Un informe legal acusa a los gestores de Blanco de “no haber tomado ninguna medida” contra el deterioro financiero de la cadena

La cadena de tiendas Blanco sigue en fase de liquidación, la marca ha desaparecido de los escaparates y catálogos tras 57 años de historia, mientras sus 800 trabajadores acusan en los tribunales a los gestores de la empresa de estafa, alzamiento de bienes e insolvencia punible. Pese a haber vendido Blanco el 31 de agosto de 2016 al fondo dubaití AC Modus, la compañía Alhokair, su propietaria desde febrero de 2014, encargó meses después al despacho de abogados Cuatrecasas un informe sobre los “riesgos y responsabilidades” que podrían tener que afrontar tanto la empresa saudí como los gestores de Blanco en España, si una futura insolvencia era declarada punible por el juez.

El informe, al que ha tenido acceso infoLibre, tiene fecha de 1 de noviembre. El día 17 de ese mes, Global Leiva, la sociedad que gestionaba Blanco, solicitaba el concurso de acreedores.

Blanco tardó sólo 16 días en acudir al juzgado de lo Mercantil después de que Cuatrecasas le advirtiera de que Alhokair y el consejo de administración de Global Leiva corrían un “riesgo considerable” de ser considerados responsables judicialmente si la insolvencia era declarada “punible”, una posibilidad que el informe no descartaba en absoluto. Todo lo contrario, Cuatrecasas detecta dos causas de insolvencia punible en la gestión de Global Leiva y Alkohair desde 2014: la existencia de irregularidades contables y el retraso en la declaración del concurso de acreedores más allá de los dos meses que establece la ley desde que la empresa conoce su estado de insolvencia.

De hecho, Global Leiva ya había encargado otro informe antes, al despacho Linares Barreda, sobre el mismo asunto: las responsabilidades de sus gestores en caso de insolvencia punible. Tiene fecha de febrero de 2016, nueve meses antes del elaborado por Cuatrecasas. Como Global Leiva empezó a tener problemas en octubre de 2015 para pagar el alquiler de los locales donde tiene sus tiendas en toda España, el documento advierte de que el plazo legal de dos meses para solicitar el concurso terminó en diciembre. Como, además, comenzó a recibir órdenes de desahucio por el impago de los alquileres en enero de 2016, en ese mes tampoco pudo pagar el IVA correspondiente y debía 2,5 millones de euros a proveedores de los seis meses anteriores, Linares Barreda señala que la declaración de concurso no debería demorarse más allá de marzo de 2016.La “conducta pasiva

La “conducta pasiva” de los gestores, negligencia grave

Los gestores de Global Leiva no escucharon a los abogados de Linares Barreda, pero tampoco hicieron nada para solucionar los problemas crecientes de la empresa. Cuatrecasas asegura que no pusieron en marcha “ninguna medida sustancial” para “paliar la crítica situación financiera” de Global Leiva, cuyo endeudamiento se había disparado desde 2014 mientras su capacidad para generar ingresos se hundía.

Así, la deuda de Global Leiva con su matriz ascendía, en septiembre de 2016 –fecha de la venta a AC Modus– a 110,89 millones de euros, y la deuda con otros acreedores, a 13,77 millones más. Un total de 124,67 millones, un 46,4% más que en 2014, cuando los saudíes compraron Blanco al hijo de su fundador. Al tiempo, el desplome de las ventas multiplicó las pérdidas, que pasaron de 7,43 millones en 2014 a 21,71 millones en 2015. En septiembre de 2016 sumaban ya 33 millones de euros. El ejercicio lo cerró finalmente con 72,5 millones de euros, diez veces más que sólo dos años antes.

Cuatrecasas no duda en calificar de “conducta pasiva” la de los gestores de Global Leiva y Alhokair, una “falta de reacción” que “podría clasificarse como negligencia grave, dado que los evidentes malos resultados de los últimos años no pudieron ser ignorados por la empresa”. Es más, el informe destaca que sólo la ayuda financiera de la matriz permitió a Blanco seguir funcionando. Alhokair suscribió dos préstamos participativos de 12 y 33 millones de euros. Además, otra mercantil del grupo, Fawaz Alhokair, le suministró mercancía. Incluso después de haber vendido Global Leiva al fondo dubaití AC Modus, dice Cuatrecasas, los saudíes le pagaron un millón de euros.

Sin embargo, a juicio del despacho de abogados, la financiación de Alhokair a Global Leiva “no puede considerarse una medida destinada a aliviar la situación de insolvencia, sino más bien lo contrario: Alhokair no sólo provocó un enorme aumento de la deuda, sino que impidió la aplicación de medidas que fortalecieran la capacidad de Global Leiva de generar ingresos netos”.

