¿Acabamos con la desigualdad obscena?

“Unos tienen mucho y otros nada, pero la media es la correcta” (El Roto)

“De mayor quiero ser como Amancio Ortega”. Los más de 12.000 jóvenes españoles de 16 a 19 años que participaron este verano en una encuesta de Educa 20.20 y la Fundación Axa dejaron muy claro qué personaje público era su referente. ¿Amancio, empresario ejemplar? El grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo desvelaba en un reciente informe (y no es el único) las técnicas de evasión fiscal utilizadas por Inditex sobre todo en Holanda, Irlanda y Suiza para eludir el pago de 585 millones de euros en impuestos; un trabajo de ingeniería fiscal que ha supuesto 218 millones de euros menos en ingresos para las arcas públicas españolas.

Por desgracia, Amancio Ortega no es el único alumno aventajado que se graduaría con nota en la Universidad de la Evasión, también Messi o Ronaldo ocupan un lugar privilegiado, y también figuran en la lista de los más admirados por los jóvenes españoles. Los papeles de Panamá indignaron a una ciudadanía aparentemente anestesiada, pero la cultura del fraude y el escaso compromiso de nuestra clase política con la gestión del dinero público siguen por desgracia muy enraizados en nuestra sociedad. Corrupción y fraude continúan copando titulares que hasta los más avezados creativos publicitarios saben aprovechar: “Sé fuerte. Vuelve Narcos” fue la frase elegida por la popular plataforma Netflix para anunciar en pleno centro de Madrid la tercera temporada de la serie televisiva Narcos.

Las soluciones de Montoro ya las conocemos; prefiere las amnistías fiscales a incrementar los recursos económicos y humanos de la Agencia Tributaria para investigar el fraude de las grandes fortunas y empresas que, según datos del sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), concentran el 70% de la evasión en España. El Estado pierde 8.250 millones de euros anuales por la elusión fiscal de las multinacionales. ¿Podemos permitirnos esa sangría de ingresos mientras continúan los recortes en servicios públicos esenciales como la sanidad y la educación? Claramente, no. Por no hablar de la economía sumergida que supone casi el 25% del PIB: 80.000 millones anuales que también dejan de recaudarse.

Las empresas del Ibex 35 suman 969 filiales en paraísos fiscales, con el Banco Santander a la cabeza. Las políticas públicas deben ir claramente encaminadas a acabar con los entramados creados por estas empresas y por las grandes fortunas para no pagar impuestos o pagar lo mínimo. La prioridad es crear sistemas fiscales justos, donde los que más tienen contribuyan en mayor medida al sistema, ya que es la única manera de reducir las crecientes desigualdades. Las familias españolas son las que soportan la mayor parte del peso tributario, aportando un 84% de la recaudación, frente a un 13% de las empresas.

Desigualdades que se han convertido en obscenas: el 1% más rico de la población mundial tiene ya más riqueza que el 99% restante y, en España, tres personas acumulan tanto dinero como la población de Cataluña y de Madrid. Desigualdad obscena es cobrar salarios de miseria mientras las grandes empresas siguen aumentando sus beneficios sin pagar los impuestos que les corresponden. Desigualdad obscena es generar riqueza a costa del empobrecimiento de millones de personas.

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¡El número de superricos en España ha crecido un 24% desde el inicio de la recuperación! Los que residen en la Comunidad de Madrid juegan además con ventaja y se ahorran más de 456 millones al año por no pagar el Impuesto de Patrimonio, gracias a la bonificación del 100% en la cuota establecida por Cristina Cifuentes. Suma y sigue.

En España, el 28,6% de la población está en de riesgo de pobreza y exclusión (indicador AROPE). Para paliar esta situación, son necesarias medidas urgentes por parte del Gobierno en materia fiscal que pasan, entre otras, por una mayor progresividad en el pago de impuestos directos y una lucha contundente contra la evasión y los paraísos fiscales. ___________________________

Arantxa García Gangutia es miembro de la Plataforma por la Justicia Fiscal