El silencio del Ejecutivo reaviva y extiende las huelgas del personal laboral de las embajadas

El conflicto que enfrenta con el Gobierno a los trabajadores de las embajadas y oficinas diplomáticas españolas amenaza con extenderse y subir varios grados de temperatura en vista de la “sordera” y la “pasividad” de los ministerios implicados, advierten UGT, CCOO y CSI-F. La llama prendió en Argentina, con una huelga indefinida convocada el pasado mayo, pero se propagó rápidamente a Brasil, Australia, Suecia, Canadá, Estados Unidos, Marruecos… La protesta obligó a reunirse a la Comisión Técnica del Personal Laboral en el Exterior, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el pasado 20 junio. Pero desde entonces nada se ha movido. “No se ha tomado ninguna decisión”, asegura a infoLibre un portavoz de Asuntos Exteriores. “Se está estudiando el tema y el ministerio ha ofrecido a Hacienda, que es la responsable de actualizar las retribuciones del personal, su colaboración”, se limita a explicar el ministerio.

La falta de respuesta –“no hay voluntad ni interés”, protestan los sindicatos– se traducirá en nuevas huelgas en Guinea Ecuatorial, Marruecos, Finlandia y Nicaragua –el 1 de agosto–, la Agencia Española de Cooperación (AECID) –a partir del 5 de agosto–. En septiembre pararán de nuevo en Suecia, Canadá, Estados Unidos y Tanzania. También los Emiratos Árabes Unidos, Portugal, Bélgica, Italia, El Vaticano, Honduras, El Salvador, México, Uruguay se sumarán a las protestas. El pasado jueves, los más de 200 empleados laborales del servicio exterior en Argentina decidieron en asamblea volver a la huelga, que desconvocaron tras 16 días de paro cuando el ministerio accedió a la reunión del pasado 20 de junio. “Los laborales están hartos de la canción, lo que quieren es ver el dinero en sus nóminas”, resume Sebastián Trenado, secretario general de UGT en el exterior. Javier Sastres, coordinador del Servicio Exterior de CSI-F, no descarta incluso una huelga global si el Gobierno no actúa.

Además de los funcionarios, España posee un cuerpo de 7.000 empleados laborales repartidos por embajadas, consulados y oficinas comerciales, de turismo y culturales en todo el mundo. Asuntos Exteriores no proporciona una cifra oficial de cuántos son, ni de cuál es su nacionalidad. Los sindicatos sostienen que no existe un censo oficial ni una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de este grupo de trabajadores. Pero, según sus cálculos, un 30% son locales del país donde se encuentra la representación oficial, el 60% son españoles o tienen la doble nacionalidad y el 10% restante, expatriados, como ocurre con los profesores del Instituto Cervantes o los directores de los proyectos de cooperación de la AECI. Sus contratos están sometidos a las leyes laborales locales, cotizan a la Seguridad Social local y tributan a las haciendas de los países donde residen. Pero su empleador, quien paga las nóminas, es España. Y, según denuncian los sindicatos, el Estado incumple las leyes nacionales a conveniencia.

El resultado es que el personal laboral de embajadas y consultados exige subidas salariales del 25% –en Argentina y Canadá– del 33% –en Suecia– e incluso superiores, tras una congelación salarial que dura ya nueve años. La inflación en muchos países se está comiendo los sueldos de estos trabajadores. En España y en la Unión Europea, el IPC suele rondar el 2%, pero en Argentina la inflación creció un 14,3% en 2016; en Uruguay, un 10,5%; en Angola, un 29,2%; en Egipto, un 10,3%; en Ghana, un 15,2%; en Rusia, un 7,3%, y en Venezuela hasta un 180,9%, según datos aportados por CCOO.

El secretario general de la Sección Sindical del Exterior de este sindicato, Osmany Llanes-Melo, precisa que estos trabajadores sufren un triple castigo: la congelación salarial, la inflación y las fluctuaciones de la moneda local. La mayoría de ellos, fuera de la UE y Japón –donde cobran en euro y yenes, respectivamente–, percibe sus sueldos en dólares. Sueldos exiguos que, en muchos casos, apenas les permiten llegar a fin de mes. Porque en gran parte cubren las categorías profesionales inferiores, de oficial, auxiliar administrativo u ordenanza.

Por ejemplo, en Australia, España paga a su centenar de empleados laborales el salario mínimo del país, 640 dólares semanales, el más alto del mundo. Pero alquilar allí un piso de 50 metros cuadrados puede costar entre 500 y 700 dólares a la semana, detalla Javier Sastre. Sydney, destaca, es una de las ciudades más caras del mundo. Otro tanto ocurre en Finlandia, donde un auxiliar administrativo contratado por España cobra unos 1.600 euros al mes, pero debe pagar 16 euros cada vez que acude al médico. En los Emiratos Árabes Unidos, los laborales que trabajan en las oficinas diplomáticas españolas tienen que compartir piso, porque puede llegar a costar hasta 3.500 euros al mes alquilar uno. “También hay familias que están retornando porque no pueden permitirse vivir en esos países con el sueldo del cabeza de familia”, lamenta el sindicalista de UGT.

Ni extra, ni salario mínimo, ni pensión, ni IRPF...

