eficacia de los programas de apoyo para mejorar su diseño y aplicación”, continúa. “La cooperación entre los sectores público y privado sigue siendo escasa”. “La movilidad de los investigadores entre el sector público y privado es deficiente”. “La coordinación entre las administraciones nacional y autonómicas no es óptima”.