Trata de seres humanos: la esclavitud del siglo XXI que amenaza en España a casi 24.000 personas

Considerada como la esclavitud del siglo XXI, la trata de seres humanos constituye una problemática que afecta especialmente a mujeres y niños en un contexto donde la pobreza y la precaridad deriva en explotación. Según el último informe de la ONU, elaborado a finales de 2016, un tercio de los casos identificados se corresponde con menores, y el 71% de las víctimas son mujeres y niños. Este domingo 30 de julio se celebra el Día Mundial contra la Trata, con un horizonte que revela avances pero plantea importantes retos aún por afrontar.

El Ministerio del Interior afirma, en su balance de 2016, que España llevó a cabo 2.586 inspecciones administrativas y detectó 12.419 personas en riesgo de ser víctimas de trata con fines de explotación sexual, de las que finalmente se identificó formalmente a 591 víctimas –148 por trata de seres humanos sexual y 443 víctimas de explotación sexual–. Respecto a la trata con fines de explotación laboral, fueron impulsadas un total de 4.582 inspecciones administrativas y se detectaron 11.427 personas en riesgo de las que finalmente se identificaron 435 víctimas: el 38% en sector de hostelería, 30% en comercio y 32% en el sector agrícola. Fueron localizadas asimismo cuatro personas víctimas de matrimonio forzado, quince respecto a la comisión de actividades criminales y una persona víctima de trata para la mendicidad.

Antonio Rivas, coordinador de Gestión y Formación en Proyecto Esperanza, advierte en conversación con infoLibre las lagunas a la hora de detectar y tratar a las víctimas. El ministerio "identifica a nueve menores víctimas de explotación sexual pero sólo por nuestra organización han pasado cuatro veces más", denuncia. El experto lamenta que "todo el mundo da cifras de vulnerabilidad, pero no sabemos cuántas identifican realmente, se regularizan, integran o encuentran trabajo", porque "al final toda la arquitectura de derechos se queda en anécdota". Estas son algunas de las principales aristas en la lucha contra la trata:

Abordar todas sus formas

Las entidades especializadas inciden, en sintonía con lo expuesto por el informe mundial de la ONU, en la importancia de contemplar todas las formas de explotación que configuran las muchas vertientes de la trata. El organismo internacional habla de "prácticas análogas a la esclavitud" para referirse a fenómenos como la servidumbre por deudas, los matrimonios forzados o la entrega de niños para su explotación.

A día de hoy, la explotación sexual es la forma más habitual de trata de personas, una práctica por la que la víctima es "manipulada u obligada a ejecutar actos de contenido sexual que involucran su cuerpo, para satisfacer deseos sexuales de otras personas, con o sin remuneración por ello". En el ámbito laboral, la trata también puede perseguir fines de trabajo forzoso, "una amplia categoría que incluye, por ejemplo, los sectores de fabricación, limpieza, construcción, restauración, trabajo doméstico y producción textil, que ha aumentado de manera incesante en los últimos años".

La mendicidad forzada es otra de las ramas que incluye el problema de la trata. La ONU indica que, en materia de trata, "muchas personas son obligadas a ejercer la mendicidad bajo coacción, amenaza, abusando del estado de indefensión de las víctimas, utilizándolos como medios para obtener un beneficio".

Otra de las caras que adquiere la trata y que se encuentra intrínsecamente relacionada con la pobreza es el tráfico de órganos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), "la escasez de órganos disponibles no sólo ha llevado a muchos países a elaborar procedimientos y sistemas destinados a aumentar la oferta, sino que también ha estimulado el tráfico comercial de órganos humanos, sobre todo de donantes vivos no emparentados con los receptores". De hecho, continúa, "las pruebas de la existencia de ese comercio, y del tráfico de seres humanos que lo acompaña, se han hecho más evidentes en los últimos decenios". La OMS cifra en un 10% los trasplantes que se realizan en el mundo bajo alguna forma de comercialización, la mayor parte de las veces como turismo de trasplantes.

Protección de los menores

En la lacra de la trata de seres humanos, los menores son las víctimas más débiles y las que requieren, por ello, mayor protección. El Grupo de Expertos sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos (GRETA) recomendó en su informe de 2013 la creación de un mecanismo de derivación específico en España para los niños víctimas de la trata involucrando a especialistas en infancia.

Estas recomendaciones implicaban priorizar el estatus de víctimas menores de edad con respecto a los niños no acompañados posibles víctimas de la trata y, por otro lado, con relación a los hijos menores a cargo de mujeres que son presuntas víctimas de trata.

