Las muertes olvidadas: más de 600 personas se dejan la vida cada año en el trabajo

Rafael Luque murió a pie de carretera, en Morón de la Frontera, mientras asfaltaba la A-406 con una temperatura ambiente de 40 grados que junto al alquitrán se disparaba hasta los 180. Casado, con 54 años y dos hijos, Rafael debía de haber concluido su jornada laboral a las dos y media de la tarde, cuando la provincia de Sevilla se encontraba en plena alerta naranja por culpa de las temperaturas extremas. Pero seguía echando betún sobre el firme a las nueve de la noche. Una semana antes, Pedro Aunión, bailarín y acróbata, cayó al vacío desde 30 metros de altura mientras ejecutaba un número de danza aérea al ritmo del Purple rain de Prince en el festival Mad Cool de Madrid.

Poco o nada tenían que ver Luque y Aunión, excepto por el hecho de que ambos fallecieron trabajando. Y de que dos juzgados investigan ahora las causas de sus muertes. En sólo unos días auparon a titulares a quienes por lo general terminan olvidados en las estadísticas de accidentes laborales. En 2016 murieron mientras trabajaban 629 personas. Para hacerse una idea de la trascendencia de la cifra, basta con recordar que el año pasado 44 mujeres fallecieron asesinadas por sus parejas. Pero es que accidentes laborales, de diferente gravedad, se produjeron en España 566.235 en 2016.

Y no se trata sólo de que sean muchos, sino también de que cada año son más. Desde 2012 hasta ahora se han disparado un 20%. Los accidentes mortales, un 11,5%.

Hasta mayo de este año ya se han contabilizado 237.570 accidentes laborales, que ya son un 4,9% más que en el mismo periodo de 2016. De ellos, 203 han resultado en la muerte del trabajador, un 9,1% por encima de la cifra alcanzada el año pasado, según las últimas estadísticas publicadas por el Ministerio de Empleo.

3.364 accidentes por cada 100.000 trabajadores

Éstas son cifras absolutas: el aumento de los accidentes refleja en parte el crecimiento del número de ocupados desde que empezó a recuperarse la economía. Pero si se miran los índices de incidencia –es decir, el número de accidentes por cada 100.000 trabajadores–, desde 2012 se ha pasado de 2.949 siniestros a 3.364 cuatro años más tarde, un alza del 14%. Por sectores, ha sido en la agricultura –con un aumento del 18%– y los servicios –con una subida del 16%– donde más se ha disparado la siniestralidad laboral. En cualquier caso, siguen siendo la construcción y la industria donde se accidenta un mayor número de trabajadores. De hecho, el índice de incidencia de la construcción, con 7.217 accidentes por cada 100.000 ocupados, casi triplica el de los servicios, con 2.678 accidentes. El de la industria y la agricultura lo dobla.

Mientras la CEOE atribuye el aumento de los accidentes al crecimiento de la actividad económica, los sindicatos culpan a la precariedad del empleo que se está creando en la salida de la crisis y de ésta, a su vez, a la reforma laboral. Con el comienzo del nuevo siglo la siniestralidad no dejó de caer en España, hasta 2012, cuando la tendencia cambió. “No para de crecer el número de accidentes por el deterioro de las condiciones de trabajo”, explica un portavoz de la Secretaría de Salud Laboral de CCOO, “hemos visto que el sistema preventivo español no tenía la fortaleza que parecía”. De hecho, destaca, el aumento de la siniestralidad es muy superior al aumento de la actividad económica. “Y se produce por tipos de accidentes que deberían estar superados”, apunta.

Es lo que sucede cuando la prevención de riesgos laborales es la primera partida que recortan las empresas en tiempos de crisis. También las administraciones públicas. “Las empresas no ven la prevención en riesgos laborales como una inversión, sino como un coste”, lamenta Ana García de la Torre, responsable de Salud Laboral de UGT, que responsabiliza del repunte de los accidentes a una “relajación” de las empresas a la hora de cumplir los convenios colectivos, así como a la preferencia de las administraciones públicas por las ofertas más baratas en los concursos. Unas y otras “deberían pensar en lo que cuesta la no prevención”, subraya García de la Torre: “Las enfermedades laborales, los accidentes, las incapacidades temporales también son un coste social”.

Cada vez más accidentes con contratos temporales

CCOO y UGT coinciden en apuntar hacia el cada vez mayor número de contratos no sólo temporales sino ultrabrevesultrabreves como causa de la inseguridad en el lugar del trabajo. Cuando el contrato es sólo de un mes, o incluso de una semana, “no se puede informar ni formar al empleado sobre las normas de seguridad o sobre prevención”, indica la dirigente de UGT. El sindicato calcula que un 30% de los jóvenes que sufrieron un accidente laboral en 2015 tenían un contrato de menos de dos meses. CCOO vincula igualmente el alza de la siniestralidad en la industria manufacturera con el aumento del empleo temporal en un sector que “hasta ahora” disfrutaba de una estructura laboral “muy estable, con muy pocos eventuales”.

