La explotación laboral ignora la recuperación y prospera en la agricultura, los servicios y la nueva economía

La Inspección de Trabajo, acompañada de la Guardia Civil, se presentó este lunes en las plantaciones de lechugas de la Agrupación Frutícola Lucas en Albacete después de que una quincena de temporeros marroquíes denunciaran las condiciones de explotación en que trabajan. CCOO se hizo eco de sus quejas repitiendo ante los inspectores de trabajo y los medios de comunicación una denuncia ya habitual desde hace 15 veranos. “La diferencia es que este año ha habido 20 valientes que han decidido dar la cara”, destaca Ana Albadalejo, responsable del sector agroalimentario de CCOO en Albacete. “Van a perder su trabajo y ya veremos quién les va a contratar ahora”, advierte.

Estos eventuales, unos 300 en toda la provincia, trabajan 12 horas diarias a destajo, cobrando dos céntimos por cada lechuga recogida. Si se les aplicara el convenio colectivo que les corresponde, deberían percibir 53 euros diarios. Salen a las cuatro de la mañana de Murcia, donde viven, y recorren en coche los 130 kilómetros que les separan de los campos de Pozo Cañada, Chinchilla y Pozohondo, en Albacete. Uno de ellos conduce, el resto le paga su parte de la gasolina. Tienen contrato, pero no están dados de alta todo el mes, sino que sólo cotizan unos días, a veces sólo dos o tres, a veces 15, explica Albadalejo. Un fraude a la Seguridad Social en toda regla. Además, ni siquiera están contratados por Agrupación Frutícola Lucas, sino por otros marroquíes, que figuran como autónomos: “Actúan como intermediarios, cada uno de ellos contrata a unos 40 temporeros, pero es la empresa la que marca horarios y jornales”.

Las jornadas extenuantes a pleno sol y el trabajo a destajo tienen sus consecuencias. Hace 15 días, un helicóptero del Sescam, el servicio de emergencias médicas, se llevó de una de estas plantaciones a un trabajador que había sufrido un colapso, recuerda la dirigente de CCOO.

infoLibre se ha puesto en contacto con el grupo Lucas, pero no ha obtenido respuesta. Según Albadalejo, emplea a un millar de trabajadores. En su página web publicita fincas en Albacete, Murcia y Granada. De acuerdo con los datos del Registro Mercantil, facturó 64,38 millones de euros en 2015 y rindió 1,39 millones de beneficios. CCOO pidió una entrevista con sus responsables para reclamarles jornadas de ocho horas, “pero no se presentaron a la reunión”, indica. Aunque el sindicato asegura que el de esta empresa no es un comportamiento generalizado en el sector, sí que ha constatado casos de explotación laboral de emigrantes en otros campos de La Roda, Barrax y La Gineta.

La huelga de los trabajadores de Deliveroo, el servicio de comida a domicilio, ha puesto sobre el tapete la precariedad de los nuevos empleos. Unos lo llaman uberización –por la plataforma de vehículos con conductor Uber–, otros hablan de gig economy. Un paso más allá de lo que durante la crisis se conoció como low cost, tras extenderse del precio que paga el consumidor a las condiciones de los trabajadores que fabrican el producto o prestan ese servicio hiperbarato.

Aunque no hace falta fijarse en esas plataformas tecnológicas que reducen al mínimo los vínculos entre empresa y trabajador. El deterioro de contratos, salarios y jornadas se ha convertido en una tendencia imparable, inmune a la recuperación económica e independiente del sector.

Nóminas semanales con jornadas cambiantes

Los trabajadores de la hamburguesería que la cadena Tommy Mels’s tiene en Alcalá de Henares (Madrid) utilizaron las redes sociales para denunciar que no habían cobrado su última nómina. “Este fin de semana estamos trabajando gratis”, aseguraban en un vídeo grabado desde la misma cocina del restaurante el pasado domingo. Tampoco se les han entregado los horarios para esta semana, por lo que temen el cierre de la hamburguesería y, por tanto, su despido. No es para menos: se trata de una franquicia que ha solicitado el concurso de acreedoresuna franquicia.

Todos los empleados de Alcalá de Henares, nueve, tienen contratos de apoyo a emprendedores, lo que significa que el periodo de prueba se extiende a un año, explica Víctor Llanos, responsable comarcal de las Juventudes de CCOO. Los trabajadores, por tanto, pueden ser despedidos antes de un año sin indemnización alguna. Todos ellos trabajan a tiempo parcial, de jueves a domingo. Y sus nóminas son semanales, con un número distinto de horas en cada una de ellas que el empresario cambia a voluntad, indica Llanos. Al mes cobran entre 400 y 600 euros.

Una portavoz de Tommy Mel’s asegura a infoLibre que el pasado jueves el franquiciado llegó a “un acuerdo con el abogado de los trabajadores”, pero CCOO lo desmiente. “No tienen abogado”, precisa Víctor Llanos. De hecho, el sindicato ha solicitado al franquiciado que le deje asesorar a la plantilla y participar en la reunión a que la ha convocado este martes. “Pero aún no ha contestado”, lamentaba a última hora del lunes el responsable de CCOO. Tommy Mel’s también dice que el franquiciado se comprometió a pagar las nóminas este lunes. Por el contrario, Llanos responde que aún no se ha producido ningún ingreso.

