UGT denuncia que buen número de fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas están paralizadas por falta de personal

El sindicato UGT asegura que un buen número de fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas se encuentran paralizadas por falta de personal. La plantilla, denuncia, está envejecida, con una media de edad de 60 años y a los cuatro ejercicios sin oposiciones les están siguiendo convocatorias con tan pocas plazas que la institución “se está quedando sin cuadros”. Según los cálculos del sindicato, haría falta sacar a concurso 50 plazas al año durante el próximo quinquenio para cubrir las necesidades de personal.

UGT ha presentado este jueves en el registro del Congreso de los Diputados un escrito en el que denuncian la falta de independencia e imparcialidad de los consejeros del Tribunal de Cuentas, y piden que se cree una comisión de estudio para reformar este órgano constitucional. El sindicato cree que debe revisarse y actualizarse la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, aprobada en 1988, para que sus consejeros sean elegidos por un periodo delimitado –ahora son nueve años– y no sean renovables. También para garantizar que reúnen los requisitos de “reconocida competencia técnica”. UGT pone en duda que los actuales posean esa elevada cualificación. Además, reclaman que se reduzca “de forma drástica” el nombramiento de técnicos por los procedimientos de libre designación y en comisión de servicios. Según explica el sindicato, el 99% de los funcionarios de nivel A1 –titulados– han sido nombrados mediante libre designación; es decir, a dedo.

En el documento, UGT pasa revista a las siete sentencias del Tribunal Supremo que condenan a los consejeros del Tribunal de Cuentas por su política de personal. En concreto, el Alto Tribunal reprocha a los 12 consejeros que conculcaran los principios de igualdad, mérito y capacidad para adjudicar plazas a sujetos predeterminados. En dos de ellas, el Supremo condena al pleno del Tribunal de Cuentas por “desviación de poder”, al haber “torcido” la convocatoria de un puesto de trabajo para impedir que se presentaran a él los funcionarios del propio organismo. En total, el TS condenó a los consejeros a pagar 60.000 euros en costas por las siete sentencias. La cantidad no la han abonado los consejeros, sino que se ha sufragado a cargo del presupuesto del Tribunal de Cuentas, lo que a su vez acaba de ser denunciado ante la Justicia por un letrado de la institución como constitutiva de un caso de “responsabilidad contable”.

Para UGT, la consecuencia de la falta de personal y la parcialidad de la Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas está siendo su “limitada capacidad de respuesta ante la corrupción”. “Apenas ha detectado ni perseguido caso de corrupción alguno en todos estos años”, resalta en su escrito al Congreso. El sindicato se pregunta si los consejeros son los responsables de esta “inoperancia” o si lo es una “legislación inadecuada”. En cualquier caso, pide que se renueve ya el Pleno del Tribunal de Cuentas, sin esperar a que sus miembros cumplan los nueve años de mandato legal. No sólo por las siete condenas del Tribunal Supremo recibidas por los consejeros, sino también porque fueron elegidos en 2012 a propuesta únicamente del PP, PSOE e IU. Y ahora la composición de las Cortes incluye a nuevos partidos no representados en el órgano de gobierno del Tribunal de Cuentas. Finalmente, UGT reclama un Código Ético para los altos cargos de la institución que, a su juicio, debería tener un nivel de exigencia superior al de la Administración General del Estado.

Obras, alquileres, gritos de dimisión

El Tribunal de Cuentas lleva unos años convulsos por culpa de la política de personal y de la gestión económica. A las denuncias sobre enchufismo en las contrataciones se les han unido las relativas a las obras acometidas en su sede en los últimos tiempos. En su escrito al Congreso UGT califica de “dispersa, ineficiente y sin criterios claros” la política de adquisiciones del Tribunal.

Mientras la empresa pública Tragsa acomete unas importantes obras de reforma en el palacio del siglo XIX que acoge a la institución, la plantilla ha sido trasladada a un edificio en el barrio más caro de Madrid, por el que se paga un alquiler de 1,8 millones de euros. Las obras han comenzado con un año de retraso sobre el plazo previsto. Pero sólo seis meses después de que se realizaran otras en el sótano del palacio por otros tres millones de euros más. Como publicó infoLibre, el deterioro del ambiente laboral se reflejó en la imagen de buena parte de la plantilla pidiendo a gritos la dimisión del presidente del Tribunal, Ramón Álvarez de Miranda, a las puertas del nuevo edificio en febrero de 2016.

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El grupo de Unidos Podemos-En Comú-En Marea del Congreso también ha pedido este jueves al presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, que explique en una comisión parlamentaria la política de personal de la institución y las sentencias del Tribunal Supremo, informa Europa Press.

Así, su portavoz en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, Segundo González, ha registrado en el Congreso una solicitud de comparecencia y ha anunciado que, en caso de que estas no resulten “convincentes”, cree que “habría motivos suficientes para solicitar la dimisión del presidente y del Consejo, que es el responsable de estas decisiones”.

González sostiene que “el actual Tribunal de Cuentas no cumple” con su función de “prevención y lucha contra la corrupción”. “Creemos que es por la excesiva politización y la relación de esa politización con el funcionamiento del Tribunal de Cuentas”.