¡Insostenible!
Números rojos en la Seguridad Social
ANTECEDENTES
En el debate sobre el estado de la nación del 24 de febrero del 2015, el presidente del Gobierno realizó la siguiente afirmación: “Lo más fácil hubiera sido aceptar las presiones, pero nos negamos a salir de la crisis a expensas de los pensionistas, de los parados o de la Caja de la Seguridad Social”..
Su exposición no coincidía con los déficits que había generado su propio gobierno en la Seguridad Social entre los años 2012 y 2014 y, con los sucesivos retiros, ya practicados a esa fecha, del Fondo de Reserva de las Pensiones, por 33.951 millones de euros (7003 millones en 2012, 11.648 millones en 2013 y 15.300 millones en 2014).
En junio del 2017, veintiocho meses después de aquel debate, la Caja Única de la Seguridad Social está en una situación límite, con un déficit disparado de 18.000 millones de euros en 2016 como consecuencia de que han fallado durante ese ejercicio todas las pautas de Ingresos previstas por el gobierno (el déficit del 2016 de 18.000 millones de euros, equivale al presupuesto de gastos de todo un año de la Comunidad de Madrid).
El seguimiento presupuestario del año 2017 indica que no se cumplirá el déficit de 16.549 millones de euros previsto para el presente ejercicio y es muy probable que el mismo vuelva a situarse al igual que en el 2016, en los 18.000 millones de euros.
El Fondo de Reserva
La hucha de las pensiones ha sufrido con el Partido Popular todos los mecanismos de utilización posibles, justificados generalmente en la necesidad de abonar la paga extra de los pensionistas y, curiosamente, para hacer frente a la liquidación del IRPF correspondiente a las pagas ordinaria y extraordinaria de las pensiones.
El Partido Popular no ha dudado para practicar estas disposiciones, según consta en el informe elevado a las Cortes Generales, en implementar el Real Decreto Ley 28/2012 del 30 de noviembre y la Ley 36/2014 del 26 de diciembre, normas destinadas a suspender los efectos de la Ley 28/2003 que en su artículo cuarto limitaba la disposición de fondos al 3% de los gastos en pensiones contributivas.
Los números rojos a 31 de diciembre de 2017
El gobierno ha procedido a realizar una suerte de alquimia financiera para atender el déficit del año 2017 , que combina una disposición parcial del Fondo de Reserva y la implementación de un Préstamo del Estado a la Caja Única de la Seguridad Social.
En junio ha utilizado, 5.986 euros del Préstamo del Estado y 3.514 millones del Fondo de Reserva. En diciembre utilizará los 4.206 millones restantes del Préstamo y 3.786 millones del Fondo de Reserva, según las cifras reflejadas en los Presupuestos Generales del Estado en la Sección 60.
En consecuencia, el Fondo de Reserva quedará a finales del presente ejercicio, en el mejor de los casos, en 7.800 millones de euros. El Préstamo del Estado a la Seguridad Social, se habrá consolidado en 10.192 millones de euros y en consecuencia el saldo neto será negativo en 2.392 millones. Según se observa:
Es evidente además, que la Seguridad Social estará contrayendo una deuda que le afectará en años posteriores. No dispondrá durante 10 años, período en el que está concedido el préstamo, de 1.019,2 millones de euros anuales y no podrá utilizarlos para atender los gastos propios del sistema público de pensiones: deberá destinarlos a pagar la deuda.
Sólo un gobierno del Partido Popular puede hacer desaparecer en seis años la protección y el respaldo que significaba para los pensionistas el Fondo de Reserva de las Pensiones, en su lugar, convertir a la Seguridad Social en deudora del Estado.
Los mensajes de tranquilidad del gobierno
La pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas, la quiebra de ingresos de la Seguridad Social, la desaparición del Fondo de Reserva y el endeudamiento de la Caja Única de la Seguridad Social no responden de manera alguna a los compromisos contraídos por el presidente del Gobierno el 24 de febrero de 2015, en su discurso sobre el Debate del Estado de la Nación. Responden a una política dirigida a deteriorar la imagen del sistema público de pensiones generando desconfianza entre sus afiliados, en beneficio de los planes de pensiones privados, recomendados por las más altas autoridades monetarias.
El mensaje del Ministerio de Hacienda pretende tranquilizar la inquietud social: “El déficit irá disminuyendo año tras año hasta convertirse en un porcentaje del PIB aceptable”. Inclusive para el presupuesto del año 2018, se evalúa una situación tan prometedora que ha permitido trasladar como mayores ingresos para las comunidades autónomas, una décima del PIB, destinado inicialmente a atender a los resultados de la Seguridad Social.
La Secretaría de Estado de la Seguridad Social anuncia periódicamente records de recaudación mensuales , que luego no se compadecen con el resultado final del ejercicio.
