El Gobierno brasileño deja a los indígenas indefensos de los abusos

Los dos hombres se ríen a mandíbula batiente. En el bar de la pequeña ciudad de São Paulo de Olivença, se vanaglorian de haber matado al menos a diez indios en el territorio indígena del Valle del Javari, en la frontera con Perú y Colombia. Los buscadores clandestinos de oro (garimpeiros) –que habían salido a cazar para conseguir proteínas para la expedición– se encuentran con un grupo de indígenas que estaban recogiendo huevos de tortuga. Probablemente los indios, de la tribu de los flecheiros, no tuvieron capacidad alguna de reacción ante la potencia de fuego de los mineros. Fueron masacrados. En el bar, en la mesa de al lado, alguien escucha la conversación y sorprendido, la graba a escondidas y denuncia lo sucedido.

Ebrios como estaban, los dos hombres afirman haber descuartizado los cadáveres antes de tirarlos al río para hacer desaparecer las pruebas. Desde entonces, las autoridades investigan una matanza ocurrida, probablemente, a principios de agosto. Pablo Luz de Beltrand, el fiscal de la República del Ministerio Público Federal, confirmó en un primer momento la masacre, pero ante el revuelo mediático, ahora dice no poder hablar para no entorpecer las investigaciones.

En un territorio tremendamente recóndito, a mil kilómetros al oeste de Manaos, la investigación no es sencilla. Las comunicación son lentas y esporádicas. El presidente de la Unión de los Pueblos Indígenas del Valle del Javari, Paulo Marubo, de la tribu de los marobos, explica –entre varias interrupciones telefónicas– que “la corriente eléctrica va y viene, lo mismo que la conexión a internet. Esto impide divulgar lo que sucede aquí. Y cuanto más nos adentramos en el valle, más complicado resulta. Las regiones ocupadas por indios aislados voluntariamente son de muy difícil acceso y, en especial, allí donde se ha producido la matanza”.

El Valle del Javari, convertido en tierra indígena en 2001, abarca 8,5 millones de hectáreas y cuenta con la mayor concentración de tribus aisladas, al menos 15 de las 110 censadas en Brasil. Estas tribus nunca han tenido contacto o no tiene relaciones permanentes con el Estado brasileño.

Esta falta de comunicación complica todavía más las investigaciones. A menudo, son otras tribus, denominadas contactadas, las que denuncias las masacres aisladas. A principios de año, los indios kanamaris informaron de otra matanza después de haber descubierto restos humanos: una veintena de miembros de los Warikama Djamar, aislados, pudieron ser asesinados. El Ministerio Público también investiga lo ocurrido.

“Varios meses después, en un lugar recóndito de la selva como es éste, casi nunca se encuentra el cadáver”, precisa Felipe Milanez, exfuncionario de la Fundación Nacional de los Indígenas (Funai), organismo encargado de la protección de los indígenas y profesor universitario especializado en conflictos medioambientales de la Universidad Regional del Recôncavo da Bahia (UFRB). Sin escena del crimen, sin cuerpo, sin restos de sangre y sin testigos, el trabajo de investigación es completamente diferente al que se realiza en la ciudad. Según el profesor, en la mayoría de las masacres indígenas, la noticia suele saltar del mismo modo: “Un pistolero que había bebido demasiado, otro –descontento después del reparto de un botín o lleno de remordimientos– que se confiesa al cura... A menudo, las informaciones no se ocultan, hay que saber escuchar. Después hay que profundizar e investigar”. Fotos aéreas de cabañas calcinadas en territorio de los Warikama Djapar podrían corroborar estos indicios: en esta tribu poco conocida, se suelen quemar las casas de los desaparecidos.

“El Estado no nos cree”

En lo que respecta a la otra matanza, al menos tres garimpeiros imputados tenían en su poder objetos que pudieron pertenecer a la tribu de los flecheiros. “Hace falta mucho tiempo, dinero e importantes medios logísticos para encontrar pruebas irrefutables”, explica Paulo Marubo. Pero para él, la mayoría de las veces, a los indígenas no se les toma en serio. “Vivimos en este territorio y advertimos continuamente al Estado de los riesgos de que se produzcan masacres contra nuestros hermanos aislados, pero el Estado no nos cree”. En 2015, tras un tiroteo a la entrada del territorio indígena, no se tomó ninguna medida, explica. “Las invasiones de los contrabandistas de madera, de narcotraficantes, de buscadores de oro, de cazadores se multiplican y no hay ninguna respuesta por parte del Estado, que se limita a respetar que ¡no hay dinero!”.