Aunque, como queda dicho, los contratados deben estar sometidos a las leyes locales, en Argentina la Administración española no cumple el precepto que obliga a subir los salarios en la cuantía en que lo haga el IPC, apunta Llanes-Melo. Tampoco les paga el “aguinaldo”, una paga extraordinaria que se cobra en diciembre. En Australia, los laborales tuvieron que recurrir a los tribunales para que España les aplicara la subida del salario mínimo que el Gobierno de Canberra había aprobado. Lo ha aumentado de nuevo este año, pero España tampoco les ha incorporado la mejora aún en sus nóminas, denuncia Javier Sastre. En Suecia, la Administración española no paga a los contratados de sus oficinas diplomáticas más que la parte de las cotizaciones sociales que le corresponde para la pensión mínima de ese país. Allí, el sistema se basa en tres pilares: el básico, el contributivo según coticen empresas y trabajadores, y los fondos de pensiones privados. España, como empleador, no abona contribuciones más que para el primer pilar, por lo que la pensión que les queda a estos trabajadores cuando se jubilan es muy pequeña, denuncia el responsable de UGT. Tampoco respeta la Administración española la Ley de Vacaciones de Suecia, que incluye el pago de un “complemento vacacional”.

En Marruecos, los problemas de los laborales al servicio de la diplomacia española han sido mucho más dramáticos. Los marroquíes contratados por las embajadas de todos los países percibían salarios netos: ni ellos ni sus empleadores tributaban al fisco. Hasta que el Gobierno de Rabat decidió acabar con ese privilegio y obligó a los Estados a tributar por esos empleados. Francia, Italia, Estados Unidos y la Unión Europea, explica Sebastián Trenado, negociaron y llegaron a acuerdos con Marruecos: la deuda de los trabajadores y los Estados quedó cancelada, se fijó un tipo especial de gravamen para pagar en adelante y se compensó a las plantillas para que pudieran afrontar los nuevos impuestos. España, sin embargo, dejó a los contratados a su suerte, protesta el responsable de UGT. De modo que a algunos de ellos la Hacienda marroquí les reclama importes que superan los 100.000 euros por toda una vida laboral de impuestos impagados. Algunos han sufrido el embargo de sus sueldos y pensiones e incluso un profesor colaborador pasó tres meses en prisión por este motivo.

Los contratos del personal laboral en el extranjero se basan en un acuerdo de 2008, “como el Convenio Único del Personal Laboral de la Administración General del Estado, pero a lo pobre”, describe Javier Sastre. Lo que no aparezca especificado en ese acuerdo, se remite a las leyes laborales de cada país. “Pero España incumple esas normas locales cuando le conviene”, advierte el responsable de CSI-F. Así que los trabajadores terminan recurriendo a los tribunales para que se les reconozcan sus derechos. Y casi siempre ganan, coinciden los tres sindicatos.

En Bolivia, los jueces reconocieron las deudas que España mantenía con los empleados laborales de la AECI en ese país. En Argentina los contratados ganaron en los tribunales el pago del “aguinaldo”. En Colombia, lograron así la percepción de las “cesantías”, el subsidio de desempleo. En Australia una demanda obligó al Gobierno español a alcanzar un acuerdo con sus contratados que evitó el juicio y por el que se avino a aplicarles la subida del salario mínimo. En Estados Unidos y en muchos otros países, explica el responsable de CCOO, los jueces han otorgado indemnizaciones cuantiosas –superiores a los 100.000 euros– a trabajadores que fueron obligados a jubilarse a los 65 años, pese a que las leyes españolas –también las estadounidenses, por ejemplo– prohíben el despido por razón de edad.

Sin elecciones sindicales en 40 años

Los sindicatos enumeran así un cúmulo de agravios comparativos que no dudan en calificar de “brutal”. Con respecto a los funcionarios y con respecto a los laborales del resto de la Administración. Sebastián Trenado resalta que la mayoría de los laborales están “sobrecualificados”. Suelen ser licenciados, hablan varios idiomas, pero esas competencias no se corresponden con su categoría profesional –auxiliar administrativo– ni con las tareas que luego desempeñan, más propias de técnicos especializados, apunta Osmany Llanes-Melo.

El problema es el capitalismo

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Además, son los únicos trabajadores de la Administración española que no han celebrado nunca elecciones sindicales. Casi se llegó a un acuerdo que quedó en nada cuando el Gobierno del PP pretendió crear un comité de empresa único para todos los laborales en todo el mundo, con una circunscripción electoral única, en lugar de un comité por país como querían los sindicatos y como sí tienen los funcionarios en el exterior. Según Trenado, el Ejecutivo les ha enviado un borrador de procedimiento con el que los sindicatos “no están muy de acuerdo”, pero que les permitiría celebrar elecciones a finales de este año.

Un nuevo conflicto se les avecinará cuando, en 2020, se obligue a todos los laborales a cotizar en el país de la UE donde residen. La medida es fruto de una “lectura errónea”, a juicio del responsable de UGT, de un reglamento de la UE. Los sindicatos piden que se garantice la libertad de opción, que cada trabajador decida a qué Seguridad Social prefiere contribuir. Porque, con la obligatoriedad de pagar cuotas en el país de residencia, aumentará la cuantía de las contribuciones –en España son menores– pero se reducirá la pensión de jubilación –la tasa de sustitución española, la relación entre salario y prestación, es de la más elevadas de la UE–.

El Gobierno, en esa única reunión del 20 de junio, prometió buscar un arreglo, en principio, para los laborales de Argentina, que ha liderado las protestas. Pero los sindicatos exigen una “solución global”, en palabras de Osmany Llanes-Melo. “No se puede reducir el conflicto a una congelación salarial, hay que acometer una reforma total que hasta ahora el Gobierno nunca ha querido afrontar, pero a la que se va a ver obligado”, apunta Sebastián Trenado, “porque la casa se le está cayendo”.