Cataluña ante el 1-O
El Ejecutivo asume que el 1-O aleja al PNV y teme que la relación no se pueda "encauzar"
El equipo de Mariano Rajoy confiaba en que, habiéndose aprobado los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 a mitad de año, iba a ser más fácil aprobar los siguientes en tiempo y forma. Es decir, que el proyecto fuese remitido al Congreso antes del 30 de septiembre. La explicación era que muchos de los compromisos alcanzados para lo que restaba de 2017 implicaban una continuidad en 2018. Pero la situación en Cataluña se ha llevado por delante estos planes y los cálculos más optimistas fijan esta aprobación el próximo enero. Si los conservadores quieren reeditar el mismo equilibrio de fuerzas –PP, Ciudadanos, PNV, CC y Nueva Canarias– han de esperar a que el PNV (5 escaños) decida sentarse a hablar sobre las cuentas públicas. Unas conversaciones que no se han iniciado al entender los nacionalistas vascos que la prioridad ahora es resolver la situación en Cataluña.
En el PP destacan que el PNV se ha comportado hasta la fecha como un "socio fiable". Pero admiten que el proceso que ha llevado al 1-O y el cómo se digiera ese proceso a partir del 2-O complican de forma importante la aprobación de las cuentas públicas hasta el punto de que un destacado número de dirigentes teme que la relación no se pueda "encauzar". De darse este escenario, Mariano Rajoy tendría que buscar otros socios en el arco parlamentario, algo más factible en el terreno del discurso político para construir un relato de mano tendida que en el práctico porque nadie se imagina al PSOE dando su brazo a torcer.
En todo caso, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al mismo tiempo que confirmaba que los Presupuestos no irían al Consejo de Ministros de este viernes, hacía un llamamiento al resto de fuerzas quitando el foco del PNV. "Invitamos al PSOE y a Podemos, y a todos más o menos fuertes, con más probabilidad, para que habiliten el que haya nuevos Presupuestos Generales del Estado".
Para el titular de Hacienda es "importante" que estas cuentas vean la luz, porque, insistió, contienen ofertas de empleo público y subidas salariales. "Habrá Presupuestos con certeza", dijo. Además, precisó que la decisión tomada este martes no implica por sí misma una prórroga de las cuentas de 2017. "Cabe perfectamente una tramitación que haga que el nuevo proyecto de PGE de 2018 entre en vigor incluso en enero de 2018", sostuvo.
¿Sin necesidad de prórroga?
Horas antes, fuentes del Grupo Parlamentario Popular preparaban el terreno para la no presentación de las cuentas públicas en el Consejo de Ministros apuntando a los mismos argumentos del ministro. Si los Presupuestos llegan al Congreso de los Diputados "muy trabajados y acordados" y, teniendo en cuenta la mayoría absoluta del PP en el Senado, los plazos podrían agilizarse hasta el punto no tener que prorrogarse los de 2017, esgrimían. Todo ello, destacaban, sin dejar de cumplir los compromisos con Bruselas.
Si con las de 2017 aprobadas, los conservadores se aseguraron media legislatura, las de 2018 proporcionarían más oxígeno al Gobierno alejando algo más el fantasma de un adelanto electoral en una situación muy complicada por el desafío soberanista. Este martes, desde Washington, en una rueda de prensa conjunta con Donald Trump, Mariano Rajoy dijo que no estaba en su "horizonte" adelantar elecciones. "Creo que no tendremos ningún problema en aprobarlos en un periodo de tiempo razonable", dijo evitando responder directamente sobre el estado de las relaciones entre su partido y el PNV.
El "desconocimiento" de lo que ocurrirá tras el 1-O
El temor de las fuentes consultadas a la reacción del PNV respecto a los Presupuestos tiene que ver con el "desconocimiento" sobre lo que puede pasar el 1-O y los días posteriores. Y es que, mientras el Gobierno no se mueve del 'no se va a votar', los promotores de la consulta insisten en lo contrario. "No perdamos de vista que el PNV es nacionalista", subraya un diputado del PP que recuerda que el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha acusado al Gobierno de saltarse la legalidad para impedir el 1-O. "Estamos ante una situación inédita que no se soluciona con acuerdos de financiación", añade la misma fuente.
El Gobierno se reserva la aplicación del artículo 155 de la Constitución en el supuesto de una declaración unilateral de independencia. Y Aitor Esteban ya avisó hace unas semanas de que si Rajoy daba una respuesta "exacerbada" a Cataluña, se "complicaría" la negociación de los Presupuestos.
El "miedo escénico" a sentarse con el PP
Fuentes del PNV destacan que no ha habido un solo contacto con el Gobierno para estos Presupuestos, que no saben cuándo podrán reactivarse las conversaciones y que lo que está sucediendo en Cataluña es motivo suficiente para no activar los contactos. En el PP coinciden en que no ha habido ningún tipo de encuentro: "Esperan a ver cómo se soluciona lo de Cataluña. Ahora hay miedo escénico a sentarse con el PP o con el Gobierno. Pero no hay que tirar la toalla, el Gobierno vasco siempre tiene mucho interés en negociar los Presupuestos", añade un veterano parlamentario.
Para entender la reacción del PNV, señalan los conservadores, hay que meter en la coctelera que Bildu, segunda fuerza en el Parlamento Vasco, está haciendo un discurso "muy contundente" en apoyo del 1-O. "Esto deja al PNV en una situación incómoda, de nerviosismo y bloqueo", mantienen.
En los Presupuestos de 2017, el PP Vasco, en manos de Alfonso Alonso, hombre de la máxima confianza de la vicepresidenta del Gobierno, ayudó a engrasar el acuerdo con el PNV. Este martes, el exministro de Sanidad evitó incrementar la presión sobre los nacionalistas al mostrar su confianza en que, aunque no se "hable esta semana" de presupuestos con el PNV, al final "se imponga la sensatez".
Sólo un día antes, el PP del Ayuntamiento de Vitoria pactó con el alcalde Gorka Urtaran (PNV) las ordenanzas fiscales para 2018 con una bajada de impuestos.
La lista de las transferencias
El Gobierno ve a Puigdemont y Junqueras "descalificados democráticamente"
Ver más
La semana pasada, el Gobierno vasco anunció el envió a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, del listado de transferencias que reclama al Gobierno. En ese listado no iban a faltar, señalaron desde el Gobierno autonómico, la gestión económica de la Seguridad Social y la de las prisiones.
En el acuerdo firmado el pasado mayo entre Rajoy y el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, por el que el Grupo Vasco acabó apoyando los Presupuestos, se incluyó una rebaja en el cupo –lo que Euskadi paga al Estado por prestaciones que realiza este en su territorio– de 500 millones de euros y un acuerdo en materia de infraestructuras –3.380 millones para la alta velocidad– que situaba la puesta en funcionamiento de la "Y" ferroviaria vasca en 2023.
Junto a la rebaja, el Gobierno accedió a devolver al País Vasco 1.400 millones de los 1.600 que reclamaba por las liquidaciones pendientes desde el año 2007 hasta 2016. Un pago a realizar en los próximos 5 ejercicios. El impacto que el acuerdo en conjunto, sin contar las inversiones ferroviarias, podría tener en las cuentas de 2017 es cercano a los 4.000 millones.