La falta de presupuesto es una mera excusa, lamenta Milanez: “¿Quiere eso decir que una parte del territorio está sin control? ¿Para qué sirve el Ejército? ¡Hay que liberar fondos para la investigación! En 1993, en una masacre de 16 yanomamis, el presidente de la Funai se desplazó a la zona para escuchar a los indios y llamar la atención de los medios de comunicación. Hoy la Funai ya no se desplaza”. En estos territorios inmensos, según Paulo Marubo, el asesinato de indígenas puede pasar desapercibidos. “Recientemente hemos visto cazadores blancos procedentes de territorio korubo, una zona de acceso prohibido, incluso para nosotros. ¿Cómo sabemos si no han matado a alguien allí?”. Puesto que están aislados, no tienen el mismo sistema inmunitario y una simple prenda contaminada por la gripe olvidada por los garimpeiros puede hacer estragos en una comunidad.

Pero estas masacres tienen otras consecuencias. A veces los indios aislados se ven obligados a huir y se refugian en el territorio de otra tribu. La cohabitación no siempre funciona. En 2015, un conflicto en la región entre los matis (recientemente contactados) y los korubos (aislados) se saldó con una decena de muertos. Otros indios tuvieron que huir del territorio y por tanto ya no están protegidos jurídicamente, lamenta Paulo Marubo. “En cualquier momento pueden encontrarse con contrabandistas de madera o narcotraficantes y entonces será el fin. Otros desembarcan de Perú: los indígenas fluyen en todos los sentidos”.

Influencia de los garimpeiros y de los lobbies

El Ministerio Público Federal, informado de esta supuesta masacre, organizó una operación en colaboración con el Ejército y el Ibama (organismo gubernamental encargado de la protección del medio ambiente) para luchar contra la extracción clandestina de oro en el valle. Cinco embarcaciones, utilizadas para buscar oro a orillas del río, han sido destruidas.

Aunque la operación no ha permitido dar con el supuesto escenario de la masacre, es alentadora, dice Gilderlan Rodriguez, encargado de los asuntos que atañen a los indios aislados en el Consejo Indígena Misionero (CMI). La protección de los indios pasa por luchar contra las invasiones de los buscadores de oro. “Si los indios se cruzan con garimpeiros, hay conflicto. El único modo de impedir las masacres es impedir los contactos no deseados”. La investigación deberá determinar lo ocurrido, pero lo más probable es que los garimpeiros no preparasen el ataque, en opinión de Milanez. “Están preparados para matar en cualquier momento. Si ven indígenas, tiran porque los indios los ven como intrusos peligrosos y pueden ser violentos. Pero el combate es desigual. No olvidemos que los garimpeiros van a cazar jaguar o jabalíes salvajes, por lo que a menudo disponen munición de gran calibre...”. Para él, este caso va mucho más allá de los tres garimpeiros acusados. “La encarcelación de los tres arrestados no va a impedir que los demás sigan invadiendo las tierras indígenas; si es que permanecen en prisión, porque en las zonas rurales de Brasil, la impunidad campa a sus anchas”. Después de la ejecución de 11 trabajadores rurales en los alrededores de la localidad de Pau d’Arco en el Estado del Pará, los 13 agentes encausados fueron liberados un mes después.

Los garimpeiros pueden contar con el apoyo de hombres de negocios y de políticos locales. Las expediciones no las ponen en marcha pobres desgraciados que se adentran a ciegas en la selva: están muy bien organizados y bien financiados. Las embarcaciones destruidas en la operación más reciente costaban más de un millón de reales (350.000 euros) cada una. La vigilancia aérea previa a la operación contabilizó 16 en el río. Milanez asegura que hay “denuncias que implican a alcaldes y concejales, que financian todo esto. Es muy grave. En este caso preciso, no sé, pero no es raro que diputados nacionales apoyen este tipo de proyecto”.

Presiones

Los intereses de los diputados del lobby minero se suman a veces a los del lobby del agrobusiness o bancada ruralista. Un proyecto de ley, iniciativa de un diputado ruralista, tiene como objetivo impedir la destrucción del material interceptado en una operación de protección del medio ambiente. En estas regiones alejadas de todo, donde repatriar el material puede revelarse imposible, una ley así permitiría a los infractores retomar el trabajo tan pronto como se hayan ido los inspectores.

El clima político favorable a los ruralistas cristaliza estas tensiones y los traficantes se envalentonan cada vez más. Los funcionarios de Ibama no pueden poner en marcha operaciones sin el Ejército que les cubra las espaldas: 50 militares escoltaban la operación del Ibama en el Valle del Javari. En el sur del Pará, en julio pasado, contrabandistas de madera incendiaron ocho camiones y coches del Ibama.

Un nuevo texto, ya firmado por el presidente, limita en la práctica la atribución a los indígenas de nuevas tierras y prohíbe cualquier ampliación de territorios indígenas ya protegidos. En una reunión con un grupo de indios que luchan por la sacralización de sus tierras próximas a São Paulo, el ministro de Justicia, Torquato Jardim, les dijo: “Sufro presiones inmensas por parte de grupos parlamentarios, que no están de vuestro lado”. 25 proyectos de ley contrarios a los intereses de los indios están listos para su votación en la Asamblea Nacional.

