La guerra de Maza: tres semanas de ofensiva fiscal contra el referéndum

José Manuel Maza cree que tiene una misión. Un día antes de que el Parlament aprobase la ley del referéndum que desencadenó el conflicto institucional entre Cataluña y España, el fiscal general del Estado fue muy claro al respecto. Su departamento, advirtió en la ceremonia de apertura del año judicial, se iba a encargar de “desplegar una defensa activa de la España constitucional” y estaría “en la vanguardia” de su defensa “en todos los frentes”.

Su lenguaje militar ya anticipaba lo que vendría después. A la hora de preservar “la patria común e indivisible de todos los españoles”, enfatizó ante el rey Felipe de Borbón y las máximas autoridades judiciales, “no cabe vacilación de clase alguna”.

Dicho y hecho. El único fiscal de la historia de España reprobado por el Congreso (la Cámara alta condenó su actuación en favor de los intereses del PP en casos de corrupción) se situó inmediatamente en primera fila de la ofensiva del Estado para frenar el referéndum catalán. El día 7 de septiembre, apenas unas horas después de la aprobación en el Parlament de la ley que puso en marcha la maquinaria del 1-O, compareció en rueda de prensa para anunciar que había ordenado a las fiscalías catalanas que, con ayuda de los cuerpos de seguridad, investigasen cualquier actividad relacionada con el referéndum en Cataluña, antes incluso de que se produjeran, por ser constitutivas “al menos” de los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación.

Maza anunció igualmente que había dado instrucciones para que la policía judicial interviniese “los efectos o instrumentos destinados a preparar o celebrar el referéndum ilegal”, así como la presentación de sendas querellas contra el Govern y contra los miembros de la Mesa del Parlament de Cataluña que permitieron la tramitación de la ley del referéndum. Las órdenes del fiscal se dirigieron a las fiscalías catalanas y todas las fuerzas de seguridad: debían prepararse para elaborar atestados e intervenir los efectos del delito “ante cualquier actuación de autoridades, funcionarios públicos o de particulares, en connivencia con los anteriores, dirigida a la organización del referéndum”.

Sus órdenes tuvieron efecto inmediato. Comenzaron los registros a imprentas y medios de comunicación en busca de papeletas y documentación electoral. Se cursaron peticiones para cerrar webs relacionadas con el referéndum e imponer fianzas al president Carles Puigdemont y a los demás miembros del Govern.

Fiel a su vocación de “vanguardia” frente al 1-O, seis días después el fiscal general elevó la apuesta y ordenó a los fiscales provinciales citar como imputados a los 712 alcaldes dispuestos a cooperar con el referéndum. Y, por si había alguna duda, dejó claro que si alguno no se presentaba, debía ser detenido por agentes del los Mossos d’Esquadra. Ese mismo día las fiscalías provinciales de Cataluña ordenan también a las policías locales que se sumen a la búsqueda de urnas, sobres y papeletas.

Su actuación, para entonces, ya había empezado a levantar suspicacias. En una parte de la judicatura, que no veía con buenos ojos el entusiasmo y el exceso de celo de la Fiscalía, sobre todo cuando el asunto ya estaba en manos de los jueces, y en las filas de los partidos de la oposición más críticos con la respuesta del Estado al desafío institucional catalán. Incluso entre el PSOE, donde preocupan las consecuencias de una escalada que agrave el enfrentamiento civil en Cataluña. PDeCat, ERC, Unidos Podemos, Compromís, el PNV y Bildu pidieron inmediatamente que el fiscal diese explicaciones en el Congreso.

Los alcaldes afectados reaccionaron este jueves presentando a través de dos organizaciones catalanas de municipios (AMI y ACM) una querella contra Maza ante el Tribunal Supremo por “coacción y amenazas”. El fiscal, aseguran, “se está extralimitando en sus competencias y ha intentado atemorizar a los alcaldes”.

Hasta donde haga falta

El fiscal general ha dejado claro en todo momento su disposición a llevar la guerra contra el 1-O tan lejos como creyera necesario. No sólo con medidas judiciales; también con declaraciones a los medios de comunicación. Primero en la cadena COPE, propiedad de la Iglesia católica. Ante sus micrófonos amenazó el viernes 15 de septiembre con actuar también contra los ciudadanos de a pie dispuestos a aceptar la orden de la Generalitat de ser vocales o presidentes de mesa el 1 de octubre. “Habría que estudiarlo”, improvisó, “pero se puede hablar de cooperación esencial para un acto ilegal y se estaría incurriendo en responsabilidad”. Maza tiene pocas dudas sobre los catalanes que defienden la independencia: “Están como abducidos”.

