El juez que investiga si Iberdrola infló la factura de la luz se da otros 18 meses

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha declarado compleja la causa en la que se investiga si la compañía Iberdrola cometió un delito relativo al mercado al presuntamente alzar de manera artificial el precio de la energía y por tanto prorroga la instrucción durante 18 meses más, según informan fuentes jurídicas a Europa Press.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional adopta esta decisión y prolonga la investigación hasta octubre de 2018 atendiendo así la petición de la Fiscalía que en mayo denunció ante este órgano a la eléctrica por un delito presuntamente cometido por los directivos o empleados de la empresa.

La denuncia, presentada por el fiscal Anticorrupción Antonio Romeral, expone que la compañía adoptó decisiones que llevaron al "alza artificial del precio de la energía eléctrica en el período transcurrido entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013" y le acusa de obtener "un lucro ilícito de 20 millones" en el mercado mayorista de electricidad en diciembre de 2013.

Fue precisamente en diciembre de 2013 cuando el Gobierno se vio obligado a suspender el sistema de fijación de precios trimestral de la Tarifa de Último Recurso (TUR) y crear el actual Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC).

Según el Ministerio Fiscal el delito que se investiga aparece tipificado en el artículo 281 del Código Penal y se refiere a actuaciones contra el mercado y los consumidores. Este artículo contempla penas de prisión de uno a cinco años y multas de doce a veinticuatro meses para "el que detrajere del mercado materias primas o productos de primera necesidad con la intención de desabastecer un sector del mismo, de forzar una alteración de precios o de perjudicar gravemente a los consumidores".

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Aumento del precio de la energía

Anticorrupción expuso en su denuncia que Iberdrola, "con la finalidad de lucrarse ilícitamente", ideó y puso en funcionamiento un sistema para incrementar el precio de la energía que vendía, más allá del que debiera resultar de la libre concurrencia de la oferta y la demanda".

Añade que la empresa aumentó "sin causa legítima que lo justificara", el precio de las ofertas de electricidad correspondiente a las centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo a un nivel por encima del mercado que "impedía casar las operaciones".