El organismo también instaba a garantizar la acogida de emergencia en centros especializados en su atención integral, pero no en aquellos que pertenecen al sistema de protección general, "que no están preparados ni cumplen los requisitos para dar una atención adecuada". Asimismo, llamaba a garantizar el derecho a la identidad y la nacionalidad de los bebés nacidos en el tránsito migratorio y perfeccionar los procedimientos y pruebas de identificación de la edad.

La misma importancia tiene, según los expertos, el desarrollo de protocolos de actuación a todos los niveles para su atención integral en coordinación con las entidades especializadas, y la garantía de velar por la reagrupación familiar.

Colaboración con las entidades especializadas

Las organizaciones en defensa de los derechos humanos coinciden en resaltar los problemas que acarrea el procedimiento de identificación de las víctimas. GRETA observó en 2013 que el papel de las ONG se limitaba a informar de posibles casos de trata a la policía, ofrecer asesoramiento jurídico y aportar información a tener en cuenta en la toma de decisiones sobre la identificación. Por ello, el organismo recomendó la participación formal de los actores de primera línea desde el primer momento y a lo largo de todo el proceso de identificación.

Aunque Proyecto Esperanza reconoce que "se ha producido un avance en la sistematización de dicha colaboración", denuncia también que el papel asignado en la práctica a las entidades especializadas durante la entrevista formal de identificación "es en muchos casos el de meras observadoras, sin dejarles intervenir ni preguntar a la víctima, ni hablar con ella con carácter previo". Por este motivo, la organización propone la puesta en marcha de un seguimiento y evaluación sobre la implementación práctica de la Instrucción 6/2016 respecto a actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la lucha contra la trata y en la colaboración con las organizaciones y entidades con experiencia acreditada en la asistencia de las víctimas.

Antonio Rivas insiste en que, además, el modelo financiación destinado a entidades especialidades "es un modelo muy precario". A su juicio, un compromiso claro por parte del Estado en derechos humanos implica promover e invertir en el trabajo de las organizaciones. "Las víctimas necesitan abogados, psicólogos, redes de acogida, traductores... y eso requiere inversión", apunta.

Avances legales: necesidad de una Ley Integral

En el año 2015, el Gobierno de Mariano Rajoy elaboró un Plan Integral de Lucha contra la Trata de Mujeres y Niñas con Fines de Explotación Sexual que cuenta con una serie de herramientas para acabar con la problemática. Se trata, no obstante, de una acción finita: estará vigente sólo hasta el 2018.

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Por este motivo, las organizaciones especializadas en el asunto llevan años reclamando una Ley Integral que impulse los mecanismos necesarios para acabar con la trata sin limitaciones temporales. "Un plan es una declaración de principios, pero cada administración puede cumplirlo o no y está sujeto a temas presupuestarios", señala Rivas, quien recalca que la acción no es más que una "declaración administrativa muy limitada". La principal consecuencia, recalca, es que "se legisla pero de forma muy dispersa". El experto subraya asimismo que "la explotación no tiene que ver con la extranjería, aunque seguimos con un enfoque de orden público y de control de inmigrantes". A su parecer, la situación requiere de "una caja de herramientas bien ordenada, una ley, un instrumento que sea ineludible".

Proyecto Esperanza marca los requisitos que a su juicio debe cumplir la norma, y señala entre ellos la necesidad de "poner en el centro a las personas y consolidar el enfoque de asistencia y protección integral", así como abordar "de manera integral el fenómeno de la trata en todas sus formas" y consolidar los avances producidos con el fin de construir un "marco de obligaciones estables". La organización también apuesta por "establecer un mandato a todas las administraciones, en sus diferentes niveles, asegurando la coordinación y la coherencia de las mismas". Al mismo tiempo, considera necesaria la corrección de todas las prácticas que "imponen barreras y obstáculos al disfrute de los derechos humanos reconocidos las víctimas de trata" y la responsabilidad de "dar seguimiento y evaluación del cumplimiento de las obligaciones por parte de las administraciones".

El recién aprobado Pacto de Estado contra la violencia de género acordado en el Congreso contempla medidas encaminadas a luchar contra la trata, aunque las propuestas no abarcan las peticiones de las entidades en su totalidad. El acuerdo apuesta por la aprobación de una ley de lucha integral y multidisciplinar contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, sin incluir el amplio entramado que implica la trata de seres humanos. La norma planteada persigue la puesta en marcha mecanismos adecuados para la prevención, el refuerzo de la persecución de oficio del delito, la eliminación de publicidad de contenido sexual y el impulso de servicios y programas de protección social y recuperación integral de las víctimas. El pacto también prevé modificar la Ley de Protección de Testigos para mejorar la protección de víctimas, testigos y denunciantes del delito de trata e intensificar la cooperación internacional en materia de trata de personas con fines de explotación sexual, aumentando los fondos de cooperación internacional.