Segundo tropiezo del presidente de 'La Razón' con la justicia en dos meses

Mauricio Casals, presidente del diario La RazónLa Razón, está siendo investigado tras una querella de Anticorrupción por supuesto fraude y desvío en las subvenciones millonarias concedidas por el Ministerio de Industria al grupo capitaneado por Zed Worldwide, empresa tecnológica entre cuyos hitos se cuenta el videojuego Commandos. El caso se encuentra en manos del titular del juzgado 6 de la Audiencia Nacional, el recién reincorporado Manuel García Castellón. Hay 19 investigados, algunos de nacionalidad rusa. Ningún funcionario ni alto o exalto cargo figura entre ellos, aseguran fuentes del caso. La operación, en la que la UDEF ha practicado registros en Madrid, Barcelona y Valencia y varios arrestos, ha sido bautizada como Hanta. 

Fuentes de la investigación han confirmado a infoLibre que sobre Casals pesa una doble imputación por los presuntos delitos de tráfico de influencias y de falsedad documental, por la supuesta facturación ficticia que habría permitido desviar parte del dinero hasta el diario La Razón al amparo de un convenio de publicidad. Los investigadores destacan que hay sólidos indicios de que actuó como conseguidor de los más de 67 millones en ayudas y créditos blandos que el grupo capitaneado por la firma Zed obtuvo a partir de 2010, aún bajo el Gobierno de Zapatero, y también luego con el Ejecutivo de Rajoy.

Considerado uno de los hombres con mayor influencia y poder del país, Casals fue hace dos meses uno de los investigados más efímeros de la Operación Lezo junto con el director de La Razón, Francisco Marhuenda.

El juez Eloy Velasco les imputó presuntas coacciones a la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, para tapar el escándalo del Canal de Isabel II. Y les desimputó a la semana siguiente con un auto donde citaba la declaración prestada por Cifuentes, según la cual no solo no se sintió presionada "sino, y es lo que importa, que en ningún caso lo habrían conseguido". El antecesor de Cifuentes en la presidencia de Madrid y bastión principal en la trama que se investiga en Lezo, Ignacio González, se convirtió en articulista de lujo de La Razón hasta dos días antes de su arresto. La mano derecha de González en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino, era miembro del consejo de administración de ese mismo diario.

Apodado por sus detractores como El príncipe de las tinieblas, Casals ha tejido con discreción granítica una extensa, valiosa y transversal malla de contactos y amistades. Quienes le conocen sostienen que su escenario habitual de operaciones es no tanto la sede de La Razón como el hotel Palace de Madrid.

Las fuentes consultadas por este diario han recalcado que Planeta, propietario de La Razón así como de las cadenas Antena 3 y La Sexta y que controla el 20% del accionariado de la compañía española Zed Worldwide según sus propios datos, está "colaborando" con la investigación. El grupo fundado por la familia Lara emitió este jueves un comunicado de nueve líneas por el que anuncia que se personará como acusación popular contra la familia Pérez Dolset, fundadores del grupo Zed. El grupo cierra la nota proclamando su "convencimiento de que ni el diario La Razón ni su presidente han cometido ninguna irregularidad". 

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En diciembre, trascendió que Zed se encontraba inmersa en escándalo de presuntos pagos de sobornos a familiares de políticos del Gobierno de Moscú, entre ellos el ministro del Interior, a través de su filial rusa, Grupo Tema. El FBI, la CIA, la SEC –organismo equivalente en EEUU a la CNMV– y el Departamento de Justicia ya investigaban entonces a Zed. Uno de sus fundadores, Javier Pérez Dolset, fue interrogado así como una docena de directivos vinculados a la subsidiaria rusa de la compañía española. 

Zed entró en concurso de acreedores en 2016 con un pasivo de nada menos que 368,9 millones de euros. El comunicado difundido por Planeta incide en ese aspecto al asegurar lo siguiente: que el grupo "viene denunciando las irregularidades en la gestión por parte del presidente y de los administradores del grupo Zed desde junio de 2011". Los Pérez Dolset poseen distintas sociedades fuera de España, alguna de ellas en Luxemburgo, uno de los países nucleares de la UE y que, sin embargo, opera en la práctica como un paraíso fiscal.