UGT y CCOO hacen malabares con el referéndum

Cuando Pepe Álvarez le disputaba a Miguel Ángel Cilleros la Secretaría General de UGT, las declaraciones del primero, máximo responsable del sindicato en Cataluña durante 26 años, a favor del derecho a decidir agriaron una sucesión, la de Cándido Méndez, que se presumía pacífica. Una cuestión política amenazaba con eclipsar el debate fundamental sobre el declive de credibilidad y afiliación sufrido por los sindicatos durante la crisis. Los contrincantes de Álvarez le reprochaban su cercanía a miembros de CiU y ERC, y que estuviera “jugando con la cohesión social del país”. “Si alguien cree que el problema de Cataluña, o de otras comunidades autónomas, se resuelve con medidas de fuerza, conmigo que no cuente”, respondió entonces el dirigente ugetista. Tras la victoria, Álvarez aseguró que su elección demostraba que en su sindicato “la catalanofobia no funciona”.

Año y medio después, UGT la lidera un catalán –aunque nacido en Asturias– y CCOO, Unai Sordo, quien sólo por ser vasco tampoco ha podido sustraerse del debate territorial y que se ha declarado abiertamente federalista en su blog.

Obviamente, los sindicatos no han podido eludir la discusión que empaña la contienda política alrededor de Cataluña. Mientras que los minoritarios CGT, la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) y la Intersindical-Confederación Sindical Catalana (CSC) han registrado ya preavisos para convocar una huelga general, UGT y CCOO han preferido mantenerse al margen. “El sindicato no se va sumar a procesos de movilizaciones, ni de toma de plazas, no se ha tomado decisiones orgánicas”, avanzó Unai Sordo el día en que la Guardia Civil detuvo a 14 personas, la mayoría de ellos altos cargos de la Generalitat. CCOO, añadió, no va hacer llamamientos sobre el referéndum del 1-O porque no quiere “tutelar” a sus afiliados. “UGT Cataluña se parece a la sociedad catalana, conviven personas con diferentes ideas”, resaltó por su parte Pepe Álvarez, “no queremos herir la sensibilidad de ningún afiliado”. De ahí que el Consell Nacional de la UGT catalana difundiera el pasado día 5 un comunicado donde proponía a sus militantes “decidir libremente” tanto si van a votar el 1 de octubre como el sentido de su voto.

Esa libertad, en cualquier caso, no significa que los sindicatos mayoritarios carezcan de una postura política definida al respecto.

CCOO se declara “comprometido con las competencias de autogobierno de las comunidades autónomas” y reclama la creación de una “ponencia constitucional” para reformar la Constitución y diseñar un “nuevo modelo de articulación jurídico política del Estado donde se reconozca el carácter plural de España y se regulen de nuevo los mecanismos de financiación, garantizando el principio de ordinalidad, que ningún territorio salga perjudicado de su contribución a la solidaridad interterritorial”. Para ello, concluye el sindicato, la mejor fórmula es un Estado federal. Después, la nueva Constitución deberá someterse a referéndum.

El Comité Confederal de CCOO de Catalunya ha ido un poco más lejos. En un manifiesto, recordó el compromiso del sindicato con el “derecho de autodeterminación”, también que el sindicato desarrolla su actividad “en los marcos legales e institucionales que decide democráticamente el pueblo de Cataluña en el ejercicio de su derecho a decidir”. “Hace tiempo que CCOO denuncia el agotamiento del actual modelo territorial y la necesidad de un cambio que, como resultado de un amplio acuerdo político, pueda vehicular el derecho a decidir del pueblo de Cataluña”, apuntaba.

“Agresión desproporcionada”

Referéndum sí, por tanto, pero no unilateral. Camil Ros, secretario general de la UGT catalana desde abril de 2016 y con dos años de militancia en las juventudes e ERC en la década de los 90, rechaza una consulta en esos términos. “[El referédum] Tiene que ser de todos”, aseguró en una entrevista de Europa Press, para evitar que se repita lo ocurrido con el fallido intento del 9-N, que terminó con la condena por prevaricación y desobediencia del expresidente Artur Mas y otros tres altos cargos de la Generalitat. Montse Ros, portavoz de CCOO de Catalunya, explica a infoLibre que el sindicato “no ha hecho ninguna posición de defensa de este referéndum”. “Tenemos un consenso muy grande en torno a un referéndum acordado, lo que pudo ser en su momento el Pacto Nacional por el Referéndum”, detalla, “que el Gobierno catalán abandonó en su momento con muy poca altura de miras”. “Me preocupa más en un referéndum que quien pierda reconozca el resultado que lo reconozca Bruselas”, apunta. Este periódico se ha dirigido también a UGT de Catalunya, pero ha rehusado ofrecer su punto de vista sobre los últimos acontecimientos en Cataluña.

Al mismo tiempo, ambos sindicatos han pedido una “respuesta unitaria y consensuada” de la sociedad civil y de las instituciones catalanas frente a la “agresión desproporcionada por parte de los instrumentos del Estado en manos del PP”, en palabras del secretario general de CCOO de Cataluña, Javier Pacheco. Y Camil Ros ha calificado de “155 encubierto” las detenciones de altos cargos de la Generalitat el pasado día 20, en referencia al artículo de la Constitución que faculta al Gobierno para suspender la autonomía. CCOO no ha dudado en condenar las actuaciones judiciales de la última semana, que a su juicio conducen a “un enfrentamiento político y social indeseado”. También advierte de que se han “violado los derechos de manifestación, reunión, información y el secreto de las comunicaciones”.

