Montoro propone ahora "prohibir por ley" nuevas amnistías fiscales

El ministro de Hacienda culminó este martes una jornada parlamentaria dominada por su amnistía fiscal ilegal compareciendo en comisión para rendir cuentas de esta polémica medida tumbada por el Tribunal Constitucional hace un par de semanas. Durante una hora de intervención previa, el titular de Hacienda insistió en que la medida no era de su agrado, en que se aprobó por la delicada situación económica en la que se encontraba España y en que el Tribunal Constitucional sólo critica que "el vehículo normativo no fue el acertado". Se reservó el titular para el final, cuando estaban a punto de tomar la palabra el resto de grupos parlamentarios: una reforma de la Ley General Tributaria para que no vuelva a haber más amnistías fiscales en España.

"La Declaración Tributaria Especial se presentó como una última oportunidad para regularizar dinero oculto", fue preparando el terreno antes de proponer al resto de formaciones con representación parlamentaria una modificación legal para que la Declaración Tributaria Especial (DTE), como el Gobierno califica a la amnistía fiscal de 2012 sea la última. Lo propuso, dijo, dado que "se ha demostrado que los procesos de regularización no gustan a nadie".

"Creo que hay un consenso muy amplio en contra de que haya nuevas regularizaciones extraordinarias como las que ha habido en España en las últimas décadas. Por eso les propongo modificar la Ley General Tributaria para que incluso lleguemos a prohibir expresamente nuevas regularizaciones", subrayó.

Aumento de plantilla de la Agencia Tributaria

Además, Montoro anunció que el Gobierno llevará al Congreso un "aumento extraordinario" de la plantilla de la Agencia Tributaria y dedicada a la lucha contra el fraude. "Lo haremos también junto al resto de servicios que luchan contra el fraude, como el laboral, y también en la mejora de determinadas gestiones de servicios a los que se les puede quedar corta los efectos de la Oferta Pública de Empleo", añadió.

"Hubo que poner un cebo. Porque si no no entra ningún pez. Si no los pececitos se irían a otro sitio o se quedan en el fondo del mar", justificó Montoro la amnistía fiscal de 2012. "Nos la jugamos, como en otras medidas, porque podían haber fracasado, pero no lo han hecho", insistiendo en que afloraron 40.000 millones de euros. "Pagaron 1.200 millones, pero lo importante es lo que afloró y que continuaron pagando impuestos en IRPF, el Impuesto de Patrimonio, plusvalías, de Sociedades, impuestos especiales... Eso es lo que necesitábamos", subrayó.

Salvo la portavoz del PP, que justificó la amnistía fiscal con los mismos argumentos que el ministro, los partidos de la oposición vieron insuficientes las explicaciones de Montoro.

Julián López Milla, desde el Grupo Parlamentario Socialista, se quejó de que horas antes, en los pasillos del Congreso, el ministro hubiese asegurado que a la amnistía fiscal se acogieron más dirigentes del PSOE que del PP, pero sin dar nombres.

El diputado del principal partido de la oposición se preguntó si ese tipo de informaciones no son confidenciales. "No pasee una cabeza de caballo por los pasillos del Congreso. No es aceptable, ni tolerable, ni le va a servir de nada".

"¿Ha tenido usted acceso a la lista de beneficiarios?", preguntó López Milla. "Haga pública la lista", exigió.

"Una cabeza de caballo cortada"

"Yo no he hablado de nadie que se esté investigando. Hay dirigentes del PP y del PSOE que están siendo objeto de investigaciones judiciales", respondió Montoro añadiendo que los casos a los que se refiere "son públicos". Están "en investigación judicial pública". "Yo no paseo por los pasillos del Congreso con una una cabeza de caballo cortada", respondió.

Desde Unidos Podemos, el diputado Alberto Garzón acusó al titular de Hacienda de saber que la amnistía fiscal aprobada en 2012 iba a ser tumbada por el TC. Asimismo, calificó la medida de "opción política", intentando derribar los argumentos del ministros que apuntaban a que la iniciativa no le gustaba pero era la vía para dar un impulso a una situación económica delicada. "Al borde de la quiebra", llegó a decir.

"La impresión que se traslada es que hay españoles de primera que hacen lo que quieren y españoles de segunda que pagan", sostuvo Garzón.

