El debate político sobre el 1-O se traslada esta semana al Congreso

A menos de 15 días del anunciado referéndum del 1-O en Cataluña, el Gobierno va a recurrir al altavoz que supone el Congreso de los Diputados para insistir en el mensaje de que no va a haber consulta porque es ilegal y en advertir de los riesgos a los que se enfrentan aquellos que la promueven. 

Entre preguntas al Ejecutivo, proposiciones no de ley e interpelaciones urgentes, la Cámara Baja acoge en el Pleno que arranca el martes siete iniciativas relacionadas con el referéndum. Además, está pendiente que se concrete qué día comparece el ministro de Hacienda. Cristóbal Montoro se comprometió el viernes a acudir al Congreso para detallar las medidas por las que el Estado asume directamente el pago de determinados servicios sociales de la Generalitat y del grueso de las nóminas de los funcionarios.

Si la semana pasada fue la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, la que llevó el peso de la respuesta a Cataluña en la sesión de control en el Congreso, esta semana el protagonismo recae sobre el presidente. 

Mariano Rajoy tendrá que responder a dos preguntas con el 1-O como contexto. La primera, de Aitor Esteban (PNV), está encaminada a que el líder de los conservadores aclare si considera "que la posición que adopta su Gobierno va a dar solución al conflicto planteado en Cataluña".

La pregunta llega en un momento delicado de las relaciones entre PP y PNV. El Ejecutivo logró sacar los Presupuestos de 2017 gracias al apoyo de los nacionalistas vascos y ahora desde esta formación se ha advertido a Rajoy de que no podrán contar con ellos si se "exceden" en Cataluña. Este mismo viernes, el Consejo de Ministros tiene previsto dar luz verde al anteproyecto de las cuentas públicas para 2018. A partir de ahí, volverán las negociaciones. No es ningún secreto que el PP confiaba en atraerse de nuevo al PNV, por lo que no deja de preocuparles que el "desafío soberanista" se cuele en estas conversaciones.

¿Una respuesta democrática?

La segunda pregunta parte de Joan Tardà (ERC). El diputado intentará que Rajoy conteste si, a su juicio, "el Gobierno español está dando una respuesta democrática a la voluntad del pueblo de Cataluña".

ERC protagonizó el momento más polémico del pleno de arranque del nuevo periodo de sesiones de la semana pasada. El diputado Gabriel Rufián, impresora en mano, espetó a Santamaría: "Espero que no me detenga. Tengo una papeleta. Nos vemos en las urnas".

También con Cataluña como protagonista, el ministro de Educación y portavoz del Ejecutivo responderá a Juan Carlos Girauta (Ciudadanos) sobre "qué piensa hacer el Gobierno para evitar que se adoctrine políticamente a menores en centros educativos" de esta comunidad autónoma.

Al cierre de la sesión de control –todavía no está fijado qué miembros del Ejecutivo subirán a la tribuna– el Congreso abordará tres interpelaciones urgentes. Dos de ellas tienen el 1-O como trasfondo. El Grupo Parlamentario Mixto reclama que el Gobierno dé cuenta "de las graves decisiones que está adoptando frente al legítimo y democrático derecho de los catalanes a decidir el futuro político de Cataluña". Y el de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre los planes "para superar la crisis actual con Cataluña".

El apoyo al Gobierno, a examen

Un día antes, el martes, una proposición no de ley de Ciudadanos hará que los parlamentarios se pronuncien "sobre el apoyo institucional en la defensa del Estado de Derecho en Cataluña". Las proposiciones no de ley no tienen efectos jurídicos de ningún tipo, pero sirven para medir el clima sobre una cuestión determinada.

En su iniciativa, la formación liderada por Albert Rivera plantea que los diputados manifiesten su respaldo al Ejecutivo, al TC, al Ministerio Fiscal y al resto de representantes del Poder Judicial y de Autoridades Públicas, en la defensa de la legalidad democrática en Cataluña y, en particular, "en todas aquellas medidas que sean necesarias y adoptadas de manera proporcional para impedir la organización del referéndum".

Los conservadores se muestran satisfechos por el apoyo recibido por parte del PSOE y de Ciudadanos en este proceso y confían en que así se traduzca en los debates parlamentarios. 

En la recta final del 1-O el PP no quiere que nada relacionado con esta triple alianza se rompa. En los últimos días, los conservadores han intentado convencer a Ciudadanos para que no presente la anunciada moción de censura contra Carles Puigdemont. Recuerdan que, ni con el apoyo del PSC, que se opone, saldría adelante y que ello podría lesionar la imagen de unidad frente a los independentistas.

Este mismo domingo, desde Barcelona, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, dejó claro que su partido apoyará al presidente del Gobierno en su estrategia contra el referéndum. No obstante, le reprochó que no haya dialogado antes y haya permitido que se llegara a la situación actual. 

Actuación de la Justicia

Paralelamente, la Justicia seguirá actuando, insisten las fuentes consultadas. "El Gobierno ha actuado: ha recurrido al TC, ha remitido actuaciones a la Fiscalía... Hay que dejar trabajar a los tribunales. Como se ha visto hasta ahora, ninguna acción quedará sin respuesta", señalan desde el Gobierno. 

El Ejecutivo insiste en que, ahora que se acerca la fecha, es clave que las respuestas sean "muy medidas, proporcionales". El objetivo es no "alimentar" el "victimismo" de los independentistas. Como ejemplo de esta proporcionalidad citan el hecho de que no se suspendiese el acto de inicio de la campaña pro referéndum de la semana pasada. "No vamos a fomentar el enfrentamiento en la calle. Son los máximos responsables de estos actos los que tienen que rendir cuentas", aclaran.

Al respecto, este domingo, en una entrevista concedida al diario La Razón, el titular de Justicia sostenía que "si son 700 alcaldes los que cometen un delito serán 700 los que irán a juicio".

"Vamos a hacer uso de toda la fuerza que tiene el Estado de Derecho para impedir que se cometan delitos. Nuestra firmeza va a ser absoluta. Dicho esto, lo que no vamos a hacer es caer en ninguna trampa de provocación de altercados de orden público o cualquier tipo de revuelta ciudadana. Esto tiene un cauce jurídico, pero también hay que apelar a la responsabilidad de la Generalitat y del Parlamento de Cataluña para no provocar enfrentamientos entre catalanes. No nos parece que ésa sea la solución", añade Rafael Catalá.

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También se preparan en la Moncloa y en el PP para que desde el Govern se intensifiquen las llamadas al diálogo en la recta final hacia el referéndum ilegal. Unas ofertas a las que, a estas alturas, los conservadores dan poco crédito. "Son una tomadura de pelo, una broma, una trampa", resume un diputado en conversación con infoLibre, que se pregunta de qué sirve plantear diálogo cuando la consulta se mantiene "sí o sí".

Este domingo, Fernando Martínez-Maillo, número tres del PP, consideró que la carta anunciada por el Govern demandando diálogo es una "carta trampa" para "lavar su imagen" y situarse en el papel de víctima ante la opinión internacional. Dicho esto, aseguró que el Gobierno de la nación "está dispuesto a dialogar, pero no para hacer un referéndum ilegal". Ese diálogo no llegará hasta el día después del 1-O, consideran las fuentes consultadas.

Mariano Rajoy siempre se ha mostrado reacio a una reforma de la Constitución para, entre otros asuntos, estudiar el encaje de Cataluña. Siempre intenta aplazarla. Pero cada vez son más en las filas de su partido los que creen que no va a poder aplazar mucho más tiempo ese debate.