La independencia catalana tendría implicaciones negativas en el crédito de España, según Moody's

La independencia catalana tendría implicaciones negativas para el perfil de crédito de España debido al tamaño de la región, de forma que su secesión debilitaría la fortaleza económica del país, según la agencia crediticia Moody's, que prevé no obstante que Cataluña seguirá formando parte de España, ya que existen muchos obstáculos para se pueda hacer efectiva su salida.

"La región de Cataluña aporta aproximadamente el 19% del PIB español y representa el 16% de la población total del país, siendo además su PIB per cápita superior a la media nacional, de forma que su salida debilitaría la fortaleza económica de España y, por tanto, tendría implicaciones negativas sobre el perfil de crédito", según apuntan la vicepresidenta senior de Moody's Sarah Carlson y la analista Marisol Blázquez, ambas coautoras del informe, del que se hace eco Europa Press.

No obstante, señalan que, según sus pronósticos, "Cataluña seguirá formando parte de España", ya que existen muchos obstáculos para que la independencia pueda consumarse. Entre las dificultades que la agencia de calificación ve figuran "la oposición firme y continua" del Gobierno central, la existencia de una serie de herramientas de las que el Estado dispone para afrontar el desafío y las encuestas, que muestran que "el apoyo popular es inferior a la mayoría".

De igual forma, asegura que en el caso de que el referéndum del 1 de octubre finalmente se lleve a cabo y diera como resultado un apoyo a la independencia, la inexistencia de una base legal y la ausencia de un umbral mínimo de participación "probablemente minarían su legitimidad".

Ceder una mayor descentralización

La relación política entre el Gobierno central y las autoridades catalanas "se mantendrá muy tensa", vaticina Moody's en su informe publicado este lunes, lo que considera que podría complicar los esfuerzos para llegar a un compromiso que responda al deseo de Cataluña de una mayor autonomía.

"Una mayor descentralización de Cataluña respecto a España es probable dadas las presiones independentistas", aseguran Carlson y Blázquez en el estudio. En este sentido, creen que la mejor solución sería satisfacer algunas de las principales demandas de Cataluña, como las relacionadas con mayores recursos fiscales y la reforma del marco de financiación regional, pero siempre respetando la legalidad de la Constitución española.

España es uno de los países más descentralizados de la Unión Europea en términos de gastos del sector público, aunque es uno de los que más 'poder' ostenta en lo que respecta a la fiscalidad.

El control sobre las finanzas de los gobiernos regionales ha sido una debilidad notable en la estrategia de reducción del déficit del Gobierno de España en los últimos años, a pesar de que el Estado tiene mayor capacidad para compeler legalmente la consolidación fiscal a nivel regional tras la aprobación en 2012 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Pérdida del apoyo financiero

Por otro lado, Moody's advierte de que las continuas tensiones también presentan implicaciones potencialmente negativas para el Gobierno de Cataluña, cuya nota de solvencia actual es 'Ba3' con perspectiva "negativa", lo que implica un grado de solvencia de calidad cuestionable y con opción de empeoramiento de la calificación.

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En este sentido, aunque hasta el momento el debate político sobre la independencia no ha afectado al apoyo de liquidez del Gobierno central al regional mediante el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), la calidad crediticia de Cataluña "podría verse afectada negativamente si las tensiones políticas se intensifican aún más, provocando dudas sobre la voluntad del Ejecutivo central de continuar proporcionando apoyo financiero".

La pasada semana, el Parlamento regional catalán aprobó la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república (LTJ) que contempla la celebración del referéndum de independencia de España el próximo 1 de octubre. Según los términos de la ley, la asamblea declararía la independencia a un nuevo Estado 48 horas posteriores al plebiscito.

Aunque esta ley ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional de España, la evolución de este escenario "marca una nueva escalada en las tensiones entre ambos gobiernos".