Los planes para impedir el referéndum catalán provocan tensiones entre el Gobierno y el Tribunal Constitucional

La proximidad del choque de trenes entre las instituciones de Cataluña (el Govern y el Parlament) y el Estado español, unida a la incertidumbre acerca de las medidas con las que el Ejecutivo de Mariano Rajoy planea frenar el desafío independentista, está haciendo crecer las tensiones entre las instituciones que, sobre el papel, tienen la responsabilidad de impedir que el 1 de octubre los catalanes tengan la oportunidad de expresar si desean convertirse en un país independiente.  

Magistrados del Tribunal Constitucional, tanto de tendencia conservadora como progresista, están preocupados por la forma en la que el Gobierno de España planea reaccionar a los pasos que previsiblemente seguirán el Govern y el Parlament de Cataluña para llevar a cabo el referéndum de independencia. Fuentes del Tribunal Constitucional de ambos sectores han confirmado a infoLibre la incomodidad de muchos de sus miembros ante un escenario que termine dejando sobre sus hombros prácticamente toda la responsabilidad de frenar el desafío institucional catalán. Así se lo han hecho saber al Ejecutivo de Rajoy por cauces no oficiales.

Estos magistrados están dispuestos a dar cumplimiento a lo estipulado en la reforma legal que el PP impulsó en solitario en 2015 para asegurar la ejecución de sus sentencias, pero sostienen que las medidas que se aprueben "tienen que ir en consonancia con otras que adopte a su vez el Gobierno", como por ejemplo actuar contra cualquier cargo municipal que por acción u omisión colabore con la preparación o realización del referéndum. Quienes así piensan sostienen que la reacción a  los planes del Govern y del Parlament debe partir, en primer lugar, de la Fiscalía o del Ministerio del Interior en persecución de distintos posibles delitos, y "no exclusivamente dejar toda la reacción sobre los hombros del TC".

Y es que varios de los magistrados del Alto Tribunal temen el uso que el Gobierno pueda hacer de los procedimientos, especialmente si utiliza la fórmula del llamado “incidente de ejecución” de sentencia, sobre todo porque establecería precedentes que consideran "muy arriesgados". El mecanismo adecuado, sostienen, tendría que ser el recurso dirigido a impugnar una decisión o una norma que el Gobierno considere inconstitucional. Utilizar el incidente de ejecución puede interesar políticamente al Ejecutivo de Rajoy, porque traslada al Alto Tribunal la responsabilidad de hacer cumplir la ley, pero jurídicamente sería "muy discutible", según las fuentes del Constitucional consultadas por infoLibre.

La posibilidad de que el Gobierno plantee al Alto Tribunal incidentes de ejecución de sentencia la abrió la reforma del Constitucional que llevó a cabo en solitario el PP en 2015.llevó a cabo en solitario el PP en 2015 Aquella modificación de la ley hizo posible que el Ejecutivo active mecanismos de actuación para los supuestos en que alguien no ejecute las sentencias, haciendo que el TC tenga la obligación de velar “por el cumplimiento efectivo de sus resoluciones”.

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Si el Tribunal admite un incidente de ejecución queda en situación de aprobar un amplio abanico de medidas: imponer multas coercitivas (entre tres mil y treinta mil euros por cada incumplimiento), acordar la suspensión cautelar en sus funciones de las autoridades que incumplan las decisiones, requerir del Gobierno la ejecución sustitutoria de las resoluciones o levantar testimonio a particulares para exigir las responsabilidades penales. El Tribunal Constitucional tiene que escoger la medida, o medidas, que crea adecuadas al caso, ya sea la multa, la inhabilitación, el requerimiento al Gobierno para la ejecución sustitutoria o el reenvío a la jurisdicción penal. Todo ello respecto de las personas concretas relacionadas con el incumplimiento de que se trate (en este caso la prohibición de impulsar o favorecer la celebración del referéndum).

Además, en los casos "de especial trascendencia constitucional", el TC, ya sea de oficio o a instancia del Gobierno, podrá adoptar esas medidas para ejecutar las sentencias sin oír a las partes. Después se habilitará un plazo de tres días para dar audiencia a los afectados y a la Fiscalía, tras los cuales el Alto Tribunal decidirá si ratifica o levanta esas medidas extraordinarias.

En el pleno del Alto Tribunal comparten tarea en estos momentos siete magistrados de tendencia conservadora y cinco considerados progresistas, nombrados en todos los casos mediante acuerdo entre PP y PSOE. Entre los primeros se cuentan el presidente, Juan José González Rivas, Andrés Ollero, Santiago Martínez-Vares, Pedro José González-Trevijano, Antonio Narváez, Antonio Montoya y Ricardo Enríquez. El segundo grupo está formado por la vicepresidenta, Encarnación Roca, Fernando Valdés, Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer.