Las grietas en el Estado del bienestar tras los años de crisis: qué recortes llegaron para quedarse

Diez años después de inicio de la recesión y de su posterior conversión en una virulenta crisis que acabó afectando (y mucho) a la economía real, es momento de hacer balance de daños. Mientras en el entorno macroeconómico se suceden las noticias positivas, sigue evidenciándose la costosa factura que los años de recortes e incertidumbre han dejado forma de conquistas sociales perdidas o frustradas.

Lo advirtió en junio de 2011, cuando todavía era candidato, el hoy presidente del Gobierno, Mariano Rajoy: "Tendremos el Estado del bienestar que podamos permitirnos". Tras su llegada a la Moncloa, el líder del PP metió la tijera en sanidad y educación, recortó la protección social al desempleo, limitó el desarrollo de la ley de dependencia o desligó las pensiones del IPC, entre otras medidas. El terreno ya lo había abonado su predecesor, José Luis Rodríguez Zapatero, que apenas un año antes había suprimido el cheque- bebé, restringido las ayudas a los dependientes o rebajado el 5% en el salario de los empleados públicos. También inició la reforma de las pensiones. 

Todas estas medidas se tomaron en momentos de extrema gravedad, con el país al borde del precipicio. El problema es que, tras la tormenta, amenazan con quedarse a través de reformas legislativas que consolidan estos recortes. Al mismo tiempo, también parece esfumarse la posibilidad de que el Estado del bienestar se expanda hacia nuevas áreas de protección social. infoLibre explica a continuación qué recortes llegaron para quedarse en los años de la crisis. 

  01. Pensiones

La crisis trajo consigo una reformulación del sistema de pensiones públicas en dos tiempos. En 2011, todavía bajo el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, se aprobó el retraso de la edad de jubilación hasta los 67 años, medida que se está implantando de forma gradual hasta 2027; y la ampliación, también de forma progresiva, del periodo de cómputo para calcular la pensión de los últimos 15 años de la vida laboral a los últimos 25.

Dos años después, en 2013, el PP aprobó en solitario otra reforma que incluyó varias novedades. Entre ellas, la creación de un mecanismo de ajuste automático de las pensiones, llamado factor de sostenibilidad, que recorta estas prestaciones según aumente la esperanza de vida, por un lado, y de acuerdo con la relación entre ingresos y gastos de la Seguridad Social, por otro. La reforma de 2011 ya preveía la creación de este factor de sostenibilidad, pero para 2027 y que actuara por primera vez en 2032.

Dicha reforma de 2013 también desligó del IPC el índice de revalorización de las pensiones. Desde entonces las pensiones sólo han subido un 0,25% anual, el mínimo legal mientras persista el déficit de la Seguridad Social, lo que les ha hecho perder poder adquisitivo. Hasta entonces, se actualizaban según la inflación de cada mes de noviembre. De hecho, la mayoría de los países de la OCDE y buena parte de los miembros de la UE siguen "anclados" en el IPC para revalorizar las pensiones. Por otro lado, el PP había aprobado meses antes, y por decreto, la reforma de la jubilación anticipada y parcial exigiendo más edad y más años cotizados.

Sobre el horizonte planean nuevas reformas, pues los grupos parlamentarios están debatiendo en la Comisión del Pacto de Toledo fórmulas para afrontar la crisis del sistema y garantizar tanto la sostenibilidad como la suficiencia de las pensiones. Hay que tener en cuenta que el Fondo de Reserva, la conocida como hucha de las pensiones, quedará agotado este año y que los Presupuestos del Estado incluyeron un préstamo de 10.192 millones de euros para pagar la extra del pasado julio.

  02. Desempleo

El sistema de protección social español también tiene síntomas de debilitamiento. En el verano de 2012, en plena recesión, el Gobierno del PP metió la tijera a las prestaciones contributivas, las que cobran durante un máximo de dos años tras perder el empleo. El Ejecutivo aprobó por decreto ley una rebaja de las prestaciones de quienes están en paro más de medio año que, desde el séptimo mes, pasaron a cobrar el 50% de la base reguladora media de los últimos 180 meses cotizados en lugar del 60%. 

El sistema de prestaciones por desempleo sólo protege a la mitad de los parados. Concretamente, al 55,1% de los registrados en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), al cierre de 2016. En 2010, la cobertura alcanzaba al 78,4%. En su última memoria anual, el Consejo Económico y Social señalaba que este recorte se debe no sólo a la reducción del paro, sino también a la pérdida de prestaciones que supone la prolongación del desempleo.

Lo cierto es que el Ejecutivo de Rajoy también recortó algunos de los subsidios más precarios que se cobran cuando ya se ha agotado la prestación de paro. En 2013 dificultó el acceso al subsidio para los mayores de 55 años, uno de los grupos más castigados por la crisis y el desempleo, endureciendo la prueba de rentas. A partir de entonces solo tienen derecho a percibir esta ayuda los desempleados que demuestren que los ingresos medios de su familia no superan el 75% del salario mínimo interprofesional. 

  03. Sanidad

Los efectos de la austeridad también han llegado a la sanidad. Sólo meses después de su desembarco en el Ministerio de Sanidad, la extitular de ese departamento Ana Mato defendió una reforma sanitaria que tenía como fin último hurtar más de 6.000 millones de euros a la sanidad pública. Según los últimos datos de Eurostat, la sanidad española se financió en 2015 con 6.307 millones de euros menos que en 2009 (de 72.939 millones a 66.632). 

El decreto impulsado por Mato consolidó un cambio de sistema: se perdió la universalidad –más de 870.000 inmigrantes sin papeles fueron expulsados de la atención normalizada– y los ciudadanos pasaron a ser asegurados en lugar de beneficiarios. Asimismo, llegó el copago para los pensionistas que hasta entonces sólo habían contribuido a pagar los medicamentos con sus impuestos. Empezaron así a abonar el 10% del precio de los fármacos con topes de 8, 18 o 60 euros mensuales en función de la renta. 

Para el resto de ciudadanos, el porcentaje de pago se estableció en función de los ingresos. Se mantuvo en el 40% para quienes ganan hasta 18.000 euros al año, se aumentó del 40% al 50% para los que tienen unos ingresos entre 18.000 y 100.000 y se incrementó del 40% al 60% para quienes ganan más de esa cifra. A cambio, quedaron exentos los parados sin prestación ni subsidio y quienes cobran pensiones mínimas o no contributivas.

A través de ese decreto también se puso en marcha el llamado medicamentazo. Es decir, la exclusión del sistema de recetas de 417 fármacos de uso común que desde el 1 de septiembre de 2012 los pacientes deben pagar íntegramente de su bolsillo. Entre ellos, Fortasec, para tratar la diarrea; Flumil o Flutox, para procesos catarrales; o el protector de estómago Almax. El último Barómetro Sanitario [consultar, aquí], el sondeo que realizan anualmente el Ministerio de Sanidad y el CIS, reveló que el 4,4% de los encuestados había dejado de tomar algún medicamento recetado por un médico de la sanidad pública en 2016 porque no se lo pudo permitir por motivos económicos

  04. Educación

España es el quinto país de la UE que más ha recortado en educación desde el inicio de la crisis solo por detrás de Grecia, Chipre y Portugal. En números absolutos son 5.713 millones de euros menos (de 49.692 a 43.979, entre 2009 y 2015). Esta cifra evidencia que aunque os presupuestos hayan empezado a subir en los últimos años, estos aumentos no han sido suficientes para mitigar los recortes de los primeros años de la crisis.

En relación a medidas concretas, docentes, estudiantes y familias se han mostrado muy combativos con el vuelco radical del sistema de becas que el PP impuso en 2012. Según datos aportados por los rectores, este modelo ha provocado que ganaran peso las ayudas menos cuantiosas, como la compensación por los precios de matrícula –antes de 2012 el 27% del presupuesto se dedicaba a estas ayudas y ahora es el 40%–; y han perdido las que suponen dar dinero al alumno para que pueda estudiar en otra comunidad o para compensar que los hijos de familias con rentas más bajas estudien en lugar de trabajar. Estas últimas han pasado de copar el 58% del presupuesto a apenas el 28%.

Por otro lado, los universitarios se han visto muy perjudicados por el decreto de "racionalización del gasto educativo" que, en 2012, promovió un cambio en la forma de pago en los campus públicos al dar a las autonomías la posibilidad de establecer la parte del coste educativo que asume directamente el estudiante en base a unas horquillas. Desde entonces, en primera matrícula, el crédito de los estudios de posgrado se podía posicionar entre el 40 y el 50% del coste real que supone impartirlo. Asfixiadas por el déficit, algunas autonomías llevaron esta norma hasta el extremo. Lo que supuso, en un contexto de pérdida de poder adquisitivo de las familias, un aumento de más del 30% en el precio de las carreras universitarias en hasta nueve comunidades.

  05. Nuevos derechos

En las nuevas áreas de derechos sociales conquistados en el preludio de la crisis destaca la aprobación de la ley de dependencia, la norma que reconoció en 2006 el derecho que tienen las personas que no pueden valerse por sí mismas a recibir una ayuda por parte del Estado. Sin duda, el dato más positivo es que, a día de hoy, 909.973 personas están recibiendo una prestación económica o un servicio (teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día o de noche, atención residencial...) en virtud de esta ley.

Sin embargo, la estructura del sistema, que todavía no estaba consolidado, sufrió un gran deterioro durante el último periodo de intensos recortes. En 2010, el Gobierno socialista eliminó la retroactividad y a partir de entonces el derecho reconocido sólo comenzó a hacerse efectivo desde la fecha de resolución de la prestación y no desde la solicitud, como estaba previsto en el articulado inicial.

En 2012, ya con el PP en la Moncloa, llegó el gran tijeretazo. Se redujeron un 15% como mínimo las pagas que reciben los familiares por cuidar a dependientes; se aplazó la entrada al sistema de los dependientes moderados; y se suprimió un bloque entero de financiación, el llamado nivel acordado, al que se dedicaban 285 millones anualmente. En 2013, otro real decreto determinó la disminución de las intensidades de las prestaciones de servicios de centro de día/noche y del servicio de ayuda a domicilia.

En 2008 el Ejecutivo socialista aprobó la ampliación del permiso de paternidad desde los 13 días existentes hasta el mes de duración, si bien la medida no entró en vigor hasta el pasado enero, casi diez años después, porque no se dotaba económicamente en los Presupuestos. Otra derecho social que sí se puso en marcha, aunque por poco tiempo, fue el polémico cheque-bebé, la ayuda de 2.500 euros por cada hijo nacido o adoptado, que se anuló en 2010 sólo tres años después de su implantación. Esta medida había indignado a un sector de la izquierda porque la ayuda se proporcionaba a todas las familias por igual, al margen de sus ingresos. 

Tampoco tuvieron mucho recorrido las ayudas al alquiler para los jóvenes de entre 22 y 30 años con ingresos inferiores a 22.000 euros brutos anuales que los socialistas pusieron en marcha en 2007. El PP suprimió las nuevas altas nada más llegar al Gobierno, en diciembre de 2011. Y apenas medio año después, en julio de 2012, recortó la asignación para los jóvenes que la recibía de 210 euros a 147 euros al mes.