Siete malas noticias en España que oculta el conflicto en Cataluña

Como es sabido, la vida es lo que nos pasa mientras hacemos otros planes. John Lennon popularizó la frase en una de sus últimas canciones aunque, en realidad, nació dos décadas antes de las plumillas de un periodista y dibujante de tiras cómicas estadounidense, Allen Saunders. Al tiempo que el referéndum catalán acapara la agenda y el discurso de los políticos tanto como la atención de los medios, la recuperación económica sigue en marcha con todos sus defectos. Aunque se hayan caído de las portadas. Esto es lo que está pasando mientras los titulares de primera página sólo miran a Cataluña.

  1. LOS SALARIOS BAJAN

El pasado día 15 el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó los datos sobre costes laborales en el segundo trimestre del año. Esos costes, que incluyen salarios y cotizaciones, además de pagos en especie, por ejemplo, cayeron dos décimas entre abril y junio. En realidad llevan recortándose desde enero de 2016, en porcentajes trimestrales que van desde dos hasta ocho décimas. Si la atención se fija sólo en los salarios, este último trimestre han bajado también, una décima. Y si la lupa se pone sobre el coste laboral por hora efectiva, subió un 3,8% respecto a 2016 sólo porque este año la Semana Santa se ha celebrado en abril y el pasado en marzo, con el consiguiente aumento del número de horas trabajadas en 2017. Así, tras desestacionalizar los datos, resulta que el coste laboral por hora efectiva se reduce lo mismo que el coste laboral por trabajador, un 0,2%.

En resumen, la recuperación económica, ese 3,3% que ha crecido el PIB en el último año, no se está trasladando a los salarios. Por el contrario, en la Unión Europea los sueldos crecieron una media del 2,2% anual en el segundo trimestre, según Eurostat. En Alemania han subido un 2,3%; en Francia, un 1,4%; en Portugal, un 2,9%.

El pasado día 18 patronal y sindicatos reanudaron las negociaciones para pactar el marco salarial de 2018, después de que las conversaciones para fijar la subida de este año concluyeran en julio sin acuerdo. Entonces, UGT y CCOO reclamaban una subida de entre el 1,8% y el 3%, además de una cláusula de revisión que garantice el poder adquisitivo. La horquilla de la CEOE se quedaba entre el 1,2% y el 2%, más medio punto adicional según el sector. La patronal no quería ni hablar de la cláusula de revisión salarial.

  2. PERDIDOS 42.590 MILLONES DEL RESCATE 

En su último informe sobre el rescate financiero, el Banco de España ha recortado la cantidad que el Estado confía en recuperar. Se perderán 42.590 millones de los casi 57.000 millones de dinero público inyectado entre 2008 y 2014. Es decir, el contribuyente sólo recobrará el 6,8% de lo aportado. La cifra se ha reducido en 1.389 millones en un año como resultado de la devaluación que ha sufrido la participación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en Bankia y en Banco Mare Nostrum (BMN).

  3. AUTOPISTAS QUEBRADAS: 3.500 MILLONES

El Estado –de nuevo el contribuyente– tendrá que pagar 3.500 millones de euros a las concesionarias de las nueve autopistas de peaje quebradas: las cuatro radiales de Madrid, la M-12 (eje aeropuerto), la AP-41 Madrid-Toledo, la AP-36 Ocaña-La Roda, la circunvalación de Alicante y la AP-7 Cartagena-Vera. Es el cálculo que han hecho las propias empresas. El último informe de Fomento prevé rebajar la cifra, porque, como dijo el ministro Íñigo de la Serna el pasado día 6, los fondos acreedores llevarán el asunto a los tribunales y serán los jueces quienes fijen el precio. Además, el ministerio planea privatizar de nuevo las autopistas, sacándolas a concurso antes del 31 de diciembre de 2018. Así confía en recuperar parte del dinero que deberá pagar a las concesionarias. Mientras estén en su poder, en cualquier caso, prevé ingresar gracias a los peajes que cobre 103,7 millones de euros y obtener unos beneficios de 34,4 millones, una mínima parte, pues, de la factura.

Hay que recordar que a los 3.500 millones de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración –que le obliga a pagar a las concesionarias– deben añadirse otros 550 millones más en concepto de préstamos participativos que serán incobrables una vez liquidadas las autopistas en quiebra. Esa cantidad, además, computa en el déficit público.

  4. LA MAYOR CAÍDA DEL EMPLEO DESDE 2008

La economía española destruyó el pasado agosto 180.000 puestos de trabajo, casi un 24% más de los que se perdieron ese mismo mes del año anterior. Es la mayor caída en ese mes, tradicionalmente malo para el empleo, desde 2008. Y se ha producido precisamente en el verano de los récords del turismo español, con la mayor entrada de visitantes extranjeros de la historia y un crecimiento del PIB turístico del 4,1%, un punto por encima del PIB nacional. Estos datos confirman a los expertos que la creación de empleo se va a ralentizar en lo que queda del año.

Ese freno se está pisando sobre un modelo de mercado laboral que apenas ha cambiado desde que comenzó la crisis. De ahí que el 31 de agosto se quedaran sin empleo 313.141 personas. Las cifras de quienes salieron de los registros de la Seguridad Social el 31 de julio y el 30 de junio pasados superan también los 300.000 asalariados. Son las tres fechas del año con mayor número de bajas de afiliación, cuando mayor número de personas se quedan sin trabajo. Una “volatilidad” del trabajo que se ha convertido en marca de la casa: el empleo que se crea sigue siendo estacional, temporal y precario.

  5. PENSIONES a la espera

Con las últimas cifras de contratos, paro y afiliación a la Seguridad Social, el Ministerio de Empleo publica también la ratio entre el número de cotizantes y el de pensionistas. Según los datos de julio, ese cociente se encuentra en mínimos. Ya es sólo de 2,2 afiliados por cada jubilado; es decir, cinco décimas menos que en diciembre de 2016 y lejos de la ratio de 2,71 que marcó en diciembre de 2007. De hecho, es la más baja desde 1999.

La cifra deberá estar en las mentes de los diputados que integran la Comisión del Pacto de Toledo, encargados de pactar medidas que garanticen la viabilidad de la Seguridad Social y la sostenibilidad de las pensiones. Sobre todo porque sobre la mesa tienen la financiación del sistema, lastrado por la caída de ingresos: hay casi 2,4 millones de puestos de trabajo a tiempo completo menos que en 2008, los salarios han bajado y, por tanto, también las cotizaciones a la Seguridad Social. Las recomendaciones al Ministerio de Empleo para resolver la crisis de ingresos deberían haber estado listas antes del verano, pero ha sido imposible el acuerdo.

  6. EL GOBIERNO DESPERDICIA 600 MILLONES 

El Ministerio de Empleo dejó sin gastar en 2016 un total de 600 millones de euros que tenía presupuestados para invertir en formación para ocupados y parados. Lo ha denunciado CCOO tras examinar la Liquidación del Presupuesto del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) que acaba de publicarse. De los 2.214 millones destinados a formación en el empleo, el SEPE ha sido incapaz de gastar el 27%. Por ejemplo, sólo ha aprovechado nueve de los 120 millones de euros destinados al Sistema de Garantía Juvenil. De los 235 millones previstos para formar a ocupados, únicamente ha gastado 30 millones. Y este año tampoco va mucho mejor: hasta ahora sólo ha empleado seis de los 212 millones presupuestados, destaca el sindicato.

Es una situación que se repite año tras año y que es preocupante no sólo porque revela un problema de gestión, sino también porque la falta de formación es una de las mayores taras del mercado de trabajo español. Hasta el punto de que España se encuentra entre los últimos países del mundo –en el puesto 101 de un total de 130– en “aplicación y acumulación de habilidades en el trabajo”, uno de los indicadores utilizados por el Foro Económico Mundial para evaluar el nivel de aprovechamiento del capital humano. En un informe publicado este mismo mes, España está en el puesto 44 por su utilización del capital humano, por debajo de Portugal, Malta, Rumanía o Croacia. El documento destaca las dificultades de los países del sur de Europa para preparar a sus trabajadores para lo que llama “Cuarta Revolución Industrial”.

En España, sólo el 7,2% de los ocupados trabaja en sectores de contenido tecnológico medio y alto. En un país con un 18% de paro, se trata de un problema añadido es el desajuste de competencias entre la oferta de empleos y los demandantes de trabajo. Según la CEOE, este año se quedarán sin cubrir entre 80.000 y 100.000 vacantes por falta de perfiles adecuados. El Libro Blanco sobre el Sistema de Formación en el Trabajo, elaborado por la patronal, cifra entre un 30% y un 35% la participación de los trabajadores españoles en cursos de formación profesional, mientras que en los países más competitivos de Europa se forman del 55% al 82% de los ocupados.

  7. ¿QUIÉN RECUERDA A LOS VIGILANTES DE EULEN?

El Ministerio de Fomento consiguió aplacar las protestas de los vigilantes del aeropuerto de El Prat las protestas de los vigilantes del aeropuerto de El Pratcreando un grupo de trabajo donde debe negociarse la mejora de las condiciones de trabajo en el sector de la seguridad privada. La primera reunión se celebró el 11 de septiembre. Sobre la mesa, uno de los asuntos capitales se refiere a los contratos públicos. Tanto la patronal del sector como los sindicatos piden que los concursos de las administraciones exijan a las empresas participantes el respeto a las condiciones salariales del convenio estatal. Y de esa forma se impida que firmas con sus propios convenios de empresa y salarios mínimos consigan los contratos presentando ofertas a la baja.

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Es lo que ocurre, por ejemplo, con los más de 500 trabajadores de Marsegur, que vigilan las instalaciones del Ministerio de Defensa en toda España con sueldos de 700 euros al mes. Los próximos lunes y martes están convocados a la huelga por UGT, CCOO y USO. Pese a cobrar 16 millones de euros por el macrocontrato, las numerosas irregularidades cometidas por la empresa en los escasos seis meses que lleva prestando el servicio se han traducido en 170 actas de infracción levantadas por Defensa. Hay vigilantes sin armas que, además, cobran siempre con retraso.

Pues bien, sólo una semana después de que el grupo de trabajo comenzara a negociar, el PP presentó en el Senado dos enmiendas a la Ley de Contratos del Sector Público que ha aprobado gracias a su mayoría absoluta. Según el nuevo texto, el adjudicatario de un contrato público no tendrá que cumplir el convenio sectorial –ésa era la redacción original del proyecto de ley–, sino cualquier “convenio colectivo que sea de aplicación”, es decir, el de empresa, si lo tiene, con condiciones inferiores.

Aunque la tramitación del proyecto de ley continuará ahora en el Congreso, al grupo de trabajo, y a los miles de trabajadores precarizados de la seguridad privada, le han colado un gol mientras negociaban una garantía para sus condiciones laborales.