Este miércoles los dos sindicatos presentarán con la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium, las universidades, el Consell Nacional de Joventut y otras organizaciones la Mesa por la Democracia, una “plataforma social estable” en la que “no se hable de independencia sí, independencia no, referéndum sí, referéndum no, sino de democracia y de defender los derechos en Cataluña, sea quien sea quien intente moverse en otra dirección”, explica Montse Ros. La idea es que la integren hasta una treintena de entidades, incluida la patronal Pimec. Por el momento la componen también la Confederación de Asociaciones Vecinales, la federación de asociaciones de padres de alumnos, LaFede.cat-Organitzacions per la Justícia Global, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya y la Unió de Pagesos.

Mientras, los líderes nacionales de ambos sindicatos llevan días pidiendo “diálogo” y “negociación” para frenar la escalada de tensiones.

Afiliación polarizada

Y es que UGT y CCOO se encuentran ante más de dos millones de afiliados con visiones muy distintas. Incluso dentro de las federaciones catalanas de cada sindicato –unos 300.000 militantes entre las dos organizaciones–, la visión está lejos de ser monolítica. “Cuando llegue el 2 de octubre, UGT seguirá haciendo su trabajo, en una única organización, no queremos que se fragmente”, aseguró Pepe Álvarez en Sevilla este mismo lunes.

El pasado mes de marzo, CCOO de Cataluña publicó una encuesta interna a unos 9.000 miembros del sindicato, que muestra una afiliación muy polarizada. El 42,8% se declaraba a favor de un Estado federal y un 40,3%, a favor de la independencia. Sólo el 13,3% quiere mantener como está la comunidad autónoma y un 3,7% desea que Cataluña tenga menos competencias. Se sienten sólo catalanes el 28,5% de los encuestados, mientras que el 38,8% dicen percibirse como catalanes tanto como españoles. El 25,1% se sienten más catalanes que españoles.

Por lo que se refiere a sus afinidades políticas, el 24,8% se identifica con ERC, el 23,8% con Podemos y el 19,8% con ICV. Con el PSC, sólo el 8,9%. Y con la CUP, apenas del 6,4%. La encuesta se realizó también en 1998 y en 2008. Lo significativo es que ese primer año únicamente el 5% de los militantes se identificaba con ERC, para llegar al 8,8% una década más tarde y triplicarse este año. Por el contrario, el PSC era el partido del 18,3% de los afiliados a CCOO en 1998 y nada menos que del 31,5% en 2008. Desde entonces sus apoyos en el sindicato se han dividido por tres.

“Estamos tan divididos como la sociedad catalana”, reconoce Montse Ros, que no obstante descarta el riesgo de fractura interna o de falta de sintonía con el sindicato en el resto de España. Dice que desde la votación en el Parlament de las leyes de desconexión y del referéndum, hace tres semanas, sólo se han dado de baja unos 30 afiliados. La portavoz de CCOO de Catalunya recuerda a Cipriano García, fundador del sindicato, quien advirtió en su día contra el peligro de “romper la clase obrera por un problema nacional”. Por eso el sindicato no apoya la convocatoria de una huelga general catalana: “No hay que dar más problemas al mundo laboral de los que ya tiene”, opone Montse Ros, “no me veo promoviendo en cada comité de empresa una discusión sobre referéndum sí o no, o sobre qué hay que votar”.

La portavoz rechaza que su postura sea equidistante. “Tenemos un compromiso con el referéndum acordado y con el autogobierno catalán, no somos espectadores, aunque no seamos los protagonistas, somos activos”.

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Pero, además de cuidar unas bases con visiones contrapuestas del problema catalán, los sindicatos han tenido que ejercer como tales para proteger a los trabajadores públicos frente a los riesgos de participar en un referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional. “Los funcionarios no pueden ser rehenes ni de un gobierno ni de otro”, advirtió Pepe Álvarez, “tienen que cumplir y hacer cumplir la ley”. Por eso exigieron al Gobierno catalán garantías de que serán los políticos quieren asumirán las responsabilidades derivadas de la preparación, organización y ejecución del referéndum, y los empleados públicos de todas las administraciones quedarán eximidos. Así, CCOO y UGT han pedido a la Generalitat que todas las órdenes se den por escrito y a los funcionarios, que comuniquen de igual forma “cualquier directriz o requerimiento” que se les haga desde cualquier institución. También el sindicato CSI-F ha pedido a los funcionarios que reclamen por escrito cualquier orden que consideren ilegal, e incluso que las denuncien “ante el organismo administrativo competente y la Fiscalía”.

El problema es que esas garantías se han vuelto “insuficientes”, indica Ros, después de que el delegado del Gobierno en Cataluña avisara a los directores de los colegios de que abrirlos como colegios electorales el 1 de octubre es ilegal y puede tener “responsabilidades penales”. La Fiscalía ha ordenado a los Mossos identificar a los directores, tras advertirles de que pueden ser cómplices de los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación si entregan las llaves de los centros a la Generalitat. “Estamos muy preocupados”, admite la portavoz de CCOO. Los sindicatos volvieron a reunirse en la tarde del martes con responsables del Gobierno catalán para reclamarle medidas. “Los directores de colegios están reconocidos como autoridad pública, por lo que aumenta su grado de responsabilidad”, advierte. 

Como el TC ha suspendido la ley que regula los derechos de los miembros de las mesas electorales y de los ciudadanos que quieran votar, si unos y otros tienen que ausentarse del trabajo para participar en el 1-O, UGT recomienda que lo negocien con la empresa y lo pacten por escrito. Para ello, ofrecen hacerlo a través de los comités de empresa o los delegados de personal.