Los mensajes del Ministerio de Trabajo, basados en la exitosa creación de empleo y empleo de calidad, ocultan que la precariedad laboral, la devaluación salarial y las reducciones a las cotizaciones están instaladas en los contratos laborales y continúan afectando a los Ingresos por cotizaciones sociales.
Por más que se quiera atribuir a efectos estacionales, es difícil explicar que el costo de la hora trabajada haya bajado un 3,9% en el primer trimestre del año 2017 en tasa interanual, lo que significa el mayor recorte de toda la serie desde el año 2000, según la reciente publicación del Instituto Nacional de Estadística.
Analistas de prestigio afines al gobierno, están empezando a comentar la idea de una nueva reforma, que lleve la edad de jubilación a partir de los 70 años, y la consideran una solución que eliminaría todos los problemas del sistema de reparto. No consideran el efecto negativo sobre el empleo juvenil que volver a retrasar la edad de jubilación representa, al evitar la incorporación de nuevos trabajadores en reemplazo de los que se jubilan. Especulan, asimismo, con la idea de que ningún gobierno va a proceder a bajar las pensiones, a través de la aplicación del Factor de Sostenibilidad que entrará en vigencia en el año 2019, al representar los pensionistas el 23,5% del censo electoral.
Irremediablemente, quienes plantean soluciones políticas de calado para mejorar los ingresos, serán cuestionados por los economistas afines al gobierno del Partido Popular, que no ha movido una sola pieza en seis años para salvar el sistema de reparto, sino todo lo contrario. El gobierno propondrá pequeños retoques, para continuar en la senda del total desinterés por implementar políticas expansivas para mejorar los ingresos. Su determinación es permanecer anclados en el déficit, bajar las pensiones, en contra de los principios constitucionales consagrados en los artículos 40 y 51, pero denominarse realistas.
ACUERDOS ANTE UNA SITUACION LÍMITE
Entre los sectores que se definen claramente por la defensa del sistema público de pensiones, y la necesidad de la existencia de pensiones dignas, no existen dudas al considerar imprescindible la derogación del Índice de Revalorización de las Pensiones y el Factor de Sostenibilidad reglamentados por la reforma del 2013 del Partido Popular.
Otros aspectos destacables, que también se consideran, están dirigidos a revertir las consecuencias de la reforma del 2011 del PSOE, en materia edad de jubilación, período de cotización para alcanzar el 100% de la pensión, el método de integración de los períodos no cotizados, los porcentajes a aplicar a la base reguladoras según años cotizados, y demás aspectos introducidos al sistema en agosto del 2011.
Inclusive se pueden presentar fórmulas para mejorar las condiciones generales previas al año 2011 para tener derecho a las prestaciones de las pensiones contributivas y no contributivas.
En materia económica existe una opinión uniforme en que el problema no son los gastos en pensiones que resultan, en relación al PIB, inferiores a los países desarrollados de nuestro entorno. El problema es la falta de una política de ingresos.
En consecuencia, existirá coincidencia en la necesidad de incrementar sustancialmente los ingresos con medidas como las referidas al destope de las cotizaciones máximas, el incremento del salario mínimo hasta llevarlo al 60% del salario medio como lo recomienda el Consejo de Europa, anular los incentivos a la contratación y las tarifas planas y combatir el fraude para erradicar las horas extras no cotizadas y la menor cantidad de horas extras cotizadas en contratos a tiempo parcial. La Seguridad Social no se puede utilizar para sustentar las políticas precarias de empleo.
También en relación con los gastos, se debe incidir en el control de los costes de los servicios externalizado y establecer un mayor seguimiento en la gestión de las mutuas colaboradoras. Considerar, en definitiva, como preeminente el sistema público de pensiones e implementar todas las medidas necesarias en materia de recaudación tributaria para sostenerlo. En caso de resultar necesario, los déficits puntuales se deberían afrontar con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, evitando el endeudamiento financiero de la Seguridad Social, que se ha generado en el año 2017.
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Las mareas de pensionistas, las organizaciones sociales, los sindicatos y los partidos progresistas que realmente apuesten por el mantenimiento del sistema público de pensiones deberían lograr acuerdos, coincidir en las propuestas a presentar ante la ciudadanía, considerando que es imprescindible rescatar a la Caja única de la Seguridad Social, de la situación límite en que la gestión del Partido Popular la ha colocado durante su etapa de gobierno.
Fuentes:Fuentes
- Informe Económico-Financiero a los Presupuestos de la Seguridad Social-2017
- Presupuesto generales del Estado sección 60-Seguridad Social
- Evolución del Fondo de Reserva de las Pensiones-Informe a las Cortes Generales 2016
- Ley 28/2003 del Fondo de Reserva
- Ley 27/2011 del 1 de agosto - Ley 23/2013 del 23 de diciembre-Pensiones
- Índice de Coste Laboral Armonizado (ICLA)-Publicación Instituto Nacional Estadística
* Norberto Marchesano MartínezNorberto Marchesano Martínez es economista especialista en Presupuesto Económico-Financiero
