El PP ya negó al Tribunal de Cuentas en 2013 los datos de sobresueldos que ahora oculta al Congreso

La negativa rotunda de la tesorera del PP, Carmen Navarro, a desvelar ante el Congreso qué cargos del partido cobran sobresueldos o gastos de representación ya tenía un precedente de envergadura y así ha podido comprobarlo infoLibre. En 2013, el PP se negó a facilitar esos mismos datos nada menos que al Tribunal de Cuentas, máximo órgano fiscalizador de las cuentas públicas. Y lo hizo exactamente con el mismo argumento que Navarro empleó este jueves ante la comisión que en la Cámara Baja investiga la presunta financiación ilegal del PP: la Ley de Protección de Datos.

Difundido el 31 de julio de 2015, el informe del Tribunal de Cuentas sobre las finanzas de los partidos en 2013 dejó constancia de que la formación conservadora no había aportado la "documentación justificativa de los gastos de representación". Y remarcó que para la entrega de datos considerados confidenciales  "no es preciso el consentimiento" de los afectados si el destinatario es, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas. La falta de colaboración del PP en ese punto no tuvo consecuencias ni trascendió a la opinión pública. En aquel momento, Carmen Navarro, ahora imputada por la destrucción de los ordenadores de Luis Bárcenas, ya estaba al frente de la tesorería del PP.

Que los sobresueldos –"gastos de representación" legales y declarados a Hacienda, repitió este jueves Navarro– constituyen un secreto inexpugnable para el PP se hizo patente este jueves en la comisión de investigación del Congreso sobre la presunta financiación ilegal del PP. Al menos en apariencia, la rocosa negativa de Navarro a responder a las preguntas planteadas sobre este punto por la diputada de Podemos Carolina Bescansa carece dea sentido: diputados y senadores –y la mayoría de los dirigentes del PP se sientan en un escaño de esas dos Cámaras o en alguna autonómica– están obligados a anotar en sus declaraciones de bienes cuánto cobraron del partido en el ejercicio anterior.  

Pero la declaración de bienes no tiene carácter anual: se presenta al comienzo y al final de la legislatura salvo que las circunstancias económicas del declarante experimenten un cambio de relevancia. Las modificaciones del formulario inicial constituyen la excepción. Y es eso lo que precisamente impide discernir si el PP continúa a día de hoy haciendo lo que una de las decisiones adoptadas en 2013 por el juez de Gürtel y los papeles de Bárcenas, Pablo Ruz, ya puso de manifiesto: a requerimiento del magistrado, el PP se vio obligado a aportar su contabilidad oficial hasta 2011. Esa contabilidad confirmó que el importe abonado a cada dirigente en concepto de "gastos de representación" se repetía casi milimétricamente mes a mes y que había distintas categorías parasalariales en función del rango. Pero hizo algo más: sacó a la luz que cargos públicos con responsabilidades de gobierno habían seguido ingresando dinero del partido. El hoy ministro del Interior y hasta 2015 alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, se contaba entre ellos. Los expresidentes de Murcia y Aragón, Ramón Luis Valcárcel y Luisa Fernanda Rudi, también. 

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Lo que la contabilidad oficial vino a corroborar es que, en la práctica, los llamados gastos de representación operaban como auténticos sobresueldos. Y su peso en las finanzas de la organización en absoluto poseía carácter residual: como reveló infoLibre, en el sexenio comprendido entre 2006 y 2011, el PP destinó 28 millones a retribuciones de distinto tipo para 100 dirigentes. Buena parte de ellos ya percibía un sueldo público. También Mariano Rajoy, en aquel periodo jefe de la oposición y que en el periodo 2006-2011 sumó ingresos del partido por un millón de euros, solo superado por Luis Bárcenas.

Carlos Floriano, también perceptor de aquellos sobresueldos y que en 2013 ocupaba la  vicesecretaría de organización del PP, dio una vuelta de tuerca a la polémica cuando, en un intento por conjurar la sospecha de pagos ilegales dijo que en el PP no había "sobresueldos sino sueldos". La legislación sobre incompatibilidades prohíbe la percepción de un segundo salario a quienes ya obtienen uno por su condición de cargo público, sea o no electo.