Mientras, desde Ciudadanos, socio de investidura del PP, sostuvo que la sentencia del TC demuestra que la amnistía fiscal fue "una auténtica chapuza, inconstitucional y amoral". Además, restó valor a la oferta de Montoro a los grupos de sentarse a hablar para trabajar en una ley que prohíba nuevas regularizaciones de este estilo en el futuro.

Según sostuvo, la sentencia del Constitucional, ya cerraba la puerta a iniciativas de este tipo.

Mientras, desde el PNV la diputada Idioa Sagastizabal criticó el constante recurso de los conservadores al real decreto en lugar de la búsqueda de acuerdos parlamentarios. Y desde ERC, Ester Capella contrapuso cómo las "grandes fortunas" se pusieron al día con Hacienda con la forma en la que tienen que cumplir el resto de trabajadores y autónomos.

Desde Compromís, el diputado Ignasi Candela calificó al ministro de "blanqueador del dinero de los criminales", recordando a uno de los personajes de la película El Padrino. Unas declaraciones que el presidente de la Comisión, Antonio Padras (PSOE), propuso retirar del diario de sesiones de la comisión tras la negativa de su autor a rectificar.

 

No dimite

Antes de comparecer en esta comisión, Montoro había respondido a tres preguntas en la sesión de control al Gobierno de los grupos Socialista, de Unidos Podemos y CiudadanosCiudadanos y a una interpelación del principal partido de la oposición, el paso previo a la reprobación.

Tanto PSOE como Podemos reclamaron a Montoro su dimisión, algo a lo que se negó el titular de Hacienda. "Si no dimite, le vamos a reprobar", le advirtió el socialista Pedro Saura.

El titular de Hacienda respondió tirando de ironía: "Estamos en ello [en pedir su dimisión] desde tiempos inmemoriales. El PSOE antes de que tuviera mi primer cargo público ya pedía mi dimisión. Es una cosas obsesiva... qué le vamos a hacer", mantuvo. "Cuanto mas se dedica usted a pedir mi dimisión, menos me puedo ir", añadió.

También tiraría de ironía para responder a Rafael Mayoral (Unidos Podemos). Así, calificó de poco original su pregunta al ir encaminada, como la del PSOE, a reclamar su dimisión. "Son un Gobierno que trabaja para las elites", subrayó el diputado de la formación morada.

Juan Carlos Girauta (Ciudadanos) no reclamó la dimisión. Si pregunta iba encaminada a conocer cómo piensa compensar el Gobierno a los españoles de los perjuicios de esta iniciativa.

La respuesta del titular de Hacienda derivó el debate, como lo había intentado Rajoy minutos antes, a la recuperación económica. Dijo que la iniciativa declarada inconstitucional "ha servido para que hoy haya crecimiento y creación de empleo".

"Hay medidas que no nos gustaron tomar, pero con el paso del tiempo muestran su utilidad", defendió antes de insistir en la posibilidad de que "en la segunda mitad de legislatura" se pueda estudiar una rebaja del IRPF.

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Varapalo del TC

Hace un par de semanas, elTribunal Constitucional daba un contundente varapalo al Gobierno de Mariano Rajoy declarando inconstitucional la amnistía fiscal, el Real Decreto Ley 12/2012, una de las medidas más polémicas de la X Legislatura (2011-2015) si se tiene en cuenta que personas vinculadas con el partido del Gobierno o inmersas en investigaciones judiciales se acogieron a ella para aflorar bienes ocultos hasta esa fecha.

En el Gobierno han intentado salir al paso de este mazazo judicial con el argumento de que el TC, que anula la amnistía fiscal, pese a que no tiene efecto sobre las regularizaciones, censura con su sentencia el vehículo mediante el que se llevó a cabo la medida: el real decreto ley. Y justificando que vio luz verde para hacer frente a una situación económica límite, pese a que no se llegó a recaudar lo inicialmente previsto. En todo caso, este episodio pone el foco sobre el excesivo recurso al real decreto ley a la hora de legislar. Una vía a la que Rajoy ha recurrido en 93 ocasiones desde que asumió el Gobierno a finales de 2011. El reparto es el siguiente: 76 en la X Legislatura, una en la corta XI Legislatura y 16 en lo que llevamos de XII Legislatura.