Corrupción
Polémica entre PP y EH Bildu por una investigación del Tribunal de Cuentas a Javier Maroto
El Tribunal de Cuentas del Estado investigará un presunto sobrecoste de 370.000 euros pagado a la empresa FCC por parte del Gobierno municipal de Vitoria durante la etapa como alcalde del actual vicesecretario de Política Social del PP, Javier Maroto, según informó Europa Press.
Tal y como figura en un escrito del órgano fiscalizador, el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres Morato, ha puesto los hechos en conocimiento de la Sección de Enjuiciamiento de la institución con el fin de que "lleve a cabo la correspondiente investigación". Paralelamente, avisa a EH Bildu de que archiva las diligencias preprocesales de la denuncia que este grupo municipal formuló en relación "con la posible existencia de perjuicios en la hacienda del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con motivo de la compra de dos camiones por parte de dicha corporación.
El escrito, firmado por el propio Torres, fue dado a conocer este viernes por EH Bildu, formación que hace dos semanas remitió al Tribunal toda la documentación sobre a estos presuntos sobrecostes.
Los documentos enviados por la coalición al órgano fiscalizador se refieren a un posible sobrecoste de 370.000 euros en el pago por dos camiones comprados por FCC –empresa adjudicataria del servicio de limpieza en Vitoria– en la anterior legislatura, en la que Maroto era alcalde de la capital alavesa.
Cada camión de limpieza se pagó a un precio de unos 332.000 euros, cuando –según la documentación que ahora analizará el Tribunal de Cuentas– el precio real de cada vehículo sería de cerca de 155.000 euros.
Antes de su decisión de analizar estos hechos, el Tribunal de Cuentas del Estado ya había abierto una investigación por posibles "irregularidades" en la concesión del contrato de limpieza del Ayuntamiento de Vitoria, durante la etapa de Maroto como alcalde, a la empresa FCC.
El objetivo de esta investigación es determinar si el Ayuntamiento prorrogó en la pasada legislatura la contrata pese a la existencia de trabajos "pendientes" de ejecutar por valor de 820.846 euros.
Desde la coalición soberanista se explicó que, a diferencia de lo que ocurre en otras instancias, el uso del término "archivado" significa, en este caso, que la denuncia fue tenida en consideración, como se pone de manifiesto con el hecho de que haya sido puesta en conocimiento de la Sección de Enjuiciamiento.
La versión del PP
Mientras, desde el PP, el diputado y presidente de la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas en las Cortes Generales, Eloy Suárez, denunció los intentos de EH Bildu de utilizar este organismo como "ariete político" contra el Partido Popular, Partido Popular, y destacó que será la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal la que deberá determinar si archiva o sigue adelante con la investigación sobre los presuntos sobrecostes.
El diputado del PP reconoció que el contenido del escrito "a lo mejor induce a error", aunque aseguró que el documento evidencia que el fiscal considera "que no hay ninguna causa", por lo que el caso, "bajo su punto de vista", debería archivarse.
Respecto a la decisión del fiscal de trasladar la denuncia a la Sección de Enjuiciamiento, sostuvo que esto se debe a que la facultad de archivar el caso o de seguir adelante con la investigación "no corresponde al fiscal, sino a los jueces". "Es la Sección de Enjuiciamiento la que va a decidir si archiva o no archiva", ha afirmado.
La versión de EH Bildu
El concejal de EH Bildu Aitor Miguel destacó que el órgano fiscalizador aprecia en este caso "indicios" de una posible "falta contable" y de un posible "perjuicio" a la hacienda del Ayuntamiento de Vitoria.
Miguel ha recordado que FCC es una de las empresas implicadas en el caso Gürtel, la presunta trama de corrupción vinculada al PP, y emplazó a los ciudadanos a que se pregunten el motivo de que el Gobierno del Partido Popular en Vitoria pagara estos "sobrecostes" a dicha compañía. "La Ertzaintza y la Guardia Civil son las que deberían investigar los flujos de caja del partido", señaló.
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El concejal recordó que en las auditorías realizadas recientemente por los Ayuntamientos de Badalona y de Barcelona se detectaron "sobrecostes" de varios millones de euros pagados a FCC en casos similares.
Por ese motivo, emplazó al actual alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, a dejar de ser "blando con los poderosos" y a encargar una auditoria sobre los pagos FCC. Miguel considera que es necesario recurrir a esta vía para esclarecer lo ocurrido, dado que el Tribunal de Cuentas es un organismo "parcial y politizado".
Por su parte, el grupo del PP en el Ayuntamiento de Vitoria, que difundió un comunicado con similares argumentos a los defendidos por Suárez, advirtió de que "se reserva el derecho a emprender acciones legales contra el concejal de Bildu, Aitor Miguel".
