El Gobierno insiste en desentenderse de la petición de la UE para que lleve a cabo una investigación "independiente" del accidente de Angrois

“La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios  (CIAF) tiene ‘independencia funcional plena’ y, por ello, el Ministerio de Fomento no puede dictar instrucciones a la CIAF”. Esa es la respuesta que el Gobierno dio al diputado socialista por Guipúzcoa Odón Elorza a su pregunta por escrito al Congreso publicada el pasado mes de junio de si el Ejecutivo tenía intención de reabrir la investigación del accidente de Angrois, esta vez, con “criterios de independencia y objetividad” como pide la Unión Europea.

Hace casi cuatro años, el 24 de julio de 2013, fallecieron 80 personas y 144 resultaron heridas en el descarrilamiento del tren Alvia en la línea Ourense-Santiago. Las investigaciones llevadas a cabo por la CIAF, órgano dependiente del Gobierno, apuntaron como único responsable del accidente al maquinista por haber tomado la curva de A Grandeira excesivamente rápido. Sin embargo, la Agencia Ferroviaria Europea (ERA, por sus siglas en inglés) publicó en 2016 un informe en el que ponía en entredicho la independencia de la investigación llevada a cabo por la CIAF y afirmaba que el riesgo de la curva estaba identificado y que el gestor de la infraestructura (Adif) tenía que haberlo gestionado para reducirlo, pero simplemente lo pasó al maquinista.

Respecto a “la posibilidad de que el Gobierno ordene a la CIAF la elaboración de un nuevo informe sobre el accidente” el Ejecutivo asegura que la CIAF tiene “independencia funcional plena”, por lo que Fomento no puede dictarle instrucciones “sobre el modo en que debe investigar el accidente ni, aún menos, ordenarle que deje sin efecto su informe final y elabore otro nuevo”.

Citado el cargo de Adif investigado

En su petición, Elorza se remitía al auto del 10 de marzo de este año emitido por el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago en el que el juez señalaba que Adif era consciente del riesgo existente en ese punto del trazado de la línea y que la Dirección de Seguridad en la Circulación de la empresa no cumplió con su obligación de gestionar dicho riesgo. Por ello, según Europa Press, Andrés Cortabitarte declarará como investigado. En el momento de la tragedia, Cortabitarte ocupaba el puesto de director de Seguridad en la Circulación y actualmente es el subdirector de Gestión Logística de Aprovisionamientos en la Dirección General de Explotación y Construcción de ADIF.

En concreto, el juez le citó para el día 27 julio a las 13:00 horas en los juzgados de la capital gallega, tres días después del cuarto aniversario del siniestro ferroviario.

Esta convocatoria llega apenas 10 días después de que la Audiencia Provincial de A Coruña desestimase los recursos de apelación interpuestos por el propio Cortabitarte y por Adif contra la decisión del juez de investigar a este último en la causa.

En el auto, los magistrados del tribunal provincial confirmaron que existen "indicios de una actuación deficiente, por incompleta y parcial, en la evaluación de riesgos" de quien ahora ha sido reubicado por Adif en la subdirección de Gestión Logística de Aprovisionamiento.

Denuncia ante la Comisión Europea

Ana Miranda, portavoz del BNG en el Parlamento Europeo, presentó este viernes ante la Secretaría General de la Comisión Europea una denuncia contra el Estado español por infracción del derecho comunitario en materia de seguridad ferroviaria porque Renfe, como operadora, y Adif, como gestora, no evaluaron los riesgos de Angrois, siendo el Ministerio de Fomento el máximo responsable por no haberles exigido dicho control.

En declaraciones a infoLibre, Miranda explicó que estas evaluaciones han de realizarse cada vez que se producen cambios en un proyecto, algo que no se hizo en la línea Ourense-Santiago a pesar de que, por ejemplo, el trazado se había modificado en varias ocasiones. “Pedimos a la Comisión que examine este expediente para abrir un procedimiento de infracción porque hay una falta de control integral de los riesgos en los cambios que hubo en materia de seguridad ferroviaria”, afirmó la eurodiputada.

Señaló además que el Estado realizó la transposición de la directiva europea de seguridad, la de interoperabilidad y el método común de seguridad, después del accidente aunque ya llevaban tiempo en vigor.

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La Secretaría General del Parlamento mandará el texto a la DG Move (la Dirección General de Movilidad y Transporte) para ver si el expediente se abre o no. Si es así, la DG Move se dirigirá al Estado miembro y España tendría que aportar sus argumentos e informes del accidente. La Comisión Europea contrastaría esa información para comprobar que se ha cumplido el derecho comunitario y, una vez hecho esto, avisarían a Miranda, como denunciante, de que están en contacto con el Estado miembro y, por último, decidirían si se abre procedimiento o no. “Si se abre, se puede ir al Tribunal de Justicia”, recordó Miranda.

Este proceso, puede durar seis meses, un periodo que podría verse agilizado si la comisaria de Transporte, Violeta Bulc, “mete presión”. La eurodiputada y Bulc se reunieron recientemente y Miranda encontró “muy receptiva” a Bulc, de forma que tiene esperanzas de que la petición salga adelante. De hecho, la comisaria envió el pasado una carta a las víctimas del accidente asegurando su compromiso con el asunto e informando de que tiene la intención de pedir a la ERA que elabore un informe sobre la situación de la aplicación de la normativa de la UE sobre seguridad e interoperabilidad ferroviarias en España.

Además, Miranda señaló que la respuesta de si se va a abrir el expediente va a coincidir con el inicio de su escaño –el BNG rota con EH Bildu– por lo que consideró que así van “a tener más fuerza para poner al Parlamento en favor del conocimiento de la verdad y de que haya justicia en este tema, porque llevan cuatro años de cachondeo”.