Cargos de la sanidad madrileña afianzan en 'Púnica' la sospecha de que la 'cláusula del 1%' ocultaba pagos en especie al PP

Tres testigos de la Operación Púnica que en la pasada década ocupaban cargos de relevancia en la sanidad pública madrileña han afianzado con sus declaraciones ante la UCO la sospecha de que la conocida como cláusula del 1% para publicidad de seis nuevos hospitales ocultaba en realidad el pago de comisiones en especie para el PP. ¿Qué tipo de comisiones en especie? Los investigadores sostienen que la respuesta se resume así: publicidad electoral que habrían sufragado las constructoras de esos hospitales bajo el camuflaje de un inexistente Plan de Información.

La campaña para las municipales y autonómicas de 2007, donde Esperanza Aguirre anudó su poder institucional tras aquella primera victoria que siguió al tamayazo de 2003, se sitúa así de nuevo bajo el foco. Además de a Francisco Granados, ahora en libertad bajo fianza y entonces consejero de Presidencia, las declaraciones ponen también en el ojo del huracán a quien en aquel momento dirigía la Consejería de Sanidad, Manuel Lamela.  

La transcripción de esas tres declaraciones, una de ellas nada menos que la de la entonces directora del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) y a las que infoLibre ha tenido acceso, constata que ninguno de los tres testigos supo nunca a qué se dedicó ese 1% ni quién supervisaba la ejecución de cada supuesta campaña de información a que también oficialmente iba destinado ni con qué criterio se elegía a las empresas de publicidad. Y aseguran que tampoco tuvieron jamás noción de por qué se introdujo esa cláusula en el pliego de condiciones para la construcción de los hospitales pese a que hacerlo de ese modo no solo constituía una fórmula menos transparente que convocar un concurso separado de publicidad sino que encarecía el coste global de la obra.

"Es más eficiente sacar un concurso público aparte que englobe toda la comunicación e información, es más económico", respondió la exdirectora del Sermas cuando la Guardia Civil la interrogó sobre ese punto. "La cantidad relacionada con el 1% no le parece un gasto razonado", contestó a esa misma pregunta el jefe de contratación de la Consejería de Sanidad, que mantiene ese puesto. "Sí, por supuesto", convino el tercer testigo, exjefe de sección de contratación, cuando la UCO indagó sobre si al incluir la obligación de abonar hasta el 1% en concepto de información y publicidad de las obras se estaba incrementando de una forma indirecta el importe de oferta de cada licitador, lo que finalmente implicaba un aumento de gasto para la Administración.

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Sus declaraciones colocan en el vórtice a Francisco Granados, que nunca había abandonado esa posición y ahora se encuentra en gira de entrevistas tras su recuperada libertad bajo fianza. Pero también a Manuel Lamela, que debe su fama al frente de la sanidad madrileña entre 2003 y 2007 no tanto a su defensa de la privatización hospitalaria como a la cacería a que fueron sometidos varios médicos del hospital Severo Ochoa de Leganés acusados por una denuncia anónima de haber perpetrado "400 homicidios".

Los tres testigos los colocan a ambos en el centro del vendaval de Púnica por lo siguiente: según la exdirectora del Sermas, la cláusula del 1% ya figuraba en los pliegos cuando accedió a ese cargo en 2005, pero que en cualquier caso la selección de las empresas que debían publicitar los nuevos hospitales y el contenido exacto de esas campañas de información se dirigía "desde la Consejería de Presidencia y desde el Gabinete de Prensa situado en la sede de la Puerta del Sol". El exjefe de servicio fue más lejos: "Cree recordar –se lee en su declaración– que ese apartado [el del 1% para publicidad] se incluía en los pliegos por una instrucción interna recibida desde la Consejería de Presidencia o desde la Consejería de Sanidad", y el consejero, añadió, era Manuel Lamela. Y el jefe de contratación de la Consejería de Sanidad, a quien también la Guardia Civil le preguntó por el contenido de los planes de información sobre los nuevos hospitales, ofreció esta respuesta: "Que lo desconoce, que este Plan dependía del Gabinete del consejero de Sanidad Manuel Lamela".

Los investigadores del caso creen que ese 1% sirvió para que empresas de publicidad ya investigadas por presunta financiación ilegal del PP facturasen servicios de propaganda electoral a las empresas adjudicatarias de la construcción de esos nuevos centros sanitarios. Los documentos incorporados a la causa prueban que múltiples facturas endosadas a distintas constructoras con cargo a la cláusula del 1% fueron emitidas por Over Marketing y sus sociedades satélite. El propietario de ese grupo de publicidad ya admitió que hacía actos gratis para el PP. Y que ese era posiblemente el "beneficio" que podían haber obtenido quienes le adjudicaban contratos amañados.