La marca tampoco sabe si la hamburguesería de Alcalá de Henares, que se inauguró en noviembre de 2013, va a continuar abierta, será traspasada o rescatada por el franquiciador. “Todo está en manos del administrador concursal”, indica la portavoz. La enseña posee 37 restaurantes, de los que sólo nueve son propios; el resto, franquicias. Preguntada por el control que Tommy Mel’s ejerce sobre las condiciones laborales en sus hamburgueserías franquiciadas, la portavoz descarga “la responsabilidad de la gestión” en el franquiciado, que es “un empresario independiente”. “Naturalmente velamos por la marca y procuramos informarnos de que todo se haga correctamente”, detalla, “y en este caso creemos que se ha actuado de acuerdo con la ley y de buena fe”.

'Nos pagan 1,5 € por habitación; el turista, 200 por noche'

Durante cuatro años estuvieron formándose, sobre el papel, las 275 camareras de piso de cuatro hoteles sevillanos, contratadas por una empresa multiservicios, Externa Team. La firma a su vez fue contratada por la cadena hotelera Hotusa para que limpiara las habitaciones de los hoteles Regina, Isla de la Cartuja, Solúcar y Sevilla Palmera. Las trabajadoras firmaban contratos de formación que la Inspección de Trabajo ha considerado fraudulentos. Cobraban 601 euros al mes por adecentar 14 habitaciones en seis horas. Como es casi imposible cumplir con ese ritmo, hacían casi dos horas extra cada día, gratis. La Inspección de Trabajo ha multado a Externa Team con 2,6 millones de euros por una infracción grave.

Las empleadas de esta empresa sevillana forman parte de las 120.000 camareras de piso que en España han sufrido un menoscabo brutal de sus condiciones laborales en sólo unos pocos años. La entrada en juego de las empresas multiservicios, que ofrecen a otras compañías –hoteles en este caso– plantillas completas de trabajadores a precios inferiores a los establecidos en el convenio colectivo del sector, han desplomado sus sueldos a la mitad. Pese a que la Audiencia Nacional ha anulado casi una cincuentena de los convenios de estas empresas, por lo general negociados de forma fraudulenta –con sólo unos pocos delegados sindicales, elegidos entre los mandos intermedios–, las externalizaciones continúan. Y las protestas. La última, este fin de semana, ante las puertas del hotel Hilton Diagonal de Barcelona: “Nos pagan 1,50 euros por habitación, el turista paga 200 o 300 por noche”. Las camareras se manifestaban contra el despido de cinco de ellas el pasado mes de enero, después de denunciar en los juzgados al hotel por haber subcontratado la limpieza de habitaciones con el grupo Elosa.

Además, el Tribunal Supremo acaba de anular el convenio ilegal de otra de estas empresas multiservicios, Hottelia Externalización. Según ese texto, negociado sólo con un centro de trabajo y luego extendido al resto, el salario mensual de una camarera de piso es de 645, 43 euros, más 107,57 euros de pagas extra. El de un jefe de servicio, 750 euros. El de Adaptalia, que fue anulado en parte también por el Supremo, establece un salario de 663,48 euros por 14 pagas.

Plus de nocturnidad de 10 céntimos

También se han quedado con casi la mitad de su sueldo son los 500 vigilantes jurados de las instalaciones que el Ministerio de Defensa tiene repartidos en toda España. Al terminar el contrato con la empresa que ganó el concurso público hace dos años, Seguridad Integral Canaria, fue de nuevo adjudicado a Marsegur, otra empresa vinculada a la anterior pero con un convenio muy inferior que ha sido anulado por el Tribunal Supremo. Los motivos, los mismos que en el caso de las empresas multiservicios: haber sido negociado de forma ilegal con una representación ad hoc de los trabajadores.

Pese a haber sido anulado, Marsegur está aplicando ese convenio ilegal a sus trabajadores. Así, si el salario base de un vigilante, según el convenio estatal, asciende a 908,24 euros, en el de Marsegur es sólo de 726 euros. El plus de nocturnidad en esta empresa es de 10 céntimos la hora, 11 veces por debajo del fijado en el convenio estatal. Por trabajar en Nochebuena o Nochevieja abona un plus de 12 euros, frente a los 65,94 euros del convenio sectorial.

Como además la anterior adjudicataria no les ha abonado aún el finiquito ni la nómina del mes de mayo, los vigilantes de Defensa han convocado una huelga indefinida a partir del 16 de julio en la Comunidad de Madrid.

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Autónomos a cuatro euros el pedido

A la vista de todo lo anterior, ni la existencia de un convenio ni de un contrato garantiza al trabajador el respeto de las condiciones legales. Pero, como ha demostrado el caso de Deliveroo, también es posible el despojamiento total de los mimbres que antes tejían una relación laboral. Los repartidores son autónomos, por tanto su vinculación con la empresa es mercantil. La bicicleta, o moto, las ponen ellos. Cobran cada 15 días. Antes tenían garantizado el pago de dos pedidos por hora, a razón de cuatro euros por pedido, aunque en esa hora no los hubiera. Pero, desde que comenzaron a protestar, se organizaron y convocaron una huelga, se acabó ese mínimo. Deliveroo, una multinacional británica creada en 2013, es sólo una aplicación informática, no una empresa de transporte al uso, el mismo argumento que esgrimen Uber o Cabify para eludir las regulaciones del sector del taxi.

En el caso de Deliveroo, el precio que han pagado los repartidores por exigir mejoras laborales ha sido el despido de ocho de ellos. Y el cambio en las condiciones de trabajo. Aquí también tendrá que intervenir la Inspección de Trabajo. Tras la denuncia de los que la empresa llama riders, deberá dilucidar si son falsos autónomos y si deben tener garantizadas 20 horas de trabajo a la semana como reclaman.