“Los territorios indígenas son los últimos territorios vírgenes y por ello fomentan la codicia. De ahí los numerosos ataques del Gobierno en su contra”, suspira Gilderlan Rodrigues, del Cimi. “La situación es peor que a finales de la dictadura. Entonces, se conquistaron nuevos derecho, hoy, el Estado ahorra en los logros de los indígenas. Existe una inseguridad jurídica nueva, Las leyes cambian para peor”, sigue. La legislación brasileña ha sido considerada durante mucho tiempo como un modelo de defensa de las tribus indígenas, sobre todo de las más aisladas, pero la tendencia se ha invertido, lamenta el funcionario del Cimi. Y hoy el Gobierno busca dar el golpe de gracia a la Funai, el organismo encargado de proteger a los indígenas.

Ataques

Para los diferentes actores entrevistados, la responsabilidad del Gobierno en esta probable matanza es enorme. “El desmantelamiento de la Funai se ha acelerado desde la entrada en funciones de Temer y ahora ya no hay dinero para nada”, explica Christian Poirier, de la ONG Amazon Watch. El presupuesto otorgado a la Funai se ha revisado a la baja: se habían previsto 546 millones de reales para 2016, pero con la llegada al poder de Temer, solo se le han concedido 137 millones de reales (40 millones de euros).

Dicho esto, de los 12 frentes de protección etno-medioambiental (FEP) destinados a proteger a los indios aislados y a impedir a los intrusos penetrar en sus territorios, cinco se han cerrado recientemente, uno de los cuales se encuentra e la región del Valle del Javari. Los puestos de la Fun bloqueaban el paso por los ríos, únicas vías de acceso. “Sin esta protección básica, los garimpeiros han comenzado a pulular”, lamenta Paulo Marubo. Los que todavía están activos funcionan de forma precaria a veces gracias a los indios voluntarios que no tienen ni los medios ni la formación para impedir las invasiones. Para Gilderlan Rodriguez, “la Funai ya está controlada por los ruralistas Estos recortes presupuestarios ponen de manifiesto esta toma de control, lo que forma parte del plan de los ruralistas para que no puedan cumplir su papel”. Las invasiones de garimpeiros y las masacres son el resultado inmediato de estas políticas de abandono. “Este tipo de episodios brutal hace tiempo que se veían venir. La bajada de la financiación de la Funai afecta directamente a la supervivencia de los indígenas”, dice Marubo.

El Cgiirc, el organismo encargado en el seno de la Funai de los indios aislados, está especialmente en el punto de mira de los ruralistas. Se ha dado a conocer una tribuna de funcionarios y personas que trabajan con los indígenas para denunciar las maniobras internas juzgadas inoportunas y recuerda la obligación constitucional de proteger a los pueblos aislados. “La persona que va a tomar la dirección del Cgiirc podrá influir en muchas cosas. Y de los dos candidatos en liza, uno ha trabajado veinte años para una gran compañía minera y el otro ha hecho carrera en el turismo, por recomendación de Osmar Serraglio, entonces ministro de Justicia y gran apoyo del lobby agrícola”, dice Milanez.

Nuevas masacres

Paulo Marubo está desilusionado: “Ya no tenemos esperanza de vivir en paz como antes, criar a nuestros hijos, hacer fiestas tradicionales, formar a nuestros jóvenes para ser guerreros. Ahora solo tratamos de sobrevivir a los invasores. Algunos líderes indígenas hablan de declarar la guerra a un Estado incapaz de protegerlos. Y la situación no parece que vaya a mejorar en breve. Tras la destrucción de sus embarcaciones, los garimpeiros ya han amenazado a los indios con represalias. Para ellos, son los culpables de haber atraído la atención en la región. “Es increíble. El Estado está desaparecido y los que tratan de ayudar a cumplir su papel se ven amenazados de muerte”, dice Christian Poirier, de Amazon Watch. Los riesgos de represalias son enormes, dice Milanez, “principalmente para los indios que van a la ciudad, los que forman parte de los movimientos sociales y que luchan por sus derechos”.

Pueden ocurrir más masacres. Además del Valle del Javari, los territorios indígenas de Araribóia, en el Estado de Maranhão y los de Yanomami, en Acre, también han sido invadidos por los garimpeiros. Según funcionarios de la Funai, “el riesgo de nuevas matanzas es muy alto”. Mientras el Estado no invierta en la protección de las tierras indígenas, habrá muertos, dice Marubo.

Las reacciones internacionales pueden hacer cambiar algo las cosas y presionar al Gobierno, pero ¿por cuánto tiempo?”, se pregunta Felipe Milanez, que añade con un suspiro: “Y eso no sólo afecta a los indios. Mira la noticia que acaba de ocurrir mientras hablábamos. Dos trabajadores rurales, asesinados por pistoleiros en el Pará”.

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Traducción: Mariola Moreno

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