Rajoy llega al juicio de 'Gürtel' rodeado de incógnitas sobre el interrogatorio y sus posibles privilegios como testigo

La jornada 101 del juicio sobre el caso Gürtel pasará este miércoles a la historia como la de la primera declaración prestada como testigo por un presidente del Gobierno en un proceso penal, el que examina la formidable red de corrupción tejida en torno a administraciones del PP. En calidad de "ciudadano español", por los cargos ostentados en el PP durante la etapa sometida a juicio –la llamada Época I, de 1999 a 2005– y no como jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy se someterá desde las 10.00 horas a un interrogatorio cargado de incógnitas: incógnitas sobre su propio contenido y sobre si el tribunal impondrá límite de tiempo para las preguntase bajo el argumento de que a renglón seguido testifica el presidente del Senado, Pío García Escudero; e incógnitas también sobre los hipotéticos privilegios que, salvo viraje de última hora, beneficiarán a Rajoy con el objetivo formal de "preservar su imagen institucional". Como testigo, el presidente tiene obligación de decir la verdad, y así lo preceptúa el artículo 458 del Código Penal. Y eso, como establece el artículo 460 del Código, implica no incurrir en inexactitudes o silencios sobre hechos relevantes que conozca. La expectación –312 periodistas acreditados de 83 medios, 21 de ellos extranjeros– es máxima; las medidas de seguridad, también.

Rajoy iba a ser recibido a su llegada y ya dentro de la sede judicial por el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro. El presidente se ha desplazado solo con su ayudante a la Audiencia  y no le acompaña nadie del Gobierno ni del PP, según indicaron a Europa Press fuentes próximas al jefe del Ejecutivo.

Una vez entre en la sala de vistas, tampoco se sabe desde qué punto exacto prestará declaración el presidente. Pero la hipótesis que se perfila como más probable es que el tribunal lo ubique en un asiento distinto al reservado a los demás testigos para evitar que la alineación que aparezca tras su espalda en cada foto o plano de la sesión sea la del banquillo de los acusados.

La  ausencia de Bárcenas

Esta mañana habrá notables ausencias en ese banquillo, en ocasiones casi vacío previa dispensa de la sala y formalmente ocupado por 37 acusados, 14 de los cuales mantuvieron algún vínculo con el PP como militantes o cargos públicos o de confianza. El principal procesado, Francisco Correa, y sus lugartenientes Pablo Crespo y Álvaro Pérez, todos ellos en prisión por la condena a que ya han sido sentenciados en Valencia, no acudirán a la vista. 

Esta mañana, y tal como su entorno había anunciado días atrás, fuentes próximas a Luis Bárcenas han confirmado que tampoco asistirá a la vista de hoy. 

Entre los interrogantes ya despejados se cuenta el del papel que desempeñará Alejandro Luzón, nuevo fiscal jefe Anticorrupción. Luzón estará presente en la sala como gesto de apoyo a las dos fiscales del caso y por "cortesía institucional". Pero si la Fiscalía, que se opuso a la declaración de Rajoy, opta por formular alguna o varias preguntas, hacerlo correrá a cargo de las fiscales.

La gran incógnita que persiste apela no obstante al contenido y los tiempos del interrogatorio. Está por ver qué margen de libertad concede el presidente de la sala, Ángel Hurtado, a las acusaciones populares para preguntar a Rajoy por todo lo relacionado con la financiación del PP y los sobresueldos. Formalmente, se trata de materias incluidas en la pieza a que ha dado nombre el extesorero, la de los papeles de Bárcenas, y no en la que ahora juzga la Audiencia desde el pasado 4 de octubre. Pero desde el inicio de la vista el tribunal aplicó una máxima: la de que obtener datos que permitan alcanzar una visión de conjunto sobre lo sucedido goza de primacía sobre el modo en que se ha troceado la causa para evitar que el volumen de papeles terminara sepultando a quienes intervienen en ella y haciendo ingobernable la instrucción.

Comisiones y financiación irregular

La primera evidencia de que el tribunal había decidido priorizar el conocimiento exhaustivo de los hechos sobre la cuestión de a qué pieza separada pertenece cada uno de esos hechos la ofreció la declaración de Francisco Correa ya en octubre. El jefe de la trama Gürtel aseguró que las empresas interesadas en la obtención de contratos públicos pagaban comisiones del 3%. A partir de ahí, la investigación sobre los papeles de Bárcenas, entonces en camino hacia su enjuiciamiento, fue reabierta. Y en la vista oral sobre la Época I, las fiscales asignadas al caso, Concepción Sabadell y Concepción Nicolás, encontron expedita la vía para interrogar a los sucesivos acusados y testigos por los entresijos financieros del PP, las presuntas donaciones opacas, los supuestos sobresueldos en B y todo lo que durante años conformó la contabilidad B del PP, cuya existencia consideran acreditada Anticorrupción y la propia Abogacía del Estado. 

La permisividad del tribunal en esa materia es la que explica que las acusaciones, empezando por la fiscal Sabadell, asaetearan el 20 de junio con preguntas sobre las cuentas del partido a los cinco dirigentes históricos del PP que ocuparon los mismos cargos que Mariano Rajoy antes de su ascenso a la cúpula del PP. Es decir, a quienes habían sido vicesecretario general o secretario general: Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas, Jaime Mayor Oreja, Rodrigo Rato y Ángel Acebes. Arenas es el único de los cinco que conserva un puesto –vicesecretario de política autonómica y local– en la actual ejecutiva. Todos ellos coincidieron en todo: ni tuvieron el menor conocimiento de ninguna caja B, que al unísono dieron por inexistente; ni gozaban de competencias para contratar; ni saben en resumen nada de lo que el partido hacía con el dinero ni conocen ninguna potencial irregularidad o ilegalidad. Por no saber, Arenas y Acebes ni siquiera tenían constancia de que alguien –y ese alguien era Mariano Rajoy según su propio relato– hubiera prohibido seguir contratando con Francisco Correa y los suyos.

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Este martes, José Mariano Benítez de Lugo, el abogado de la asociación Adade que ejerce una de las tres acusaciones populares y que logró la citación de Rajoy como testigo, pidió al presidente del tribunal que sea "flexible". Benítez de Lugo espera que el magistrado Ángel Hurtado le permita preguntar al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, sobre todo aquello que tenga relación con el caso, no solo acerca de los contratos de la trama. "Sería increíble que ahora operara con un criterio restrictivo sobre las preguntas", ha recalcado.

En una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, Benítez de Lugo ha declarado que "no es descartable" que la fiscalía no tenga "nada que preguntar" a Rajoy. "Si se opusieron a mi solicitud de declaración de Rajoy no tendría sentido que preguntasen, salvo que el señor Rajoy haya metido la pata en alguna contestación y le intentasen ayudar a sacarla", ha declarado.

Del mismo modo ha aclarado que, aunque según el tribunal solo "habría una hora para hacerle preguntas a Rajoy", el abogado de Adade se tomará el tiempo "que considere necesario para intentar averiguar la realidad de lo sucedido".