Beltrán Gutiérrez dijo al juez que pagó a una empresa de la trama por orden de Granados y González

El exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez afirmó ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que abonó unos pagos a la empresa Sintra Consultores, de la que era administrador el empresario Óscar Sánchez Moyano, por orden del secretario general de su partido, cargo que en el momento de los hechos ostentaron primero Francisco Granados y después Ignacio González.

Gutiérrez expuso en su declaración en calidad de investigado ante el magistrado instructor de la trama Púnica el pasado 13 de marzo que él "no ponía en duda" las órdenes de pago provenientes de la secretaría general del PP madrileño, ejercida por Ricardo Romero de Tejada entre 1996 y 2004, Francisco Granados entre ese año y 2011 y posteriormente Ignacio González hasta 2016.

El exgerente, investigado por presunta financiación ilegal del PP madrileño, no concretó sin embargo, pese a la insistencia del magistrado, si la empresa de consultoría —que abonó en un año cerca de medio millón de euros fracturado en tres pagos— formaba parte de una trama contratada por la formación para ocultar gastos que se desviaron a una caja B para financiar las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011.

Sí dijo que con Moyano hacía los pagos de distintos servicios pero que la contratación relativa a los asuntos de las campañas electorales dependía del equipo designado para ello, según se puede escuchar en los audios a los que ha tenido acceso Europa Press.

"Yo nunca he manejado dinero B para pagar campañas", expuso al ser preguntado por los pagos que aparecen reflejados en la documentación guardada en un pendrive que requisó la Guardia Civil en el registro efectuado en su domicilio.

Cambio de estatutos

Respecto al organigrama de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam), Gutiérrez explicó que estaba "ligada al PP" y creada precisamente para recibir subvenciones de la Comunidad de Madrid y que las personas elegidas en los congresos regionales del partido en calidad de presidente y secretario general eran las mismas que ostentaban los altos cargos de la fundación.

Con todo, dijo que la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre modificó los estatutos "entre 2007 y 2008" —años en los que todavía era presidenta de la fundación— para desligarla de los nombramientos del congreso del partido. Con este movimiento Ignacio González, en prisión por el caso Lezo, abandonó voluntariamente el patronato de la Fundación en noviembre de 2007 antes de que ésta tuviera que rendir cuentas por los gastos de ese año.

Al respecto, un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado al la causa que instruye Velasco apuntó que en el periodo de González en Fundescam (entre 2005 y 2007) se realizaron facturas de gastos justificativos de subvenciones que en algunos casos resultan "exactamente coincidentes" con los importes de las empresas que han sido analizadas por presuntos gastos electorales al PP de Madrid.

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Preguntado en diversas ocasiones sobre si facilitó encuentros entre empresarios y miembros del partido para conseguir financiación ilegal para las campañas, el exgerente respondió que "rotundamente no" y negó igualmente que Fundescam costeara actos electorales con dinero procedente de empresarios.

Además rechazó que el expresidente de la CEIM y empresario Arturo Fernández donara 60.000 euros en 2007 a la fundación tal y como apuntó él mismo ante el magistrado, a quien confesó que desconocía que esta aportación hecha dos meses antes de las autonómica fuera destinada a gastos electorales.

"A mi no me pagó, nunca", respondió el acusado y dijo que la primera vez que le vio en persona fue en sede judicial y que solo le conocía por su imagen pública.