Según las estadísticas del Ministerio de Empleo, el 38,8% de los accidentes laborales ocurridos durante la jornada laboral los sufrieron en 2016 trabajadores con contratos temporales, siete puntos más que en 2012. También ha crecido la participación de los contratados temporales en el total de los accidentes mortales, casi cuatro puntos en cuatro años. El aumento de los siniestros in itinere –durante el trayecto de ida o vuelta al trabajo– sufridos por quienes tienen un contrato temporal ha crecido más de cinco puntos entre 2012 y 2016. Y nada menos que 10 puntos en el caso de los accidentes in itinere con resultado de muerte.in itinere 

Pero la precariedad no sólo implica contratos temporales o a tiempo parcial, sino también mayores cargas de trabajo y mayor presión para aceptar condiciones de trabajo “intolerables”, resalta el portavoz de CCOO. En enero, recuerda, murió un repartidor de pizzas en Bizkaia que se salió de la calzada. Cobraba 40 céntimos por reparto. Ana García de la Torre resalta que la primera causa de muerte en el trabajo son los infartos y los derrames cerebrales, “producidos por el estrés, y el exceso de carga de trabajo”.

“La prevención de los riesgos laborales es un derecho del trabajador, pero también un deber del empresario”, sentencia el portavoz de CCOO. En la construcción, después de un descenso espectacular de los accidentes que ya comenzó en los años 90, ha vuelto a repuntar la siniestralidad. Este jueves un trabajador de 48 años se cayó desde una altura de tres metros en la misma obra de Sevilla donde el pasado abril falleció otro obrero que se precipitó desde un andamio.

Más de cinco años para una sentencia

Las muertes de Rafael Luque y de Pedro Aunión están siendo investigadas por sendos juzgados de Morón y Madrid. Como las de otros 59 fallecimientos en el tajo en 2015, el último año del que ofrece datos la Fiscalía de Siniestralidad Laboral. En total, ese año la Inspección de Trabajo remitió al Ministerio Fiscal 879 expedientes por accidentes laborales. Por homicidios por imprudencia los fiscales abrieron 194 expedientes en 2015, mientras que ese año tenían pendientes de resolver otros 370 con la misma calificación. Los juzgados de lo Penal dictaron 631 sentencias y las audiencias provinciales otras 106. De las primeras, 393 fueron condenatorias y de ésas, 234 se referían a accidentes ocurridos en el sector de la construcción, un abrumador 75%.

El problema del tratamiento judicial de los siniestros laborales es el tiempo. Entre que se abre el procedimiento y el juez dicta sentencia pasan más de cinco años y medio. Investigar un accidente laboral “requiere la práctica de diligencias de investigación de notable complejidad técnica, la práctica de complejas periciales y un ingente volumen documental”, explica la Memoria de la Fiscalía. De ahí que los acusadores públicos pidan casi siempre al juez que declare la “complejidad” de estos procedimientos, de forma que se les permita extender la instrucción más allá de los seis meses en que la nueva ley los ha limitado. No siempre lo consiguen, lamentan los fiscales. El resultado, “no se puede dar una respuesta adecuada a la persecución de estos delitos”.

“Acabo de acudir como testigo a un juicio de un accidente de trabajo que ocurrió en 2012”, apunta Ana García de la Torre, “y si se tarda tanto, no hay reparación; por tanto, no hay justicia”. La responsable de Salud Laboral de UGT pide también “mayor contundencia” en las penas. CCOO también lamenta “lo difícil que es obtener sentencias”. Y cuando se consiguen, dice, “las condenas son pequeñas”.

Los empresarios piden infracciones para los trabajadores

infoLibre ha intentado obtener el punto de vista de la CEOE sobre el repunte de la siniestralidad laboral durante los últimos años, sin éxito. Pero en el informe que elaboró con motivo del 20 aniversario de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la patronal expone su análisis y se queja de la “inseguridad jurídica” que ocasiona a los empresarios la “indefinición” de las normas de prevención, “amplias, profusas y difusas”, subraya.

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La ley establece la responsabilidad objetiva del empresario en caso de accidente laboral, que se traduce en una indemnización civil y un recargo en las prestaciones sociales que cause el siniestro. La CEOE pide que se exima a los empresarios del pago de ese recargo, pues lo considera una “doble sanción” para éstos. También reclama un “sistema administrativo de infracciones y sanciones” para los trabajadores que incumplan las normas de prevención de riesgos laborales, así como para los representantes sindicales. A su juicio, además, la acción pública en esta materia está “más orientada al control y la vigilancia de la Inspección de Trabajo que a la eficacia de sus resultados en los trabajadores”.

En ese punto discrepan los sindicatos. “Faltan inspectores de Trabajo”, zanja Ana García de la Torre. La ratio de inspectores por trabajador –uno por cada 15.000– es la mitad que en la Unión Europearatio, señala por su parte CCOO. También temen que el cambio de nombre del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo por el de Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, sea sólo el síntoma de modificaciones más peligrosas. “La prioridad son los 600 muertos al año en accidentes laborales, la exposición a sustancias químicas en el trabajo, los riesgos psicosociales…, no los consejos sobre bienestar, alimentación o actividad física”, protesta el portavoz de CCOO. García de la Torre exige que se “refuerce” el Instituto, con más recursos humanos, y se le permita seguir siendo un órgano científico-técnico que analice las condiciones de trabajo. “Eso va mucho más allá del bienestar”, concluye.

Pero si las empresas y las administraciones no le dan el impulso necesario a la “cultura preventiva”, advierte la responsable de UGT, poco se podrá hacer para extenderla al tejido de pequeñas y medianas empresas español, las que más dificultades tienen para aplicar las normas, y mucho menos para afrontar los cambios que están imprimiendo, también en la seguridad laboral, las nuevas tecnologías. ¿De qué protección frente a los riesgos de su trabajo gozan los repartidores en bicicleta de Deliveroo?