La segunda de las causas de insolvencia punible son las irregularidades contables ya detectadas por el auditor Ernest & Young en su informe de 2015. Entonces emitió una opinión cualificada sobre los 9,8 millones de euros de créditos fiscales que se apuntó Global Leiva por pérdidas de años anteriores, unos números rojos que pretendía convertir en negros gracias a un plan de negocio a cinco años que nunca vieron los auditores. Y que tampoco fue suministrado por la empresa a Cuatrecasas, según explican los autores del informe en una nota a pie de página. Éstos califican los créditos fiscales de “ficticios” y el plan de negocios, de “irreal”.

Los saudíes eran los verdaderos gestores de Blanco

De esa “pasividad frente al deterioro financiero progresivo” de la empresa y de las “graves” irregularidades contables, Cuatrecasas cree que podrían ser considerados responsables no sólo los tres miembros del consejo de administración de Global Leiva, Gerard Michael Louis Waters, Simon Marshall y Mohamed Hussein Mohamed Masud, sino también los gestores de Alhokair, como “administradores de facto” de Global Leivade facto.

Para probar que los saudíes eran los verdaderos directores de Global Leiva, el informe cita la sentencia del juzgado de Móstoles que reconoció como improcedente el despido de Bernardo Blanco y su mujer, Teresa Pérez, y obligó a indemnizarlos con 925.000 euros. Según el juez, “el proceso de toma de decisiones en Global Leiva estaba firmemente influido por las instrucciones de Alhokair”, puesto que ambas empresas no sólo formaban parte del mismo grupo sino que también “aparecían antes terceros como la misma entidad”. Tras vender la cadena a los saudíes, Bernardo Blanco permaneció en la empresa como director general hasta mayo de 2015.

Pero es que, además, los tres miembros del consejo de Global Leiva antes citados eran también altos ejecutivos de Alhokair: Marshall es consejero delegado de la firma saudí, Masud es su director financiero y Waters, el vicepresidente de Expansión. Finalmente, los sueldos tanto del director financiero de Global Leiva, Nuno Ferreira, como de Stephen Craig, quien fue su consejero delegado de junio de 2015 hasta mayo de 2016, los pagaba Alkohair.

Si a estos hechos se le suma el continuo apoyo financiero de los saudíes –incluso tras haber vendido la empresa española–, Cuatrecasas concluye que “Alkohair, y no los administradores formalmente designados de Global Leiva, eran quienes “gobernaban materialmente” la cadena de tiendas de moda.

El consejero delegado actuaba sin supervisión

Pero sobre los gestores oficiales de Blanco también pesan responsabilidades in vigilandoin vigilando, asegura el informe. Por no haber adoptado las medidas necesarias para solucionar los problemas financieros de Blanco, pero también por haber dejado a Stephen Craig actuar “sin supervisión del consejo de administración”. En la memoria que Global Leiva aportó al administrador concursal, la empresa acusa al británico, antes consejero delegado de All Saints y alto ejecutivo de Diesel, G-Star o Ralph Lauren, de haber desarrollado “actividades atípicas” y tomado “decisiones perjudiciales y caras” para Blanco. También apunta a un “exceso de gastos no productivos a favor de los miembros del equipo directivo”.

En esa memoria, Global Leiva dice que está “valorando” interponer “acciones legales” contra su ex director general, aunque hasta el momento no lo ha hecho. Quizá porque, según Cuatrecasas, el consejo de administración no controló en ningún momento al díscolo Craig. Como publicó en su día infoLibre, el británico había contratado a su hija y su novio nada más llegar a Madrid. A ella le asignó un sueldo de 50.000 euros al año, casi cuatro veces el salario fijado en el convenio para su categoría. Sólo permaneció dos meses en el puesto. En ese mismo documento, Global Leiva culpaba a Stephen Craig de haber pasado de la producción propia a la compra de ropa fabricada por un proveedor chino, Li & Fung, que empezó a suministrarle ropa de baja calidad y con retraso.

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Finalmente, señalaba al ejecutivo británico como el responsable de haber cambiado la empresa que gestionaba las ventas mediante comercio electrónico, lo que se tradujo en un “importante” aumento de los costes.

Sin embargo, el informe de Cuatrecasas exime de responsabilidad legal a Stephen Craig y al director financiero, Nuno Ferreira, pues no son apoderados de Global Leiva, al menos según la información que la propia empresa proporcionó al bufete.