Las becas del Santander y la Junta acaban con una multa de 1,45 millones a una universidad pública

Fue una de las fotos políticamente más jugosas del primer tramo de presidencia de Susana Díaz (PSOE). La jefa del Ejecutivo, que había sido elegida por el Parlamento en septiembre de 2013 tras la dimisión de José Antonio Griñán, se reunió en enero de 2014 con Emilio Botín, entonces presidente del Banco Santander –fallecido meses después–, dejando imágenes de fuerte carga simbólica que ilustraban la ambición y proyección de la dirigente andaluza, a la que el primer banquero de España dedicó ostensibles gestos de complicidad. Uno de los compromisos de aquella fotogénica reunión fue la inversión por parte del Banco Santander de 900.000 euros en un programa de becas para mil jóvenes sin empleo de entre 18 y 30 años.

La idea era que realizaran prácticas durante seis meses en las empresas que se adhirieran al programa, percibiendo 2.700 euros: 900 del Santander, 900 de la Junta y 900 de la empresa participante. Entonces todavía no estaba decidido que la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) acabaría formando parte de la ecuación. Pero ha sido en la parte de la gestión de las becas que le ha tocado a la UNIA, a la que la Junta otorgó un papel de intermediadora entre las empresas y los becarios, donde ha surgido el problema: la inspección de trabajo ha abierto a esta universidad pública un expediente sancionador de 1,45 millones de euros por no dar becarios de alta en la Seguridad Social. En cuanto al balance de la beca, han hecho prácticas gracias a las becas casi 1.500 desempleados en dos años, con una inserción laboral del 37,65%, según la Junta de Andalucía.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social en Málaga considera que estas becas constituyen una relación laboral y debe haber por ello altas laborales. La UNIA ha puesto el asunto en manos de un bufete de abogados. El expediente se encuentra en fase de alegaciones. El importe exacto de la sanción es de 1.458.279 euros, según la UNIA. El gerente de la UNIA, Rafael Serrano, dio cuenta del problema al patronato de la universidad el 12 de diciembre de 2016, según el acta de aquella reunión, a la que ha tenido acceso infoLibre. Serrano afirmó que se había hecho una reserva económica de 115.000 euros "en previsión de jurídicos y contenciosos", ya que el Instituto Nacional de la Seguridad Social en Málaga había abierto un expediente al considerar que los becarios tendrían que haber cotizado. Existen "incertidumbres", recoge el acta sobre la intervención de Serrano, acerca de la "posible responsabilidad patrimonial que se nos podría exigir, y ello a pesar de que se siguieron las instrucciones recibidas en todo momento, ya que éramos un mero ente instrumental". "Evidentemente", añade, "si del proceso abierto resultara finalmente la obligación de cotizar por los becarios que estuvieron adscritos al mencionado programa, el responsable final del montante reclamado sería la Consejería de Empleo". El rector de la UNIA, Eugenio Domínguez, afirmó que la universidad actuó "siguiendo las instrucciones escritas que facilitó la Secretaría General de Empleo".

Consultado por este medio, Serrano no se muestra ahora convencido de que le toque pagar a Empleo, en caso de que finalmente la sanción se haga firme. La entidad a la que se ha abierto expediente es la UNIA, admite Serrano, aunque subraya que en todo momento se ha actuado conforme a lo indicado por la Junta de Andalucía. En concreto las indicaciones han venido de la Consejería de Empleo durante la etapa como responsable de la misma de José Sánchez Maldonado, cesado a principios de junio en la amplia remodelación del Gobierno de Susana Díaz. Empleo declinó ofrecer su versión para esta información y se remitió a la Consejería de Economía y Conocimiento.

El titular de dicho departamento, Antonio Ramírez de Arellano, informó el miércoles, a preguntas de la parlamentaria de IU Elena Cortés, de que la sanción se debía a que la UNIA no había incluido a los becarios dentro del Régimen General de la Seguridad Social. Ramírez de Arellano negó que hubiera habido "irregularidades". Definió lo ocurrido como una "controversia competencial". El consejero señaló que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) "actuó conforme a la normativa andaluza". No obstante, la Inspección Provincial de Trabajo de la Seguridad Social en Málaga "realizó otra interpretación que instaba a incluir dichos contratos bajo el Régimen General de la Seguridad Social y no bajo la cobertura de un seguro de enfermedad y responsabilidad civil", en palabras de Ramírez de Arellano. La Junta dejará de usar esta fórmula en el futuro, aseguró el consejero.

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La sanción ha provocado preocupación en la UNIA. No sólo entre sus gestores, sino también entre sus trabajadores. La UNIA no es una universidad al uso. No ofrece grados, sólo másteres, títulos de posgrado, cursos de verano, encuentros, foros... Sus recursos son escasos. Su presupuesto para 2017 es de 15,6 millones de euros. En 2016 el número total de estudiantes no llegó a 5.000.

La Junta de Andalucía le encargó a la UNIA un papel en las becas Santander que, más que académico, era fundamentalmente administrativo, y que a la postre ha terminado metiendo en un problema a la universidad. Un decreto ley de 2014 de la entonces Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, a cuya cabeza estaba Sánchez Maldonado, recogía a la UNIA como "entidad colaboradora" que debía encargarse de la "gestión y tramitación de las prácticas profesionales y el abono de las becas y del importe del seguro de enfermedad, accidente y responsabilidad civil a las personas beneficiarias". "Nosotros aparecemos en el proyecto como intermediarios", explica el gerente Rafael Serrano. Lo que hacía la UNIA era casar el interés de las empresas con los perfiles de los becarios. La UNIA abonaba los 900 euros de la Junta y los 900 del Santander, mientras que las empresas pagaban directamente sus 900 euros, explica Serrano. A la universidad le suponía un ingente trabajo administrativo, que causó malestar entre algunos trabajadores, al considerar estas tareas ajenas a la vocación académica de la institución.

Las becas del Santander se han convocado dos veces: 2014 y 2015. El primer año hubo 736 beneficiarios que concluyeran las prácticas; y el segundo, 752, según la Junta. Es decir, más de un 25% por debajo de lo previsto cuando Díaz y Botín alcanzaron el acuerdo. El 37,65% de los participantes en el programa –que serían 560 de los 1.488 en sus dos cursos– encontraron trabajo tras su periodo de prácticas, según la Consejería de Economía. El día que se firmó el acuerdo entre la Junta y el Santander, Botín afirmó que el programa de becas constituía "un incentivo y no una subvención" y que su voluntad era contribuir a que Andalucía "crezca por encima de la media nacional en 2014". La repercusión del acuerdo en los medios de comunicación –no sólo por las becas, también por una línea de crédito y un compromiso de apoyo a la investigación sanitaria– fue enorme