El doble fiasco de la amnistía fiscal: 3.900 evasores siguieron defraudando y sólo recaudó el 3% del dinero oculto

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha defendido de nuevo en el Congreso la amnistía fiscal recién anulada por el Tribunal Constitucional (TC), que en su sentencia reprochaba a la medida del Gobierno que “legitimara” la conducta de los evasores de impuestos. En la sesión del control al Ejecutivo, aseguró que gracias a la amnistía se “clausuró una bolsa de fraude” que gobiernos anteriores no habían sido capaces de pinchar, y negó que hubiera “abdicado del deber de recaudar”, precisamente de lo que le acusaba la sentencia del TC. “Lo que se hizo fue sacar de las sombras un capital que estaba oculto”, zanjó.

Sin embargo, según las cifras que el propio Montoro facilitó a los diputados, el 13,3% de quienes se acogieron a la amnistía fiscal de 2012 continuó defraudando tras haber regularizado su situación con el fisco. Son 3.943 personas y sociedades, del total de 29.683 que se acogieron a las medidas de gracia ofrecidas por el Gobierno. Una vez acogidos a la amnistía por los activos ocultados en los ejercicios de 2008 a 2010, fueron inspeccionados por Hacienda en años posteriores porque eran considerados “perfiles de riesgo”; es decir, no fueron seleccionados porque se hubieran acogido al decreto-ley recién anulado –que les blindaba de cualquier investigación penal por sus regularizar rentas opacas–. Y se descubrió una deuda media por defraudador de 70.758 euros.

Para el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), estas cifras son una prueba de que “las amnistías fiscales son muy poco eficaces para modificar la actitud del evasor y colocan a los amnistiados en el grupo de contribuyentes con riesgo extremo de seguir defraudando”. Por eso piden a Montoro que ordene una investigación tributaria de todos los acogidos a las medidas de gracias de 2012 para saber si siguen evadiendo.

Además, hay que recordar que, según anunció en su día la Agencia Tributaria, 705 contribuyentes acogidos a la amnistía, el 2,4%, están siendo investigados por blanqueo de capitales. Esos casos han sido notificados al Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), que depende del Banco de España y es la unidad de inteligencia financiera española.

Del 10% al 2,63%

A Montoro no le gusta que al decreto-ley 12/2012 se le llame “amnistía fiscal”. Siempre habla de la Declaración Tributaria Especial (DTE), como se conoce al modelo 750 que debían presentar a Hacienda los contribuyentes interesados en aflorar sus rentas opacas. Para regularizarlas, sólo debían pagar el 10% de las cantidades defraudadas y no prescritas, también quedaban eximidos de abonar intereses ni recargos. También se añadió una segunda declaración, el modelo 720, para quienes poseyeran más de 50.000 euros en bienes y derechos en el extranjero. Así afloraron 110.000 millones de euros hasta 2016.

Gracias a la DTE se recaudaron 1.192 millones de euros, menos de la mitad de los 2.482 millones previstos por el ministro Montoro. Esa cifra equivale sólo al 2,63% de la cantidad evadida entre 2008 y 2010, según los cálculos de Gestha. El sindicato de técnicos fiscales cifra en 453.078,46 millones de euros el volumen de la economía sumergida en España en esos tres ejercicios, unas estimaciones que la Agencia Tributaria, según explica un portavoz a infoLibre, no reconoce como válidas. El organismo, no obstante, tampoco hace sus propios cálculos de economía sumergida y fraude fiscal. En todo caso, si se considera que los acogidos a la amnistía pagaron el 10% del patrimonio que habían ocultado, éste equivale a 11.920 millones de euros, únicamente el 2,63% de la economía sumergida española. Dicho de otro modo, el 97% de esos bienes y rentas, concluye Gestha, sigue bajo la alfombra.

Otra de las consecuencias inesperadas de la amnistía fiscal es el desplome en el número de declaraciones complementarias. Al pagar el 10% por lo defraudado, dejó de ser necesario presentarlas. Si en 2012 se realizaron 1.076, en 2013 se redujeron a 818, para quedarse en sólo 504 en 2016, la mitad que cuatro años antes. Los técnicos de Hacienda explican que el patrimonio en el extranjero declarado en el modelo 720, en realidad ya se había aflorado antes y procedía de periodos prescritos o de evasiones ya regularizadas con la amnistía. En caso contrario, apuntan, sus dueños habrían presentado declaraciones complementarias, por lo que su número no se habría hundido.

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El anzuelo y el cebo para los defraudadores

Cristóbal Montoro avanzó este miércoles en el Congreso que la Agencia Tributaria ha abierto 10.990 inspecciones relacionadas con el modelo 720, que han descubierto una deuda de 1.947 millones de euros. También se han hecho 2.544 inspecciones conjuntas de los modelos 750 y 720, que han aflorado 187 millones de euros más. En noviembre de 2016, Hacienda envió una carta a los casi 30.000 contribuyentes acogidos a la amnistía donde les avisaba de que las investigaciones tributarias abiertas tras rellenar el modelo 750 no prescribían. También explicó que estaba llevando a cabo “procesos masivos de análisis de riesgo” para destapar rentas no declaradas en periodos impositivos no prescritos, ya fueran anteriores o posteriores a la presentación de la Declaración Tributaria Especial, así como la posible utilización improcedente de dicho modelo”. Una manera de cumplir la proposición no de ley aprobada en el Congreso dos meses antes que instaba al Gobierno a tapar los agujeros de la amnistía.

Que la medida de gracia fue suave lo reconoció implícitamente Cristóbal Montoro en el Congreso cuando aseguró este miércoles que en 2012 “el Gobierno echó el anzuelo y tuvo que poner un cebo; si no, los pececitos se van a otro sitio o se quedan en el fondo del mar”.