El domingo 24 de septiembre, esta vez en las páginas del diario El Mundo, el fiscal sacaba pecho en una entrevista en las que le preguntaban por su protagonismo contra el 1-O. Lo “aceptamos porque es nuestra obligación”, respondía orgulloso. “La Fiscalía tiene que dar la voz de alerta” y dar instrucciones a las fuerzas de seguridad para “impedir que los delitos se lleven a cabo”, defendía antes de reconocer que sus decisiones sólo son una pieza más en el marco “de una estrategia general que es impedir el referéndum”.

En su afán por oponerse al 1-O, Maza reclama para sí el papel de centinela social: “Yo tengo que encargarme de avisar a los ciudadanos para que no cometan delitos inconscientemente, subyugados o abducidos” por quienes les dicen “que todo esto es legal”. ¿Su receta para afrontar el problema? Mano dura: “Sería muy conveniente una pena más severa” para proteger el Estado de Derecho, sostiene en la misma entrevista.

Cinco días después, el viernes 22 de septiembre, la Fiscalía amplió su radio de acción para intentar atacar las concentraciones en la calle en defensa del referéndum y en contra de las detenciones ordenadas por un juzgado de Barcelona contra algunos de los responsables de la organización del 1-O. Y lo hizo denunciando por sedición ante la Audiencia Nacional a los presidentes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, las dos entidades independentistas que más se han movilizado en favor del 1-O, a las que responsabiliza de la presencia de decenas de miles de personas frente a edificios judiciales. Al día siguiente, en una nueva vuelta de tuerca, la Fiscalía ordenó a Interior asumir el mando de los Mossos, con el argumento de que no estaban siendo todo lo diligentes que sería de desear para actuar contra los preparativos del referéndum.

Este lunes, con la posibilidad de una declaración unilateral de independencia en las portadas de casi todos los medios, el fiscal general no dudó en ir un poco más lejos y especular con detener al jefe del Govern, esta vez ante los micrófonos de Onda Cero. Maza se mostró convencido de que el president Carles Puigdemont está incurriendo en delitos de prevaricación, desobediencia y malversación y, por consiguiente, se dan los requisitos para pedir su detención. “De momento” no se ha considerado “oportuno”, precisó, aunque “esa es una decisión que siempre queda ahí abierta”, añadió a modo de advertencia. Hasta el ministro de Justicia, Rafael Catalá, con el que habitualmente mantiene una sólida unidad de criterio, tuvo que salir a desautorizarle.

Directo | El Govern se querella contra Maza por actuar "al margen de la ley" en el 1-O

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Las movilizaciones ciudadanas, explicó Maza, suponen añadir medios “por lo menos tumultuarios” al intento de separar de España una parte de su territorio, lo que a su juicio apunta a un delito de sedición que puede convertirse en delito de rebelión si acaba incorporando el uso de la violencia.

Este lunes la Fiscalía ordenó intervenir urnas en los centros donde se custodian las que normalmente se usan en elecciones. Y al día siguiente dio un paso más: por orden suya, los Mossos identificaron a los responsables de los locales que habitualmente actúan como colegios electorales. Ese mismo día, el Sindic de Greuges (el Defensor del pueblo catalán), abría un procedimiento contra la Fiscalía por hablar de “actuaciones para impedir el referéndum ilegal” sin precisar qué tipo de delitos se deben investigar y perseguir. Un planteamiento tan vago que abre la puerta a limitar derechos como el de expresión y manifestación.

En plena escalada de tensión, y a menos de cuatro días del 1 de octubre, la guerra de Maza, al menos la que él había decidido protagonizar en primera fila desde el 7 de septiembre, acabó este miércoles con un auto de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Mercedes Armas, que le ordenó lisa y llanamente cesar en sus “diligencias, actuaciones e instrucciones” sobre el referéndum. Ella es, desde entonces, quien toma las decisiones judiciales en relación con el referéndum.